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UNP No.59
Título : El debate sobre la reelección
Autor : Eduardo Posada Carbó
Sección: Ensayo
Fecha : Junio 20 de 2004

La voluntad popular puede ser un artificio manipulado por los políticos de oficio.

El debate sobre la reelección

Frente a la reforma constitucional referente a la reelección presidencial, su discusión mal podría limitarse a conjeturas politiqueras. La aprobación del proyecto en primera vuelta sería, precisamente, la oportunidad para revisar en forma serena el estado del debate. El historiador Eduardo Posada Carbó invita a reflexiones que no se quedan en el nombre del mandatario sino que se adelantan a lo que significaría para el futuro del país la decisión.

Eduardo Posada Carbó*

En su obra clásica sobre la democracia en América, Alexis de Tocqueville reconoció que la norma de no restringir la reelección del presidente en Estados Unidos estaba respaldada con válidos argumentos. "Pero si estos argumentos son fuertes, quizá se puedan aducir razones aún más poderosas contra ellos", advirtió paso seguido. Y añadió: "la intriga y la corrupción son los vicios naturales del gobierno electivo; pero cuando el jefe de Estado puede ser reelecto, esos males se elevan en extremo y comprometen la misma existencia del país".

La historia no parecería darle la razón. Desde que se publicara su primer volumen, en 1835, Estados Unidos ha protagonizado una extraordinaria experiencia de dimensiones imperiales. ¿Han perdido valor, sin embargo, las advertencias de Tocqueville en vista de los éxitos norteamericanos? ¿Qué tan relevantes son sus argumentos en el debate que hoy ocupa la atención nacional? ¿Cómo sopesarlos ante el proyecto que permitiría la reelección presidencial en Colombia?

Según Armando Benedetti Jimeno, las razones para instituir la reelección serían "tan válidas como aquellas que se (le) oponen. uno podría suscribir una cosa o la otra". Argumentar sobre el tema no valdría la pena: "El juego es otro sin mayores vínculos con los discursos". Benedetti parece reducirlo todo a un crudo forcejeo: "por ejemplo, saber si el Partido Conservador logra mantenerse unido y obtener así un poder decisorio enorme". Las crónicas de tejemanejes durante el trámite del proyecto indicarían que estaría en lo cierto. Pero entonces todo el proceso contemplado en la Constitución para el acto legislativo no tendría sentido. Estamos además frente a una reforma de enorme significado, cuya discusión mal podría limitarse a conjeturas politiqueras. La aprobación del proyecto en primera vuelta sería, precisamente, la oportunidad para revisar en forma serena el estado del debate.

Instituciones e historia

Un punto de partida obligado es la referencia a Estados Unidos y, por extensión equívoca, a otras democracias parlamentarias. Es un argumento recurrente: "La imposibilidad de reelección inmediata. nos tiene distantes del mundo desarrollado", expresaron los senadores ponentes del proyecto que se hundió el año pasado. El mismo caballo de batalla fue invocado en la reciente ponencia.

La existencia de la institución en el sistema presidencialista más exitoso del mundo merece serias consideraciones. La Constitución norteamericana acogió en sus orígenes la presidencia de cuatro años, renovable sin límites. No obstante, como lo describe John Carey, la práctica impuso la norma informal del máximo de dos períodos presidenciales, desde que Washington rehusara volver a presentar su candidatura en 1796. Así se mantuvo hasta cuando Roosevelt fue reelegido en 1940 y nuevamente en 1944. Esta prolongación en el poder provocó reacciones: en 1951 se prohibió que los presidentes aspirasen a un tercer mandato.

Obsérvese que, desde el comienzo, se favoreció un uso limitado del principio reelectoral. No es muy claro que la tradición presidencialista en Estados Unidos se identifique con la experiencia de los dos períodos consecutivos. Ni que a los presidentes repitentes les haya ido siempre bien. Mucho menos que la institución haya sido condición determinante del progreso norteamericano. La posibilidad de la reelección ofrece en teoría muchas ventajas, expuestas en forma magistral por Alexander Hamilton en The Federalist . Sin embargo, lo que caracteriza la evolución constitucional de Estados Unidos es ese sistema complejo de limitaciones al poder que han impedido su personalización, a pesar de la reelección presidencial.

Cualesquiera hayan sido sus bondades, estas deben apreciarse dentro de las circunstancias que hicieron posible, en Estados Unidos, su propio desarrollo constitucional. Así como allí aprendieron a vivir con la reelección consecutiva, esta no ha tenido en Latinoamérica una historia afortunada. La excepción en el siglo XIX fue Chile, donde la sucesión de presidentes reelectos entre 1831 y 1871 dio lugar a un período notable de prosperidad. El extremo opuesto fue México, con las repetidas reelecciones de Porfirio Díaz, que provocaron la revolución.

Sería necio identificar los problemas solo con presidentes repitentes. Pero tampoco sería prudente ignorar la accidentada historia que ha tenido la institución en la América Latina. Una nueva ola reelectoral se abrió paso como tendencia regional en la década de 1990. Mas el movimiento no es uniforme, ni mayoritariamente favorable a la reelección consecutiva. Y entre los que la han adoptado ha vuelto a resurgir el viejo lastre del poder personalizado, cuya manifestación más dramática es el presidente Chávez.

Colombia logró desarrollar una tradición constitucional libre del caudillismo latinoamericano, en medio de amargas dificultades. Desde la Constitución de 1832, prevaleció aquí el principio de no reelegir al presidente hasta pasado un período de por medio. Incluso la Constitución de 1886 mantuvo ese espíritu cauteloso y restrictivo al prohibir la reelección de quien "hubiere ejercido la presidencia dentro de los diez y ocho meses inmediatamente precedentes a la nueva elección".

Tras haber aventurado con mandatos de dos y seis años, y superado las ambiciones porfiristas del general Reyes, en 1910, el país acogió la fórmula de períodos presidenciales de cuatro años, con posibilidad de reelección, pero solo después de una pausa. Ese arreglo institucional, lejos de ser arbitrario, fue resultado de duras experiencias. Ello quizá explica en buena parte la relativa estabilidad que desde entonces ha gozado el sistema político colombiano. Al prohibir en términos absolutos la reelección, los constituyentes de 1991 abandonaron una sabia tradición, aunque preservaron el ciclo electoral de cuatro años que definió nuestra democracia durante el siglo XX.

De la teoría a la realidad

Un examen más detenido podría servir para apreciar las circunstancias que explicarían por qué la reelección presidencial logró institucionalizarse en Estados Unidos, sin provocar los males que temía Tocqueville, mientras que en Latinoamérica sus palabras siguen teniendo un tono profético.

El razonamiento de Tocqueville partía de reconocer los vicios inherentes al sistema de gobierno representativo, como las intrigas y la corrupción. Estos tendrían un impacto limitado en cabeza de cualquier candidato. Pero si el primer magistrado entraba en la disputa, el gobierno se prestaría para sus propósitos: el Estado, con su influencia, estaría ocupado en menesteres electorales. Las preocupaciones gubernamentales perderían prioridad, mientras la tarea del presidente se fijaría en su reelección. Tocqueville reafirmó la necesidad de los límites del poder, incluido el de la soberanía popular: al ser reelegible, el presidente se convertía en un "instrumento fácil. de las mayorías".

No creo en las intenciones casi diabólicas que muchos de los opositores del gobierno le atribuyen a la propuesta reelectoral. No me parece que nos estemos "fujimorizando". Estas y otras alusiones a sus fines dictatoriales las encuentro desatinadas y poco conducentes al serio debate que merece la proyectada reforma. Mas las advertencias de Tocqueville no son para echar en saco roto. Los senadores que presentaron ponencia favorable encontraron útiles algunas de sus palabras: al prohibirse la reelección, "se podría llegar al extravagante resultado que un hombre fuera excluido. del gobierno en el momento en que acabara de probar que era capaz gobernar bien". Pero omitieron citar los párrafos siguientes, donde Tocqueville expuso los argumentos que inclinarían la balanza en contra de la reelección.

Sus observaciones no tienen que aceptarse como dogmas. No obstante, contribuyen a cuestionar los argumentos que se aducen en favor de la propuesta reelectoral. Casi todo el razonamiento de la exposición de motivos está fundamentado sobre la noción de la "democracia plena, sin restricciones". Luis Carlos Sáchica, como muchos otros amigos de la iniciativa, suscribe la premisa: cerrarle las puertas a la reelección sería "instaurar una democracia recortada. desconfiar del pueblo". Sí, claro. ¿No está acaso todo el andamiaje de la democracia occidental montado sobre la desconfianza de las mayorías?

Tocqueville no acertó en sus predicciones sobre los efectos que la reelección tendría sobre el porvenir de Estados Unidos. Si sus advertencias aún tienen valor, los éxitos de la experiencia norteamericana sugerirían entonces apreciar muy bien todo el aparato institucional que ha servido allí para mitigar los riesgos de la reelección. Defensores del proyecto, como El Colombiano , reconocen que la "reelección presupone la existencia de una. normatividad que garantice el fortalecimiento. de los órganos de control", así como de otras garantías electorales. Pero la definición de tales presupuestos ha quedado postergada en el proyecto, concebido solo en función de liberar las amarras de la reelección.

La reforma constitucional que permitiría la reelección en Colombia ha sido objeto de negociación con los congresistas.

Todas estas consideraciones sobresalen como el marco general de un debate condicionado por la coyuntura. "La reelección deberíamos. considerarla. independientemente de quien fuera el candidato", ha escrito Gustavo de Roux. "Despersonalizar" el tema, insiste el gobierno. "Lo que aquí se está discutiendo", según la senadora Claudia Blum, "es una reforma de carácter general y no la reelección del presidente". Hubiera sido sano que el debate se hubiese dado ante todo en ese plano. La naturaleza del proyecto y la oportunidad de su presentación lo hicieron imposible. Como lo observó Rocío Vélez de Piedrahita, "con raras excepciones, lo que hoy se entiende por reelección es la reelección del presidente Uribe".

En realidad, todo el sentido del debate gira alrededor del actual mandatario. "Lo que hay que discutir en la actual coyuntura" -ha precisado Jesús Vallejo Mejía-, "es. si se justifica o no la continuidad de la política de seguridad democrática y si. la reelección inmediata del presidente Uribe Vélez es la mejor garantía de esa continuidad". Es además aquí, en el terreno de la coyuntura, donde se encontrarían los argumentos de más peso en favor de la reelección.

Los defensores del proyecto se verían respaldados por las razones esgrimidas por Hamilton: "no existe nación que no haya experimentado. la absoluta necesidad de hombres particulares en situaciones particulares. para la preservación de su existencia política". Sobre todo en tiempos de guerra, cuando sería equivocado experimentar con nuevos gobernantes. Sus argumentos resuenan en la actualidad. El país necesita una política estatal sostenida para derrotar la violencia guerrillera y paramilitar y restablecer el imperio de la ley. El plan de seguridad democrática está dando resultados. El presidente Uribe les ha devuelto a los colombianos confianza en sí mismos, en el gobierno y en el porvenir.

Son precisamente estos logros, y los deseos de consolidarlos, los que han motivado el afán reelectoral. Pero aquí empiezan los reparos. Como la posibilidad de la reelección hoy no es permitida por la Constitución, se exige una reforma que entonces adquiere nombre propio. Una reforma improvisada que va al galope del entusiasmo volátil de las mayorías. En el proceso de aprobación del proyecto, el presidente se ha sometido a un ejercicio de negociación con los congresistas que, si bien es válido, estaría minando su autoridad. La atención del Gobierno está fijada en la reelección por encima de otras prioridades.

La continuidad de las políticas estatales, y hasta sus propios éxitos, podrían verse paradójicamente amenazados. Condicionar su futuro a la dependencia siempre frágil de un individuo en el poder es un error estratégico y político. El liderazgo presidencial debería servir más bien a reforzar el amplio consenso social, entre todos los sectores democráticos, que se requeriría para enfrentar a los enemigos del sistema: garantizar institucionalmente la consolidación de la seguridad democrática, por encima de cualquier voluntad personal. Tal como se ha presentado, el proyecto reelectoral ha provocado suspicacias en la oposición y dividido a quienes en el debate de opinión simpatizan con los programas del Gobierno. Y cuando la presidencia está dando resultados, en vez de centrar la atención nacional en reforzar lo logrado, regresamos a las propuestas de reformas estructurales grandilocuentes, como el parlamentarismo y la reelección.

Un momento para la reflexión

Todas las cábalas indican que el proyecto reelectoral será aprobado en primera vuelta. El Gobierno habrá conquistado por el momento la mayoría de los congresistas y logrado mantener el respaldo de las encuestas, pero el debate sigue abierto. Un debate que, antes que sumar curules, tendría que ganarse con argumentos.

La reforma que se perfila sería una de las más significativas de nuestra historia constitucional, al redefinir los tiempos democráticos, transformar la naturaleza de hacer política y modificar los ritmos del presidencialismo. Por eso buena parte del país se ha tomado tan en serio la discusión, como lo atestiguan los cientos de artículos publicados en la prensa. El libro reciente de Jaime Castro, y el que se anuncia de José Obdulio Gaviria, servirán para animar más el debate que tendría que seguir profundizándose entre la primera y la segunda legislatura. Quizás las mayorías no cambien de parecer, ni en el Congreso ni en la calle. Pero si el proyecto persevera, el proceso exige más ilustración. Y el legislador debería por lo menos responder a las advertencias de Tocqueville.

*Historiador. Docente del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Londres. Uno de sus libros más destacados es el caribe colombiano, una hisroria regional 1870-1950.