Para el Derecho Internacional, el Estatuto de Beligerancia implica el cumplimiento de deberes y obligaciones.

AFP

 

El DIH dio lugar a la adopción de Protocolos relativos a la protección de las víctimas en conflictos armados.

AFP

 

El Estatuto de beligerancia

Frente a la propuesta del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de sacar de la lista de terroristas a las Farc y otorgarles el estatus de Beligerancia, el experto internacionalista Antonio José Rengifo y el penalista Humberto Vergara Portela explican qué es, qué condiciones y qué obligaciones exige el Estatuto de Beligerancia, bajo la lupa del derecho internacional.

Antonio José Rengifo L, PhD Humberto Vergara Portela
Profesores Departamento de Derecho, Observatorio de Cortes y Tribunales Internacionales, Universidad Nacional

La beligerancia es la condición de adelantar una guerra de conformidad con el derecho de las naciones. Una de las primeras manifestaciones de la beligerancia se produce en la Guerra Civil de los Estados Unidos de América, cuando Francia y Gran Bretaña, en 1861, reconocen tal condición a los Estados del sur de la confederación, considerados como rebeldes por los Estados del norte.
Posteriormente, la Convención de la Haya de 1899 sobre leyes y costumbres de la guerra en tierra, en su Anexo I, sobre beligerantes, establece que las leyes, derechos y obligaciones de la guerra aplican no solo a los ejércitos regulares, sino también a las milicias que reúnan las siguientes condiciones: estar subordinados bajo el comando de una persona responsable, tener un emblema distintivo reconocible a distancia, portar armas abiertamente y conducir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra.
La propuesta reciente del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en materia de beligerancia invita a una reflexión sobre esa figura jurídica. Dicha reflexión nos lleva a corroborar el carácter internacional del conflicto colombiano y, por ende, a poner en evidencia la necesidad de considerar, hacia futuro, los mecanismos del derecho internacional que podrían ser aplicables al caso colombiano.

Antecedentes recientes

No pudiendo poner fin a la guerra entre Estados y en las sociedades humanas, el derecho internacional ha desarrollado notables esfuerzos por suministrar un marco de obligaciones y deberes en la conducción de las hostilidades, usos y costumbres de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, esos esfuerzos han sido centrados en la protección a los individuos, principalmente a las poblaciones civiles y más vulnerables.

Las Naciones Unidas reconocen como legítima solo la guerra desarrollada por legítima defensa o para garantizar la implementación colectiva de los principios de la Carta que rigen a esa organización. Cualquier otra forma de guerra, incluyendo la guerra civil, es percibida como acto ilegal de agresión que constituye amenaza para la paz internacional, que faculta a la organización para tomar medidas tendientes a poner fin a las hostilidades, como lo demuestran los casos de Cachemira, Corea, Congo y Chipre, entre otros.

Los años 60 y 70 del siglo XX vieron el surgimiento y desarrollo de los movimientos de lucha contra la dominación de potencias coloniales. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 1514 de 1960, reconoció que la subyugación de los pueblos por el dominio y explotación de potencias extranjeras constituye una negación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas e impide la promoción de la paz y la cooperación en el mundo e instó a la cesación de medidas represivas contra los pueblos dominados, para permitirles alcanzar su independencia de manera libre y pacífica.

Habiendo sido utilizado respecto de la independencia de Grecia, en 1830, y de la guerra civil de España, 1936-1939, el reconocimiento de beligerancia entra en desuso, como lo demuestran los casos de Biafra, Camboya, Afganistán y Palestina.
En el caso de Argelia, los rebeldes en lucha contra el dominio colonial francés constituyen, en 1958, el Gobierno Provisional de la República de Argelia, GPRA. Un año después, en la Conferencia de Monrovia toma parte el GPRA, gobierno reconocido ya por varios países africanos, y en la conferencia se iza la bandera de Argelia, al lado de las de los demás países independientes participantes. En 1962 se celebran los Acuerdos de Evian y Argelia alcanza su independencia.
Conferencias internacionales posteriores consolidaron la aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 en situaciones de lucha contra la dominación colonial, como la Conferencia Diplomática para la reafirmación y el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario (Ginebra, 1974-1977), que dio lugar a la adopción de los Protocolos adicionales a los Convenios de 1949, relativos a la protección de las víctimas en conflictos armados internacionales y no internacionales.

Intensidad

En una escala ascendente de intensidad en el conflicto generado por un desafío a la autoridad de un Estado, el derecho internacional distingue tres categorías, a saber: rebelión, insurgencia y beligerancia.
La rebelión está circunscrita al territorio del Estado, comprende actos esporádicos y aislados de desafío a las autoridades en cualquier parte de ese territorio y no confiere derechos ni deberes a los combatientes frente al derecho internacional, y quedan, por tanto, sometidos a la legislación del país y no pueden ser considerados como criminales de guerra.

En esa escala ascendente, el estatuto de insurgencia aproxima a los comprometidos en ella a un estado próximo del derecho internacional por cuanto, según la situación geográfica del Estado, se pueden afectar intereses marítimos o intercambios comerciales, que obligarían a algún Estado vecino a hacer declaraciones respecto del grupo rebelde, sin que ello constituya una violación al principio de neutralidad. En esta categoría, como en la anterior, los rebeldes están sometidos al derecho del Estado en el que se desarrollan las actividades insurgentes.
Mucho más compleja es la tercera categoría, la beligerancia, cuyo reconocimiento formaliza los derechos y deberes de las partes involucradas en una guerra, lo que lleva implícito el reconocimiento de esa situación de guerra.
El Instituto de Derecho Internacional, Premio Nóbel de Paz, desde comienzos del siglo XX formuló las condiciones que debe reunir un conflicto para que en él pueda reconocerse a una de las partes la condición de beligerante. Esas condiciones son tres: los beligerantes han ocupado una parte del territorio nacional del Estado, los beligerantes han establecido un gobierno regular que ejerce derechos asimilables al ejercicio de soberanía en esa porción de territorio y, por último, los beligerantes conducen las hostilidades con tropas organizadas, sometidas a la disciplina militar y dando cumplimiento a las leyes y costumbres de la guerra.

Terceros países

De interés para este análisis es que el Instituto de Derecho Internacional, en una resolución consolidada a lo largo del siglo XX, conocida como la Resolución sobre la insurrección de Neuchâtel, Bélgica, estableció los derechos y deberes de las potencias extranjeras hacia los gobiernos establecidos y reconocidos, en caso de movimiento insurreccional.

Según esa resolución, una potencia extranjera puede reconocer el estatuto de beligerancia a los combatientes de otro Estado solamente cuando se reúnen las tres condiciones mencionadas, caso en el cual “ese reconocimiento produce todos los efectos ordinarios de la neutralidad”. Quedó “especialmente prohibido” a las potencias extranjeras suministrar a insurgentes y beligerantes armas, municiones, efectos militares o apoyo, lo mismo que permitir en su territorio la organización de expediciones militares hostiles a los gobiernos establecidos y reconocidos.
Existe consenso en que el reconocimiento de beligerancia es justificado frente al derecho internacional solo cuando la insurrección ha alcanzado suficiente fuerza y permanencia, con lo que el grupo beligerante pasa a ser reconocido como sujeto de derecho internacional. De esta forma, los beligerantes adquieren derechos y obligaciones, análogas a las de los Estados, incluyendo los derechos y obligaciones del Derecho Internacional Humanitario, DIH, y la posibilidad de ser tratados como prisioneros de guerra.
Ello no está sugiriendo que los combatientes deban respetar el DIH solo cuando hayan sido reconocidos como beligerantes. La aplicación universal del corpus normativo del DIH se impone desde la etapa de rebelión, tanto frente a la legislación del país, como frente al derecho internacional.

El reconocimiento de beligerancia puede ser acordado por el Estado contra el que se ha levantado la insurrección o por otro Estado. Cuando, en este último caso, es decir, por parte de una potencia extranjera, el reconocimiento se produce de manera demasiado prematura equivale a una intervención indebida, es constitutivo de acto inamistoso y puede generar fricciones internacionales.
Aunque en derecho internacional existe un marco normativo para el reconocimiento de beligerancia, su aplicación reviste muchas complejidades. La primera radica en que una de las partes en el conflicto se ve a sí misma como beligerante, mientras la otra no lo acepta, sin que exista una instancia que decida “si una guerra no es una guerra”, como ha expresado algún autor con cierto grado de ironía.
Otra complejidad consiste en determinar el tránsito de la insurrección a la beligerancia, cuestión conocida como “el umbral”. Para muchos autores, los insurgentes alcanzan ese umbral cuando quedan en situación real e inminente de asumir el control del Estado.

Especificidad colombiana

La estructura del DIH se levanta sobre dos clases de conflictos armados: el internacional y el conflicto armado no internacional o interno. Existe conflicto armado interno cuando se dan tres condiciones: hostilidades abiertas en el territorio de un Estado, esas hostilidades se dan entre fuerzas armadas o grupos armados dotados de un mando responsable con un mínimo de organización y las acciones hostiles presentan un carácter colectivo.
Aunque ha operado por varias décadas, la anterior dicotomía ha perdido vigencia para algunos conflictos armados. Desafiando esa caracterización, algunos conflictos armados internos alcanzan un grado de internacionalización cuando se produce la intervención de uno o más terceros Estados que apoyan al gobierno, a las facciones rebeldes o a los grupos armados.
Hay, pues, algo de razón cuando se sostiene que en Colombia no existe strictu senso un conflicto armado interno. Aquí también se presentan algunas complejidades. La primera consiste en determinar hasta qué punto las normas que rigen el conflicto armado internacional son aplicables a todas las partes involucradas en un conflicto armado interno internacionalizado, como el conflicto colombiano. La segunda consiste en precisar hasta qué grado debe o puede involucrarse un tercer estado, ya que una manifestación o intervención de ese Estado no es suficiente para producir la internacionalización de un conflicto armado interno.
Aunque referida a una figura jurídica en desuso, la propuesta del Presidente Chávez de Venezuela, imprecisa de por sí, pues solo invitó al reconocimiento de beligerancia, pero no hizo manifestación de ese reconocimiento en nombre de su gobierno, parece haber generado un consenso internacional de rechazo, o por lo menos de improcedencia.

Sin embargo, esa propuesta por parte de un jefe de Estado extranjero es un paso más en el proceso de internacionalización del conflicto armado interno colombiano, iniciado desde hace ya varios años.
Para el derecho internacional es apenas obvio que, en general, los Estados enfrentados a un movimiento insurreccional sean renuentes a otorgar el estatuto de beligerancia y celosos en la exigencia del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento, por cuanto se trata de la aceptación jurídica de la existencia de una guerra y de hostilidades entre dos grupos que se disputan el control y la autoridad del Estado. Por las mismas razones, las cancillerías de terceros países son igualmente cautelosas en el otorgamiento del estatuto de beligerancia.
La propuesta reciente para aplicación de ese mecanismo ha mostrado la pertinencia del derecho internacional para el caso colombiano. Aunque las soluciones a la situación en Colombia deben ser políticas, es claro que ese derecho internacional, desconocido a veces y mal comprendido las más de las veces, puede suministrar todavía algunas claves para encuadrar las negociaciones sobre el conflicto colombiano internacionalizado y también la diplomacia y los buenos oficios de otros Estados. Esta sería una forma eficaz para Colombia de mantener su soberanía.

Visitar

Visitar

Videoespecial

 

Publicación de la Unidad de Medios de Comunicación -Unimedios- de la Universidad Nacional de Colombia.

PBX.: (1) 316 5000 ext. 18108 - 18106 Fax: (1) 316 5232 • Correo electrónico: un_periodico@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia
Carrera 45 N° 26-85 - Edificio Uriel Gutiérrez
Bogotá D.C. - Colombia
Gobierno en LíneaAgencia de Noticias UN
PBX: 3165000
webmaster@unal.edu.co

Aviso Legal - Copyright