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UNP No.60
Título : La globalización: peligros y respuestas
Autor : David Held
Sección: Documento
Fecha : Julio 11 de 2004

La globalización: peligros y respuestas

El neoliberalismo y el unilateralismo liderados por Washington han fracasado en el mundo. Es urgente que superemos este legado. En un brillante y extenso ensayo, David Held presenta una crítica unificada del actual orden global y esboza una alternativa.

David Held*


1. La crisis de la globalización

Hace más de doscientos años, Emanuel Kant escribió que estamos "inevitablemente lado a lado". Desde Kant, nuestra interconexión y vulnerabilidad han aumentado en una forma que él no pudo imaginar. Ya no habitamos, si es que lo hicimos alguna vez, en un mundo de comunidades nacionales separadas. Vivimos, en cambio, en un mundo de lo que prefiero llamar "comunidades de destino superpuesto" donde las trayectorias de todos los países están profundamente enmarañadas entre sí. En nuestro mundo, no es solo la exce

pción violenta la que une a los pueblos a través de las fronteras; la naturaleza misma de la vida diaria -del trabajo, el dinero y las creencias, así como el comercio, las comunicaciones y las finanzas, para no hablar del medio ambiente, nos conecta en múltiples formas y con creciente intensidad.

La palabra para esta historia es "globalización". No se trata de una narración única, lineal, y tampoco es una cuestión de economía. Es tanto cultural como comercial y además es legal: es sobre el poder y también sobre la prosperidad, o la ausencia de ambas cosas. Desde las Naciones Unidas hasta la Unión Europea, desde los cambios en las leyes de la guerra hasta el afianzamiento de los derechos humanos, desde la emergencia de regímenes medioambientales hasta la fundación de la Corte Internacional de Justicia se están desplegando nuevas narrativas políticas que tratan de darle un nuevo marco a la actividad humana y de consolidar leyes, derechos y responsabilidades de alcance mundial y universal en sus principios. Subir

 

Burbujas financieras, seguidas de profundas crisis económicas, ilustran la inestabilidad de los mercados mundiales en la aldea global.

Lo que el mundo necesita ahora

El desarrollo de este proceso y de las instituciones internacionales que lo encarnan empezó inmediatamente después de formidables amenazas contra la humanidad -sobre todo el nazismo, el fascismo y el Holocausto.

Después de 1945 hubo un esfuerzo internacional concertado para reafirmar la importancia de principios, derechos humanos y un imperio de la ley universales frente a fuertes tentaciones de simplemente ratificar un sistema evidente de grandes intereses favorable para solo unos países. Fue rechazada la visión tradicional de los particularistas nacionales y morales, según la cual el hecho de pertenecer a una sociedad determina el valor moral de los individuos y la naturaleza de su libertad. En lugar de esto, se afirmaron los principios de igual respeto, igual preocupación y prioridad de las necesidades básicas de todos los seres humanos. El estatuto moral irreductible de todas y cada una de los personas estuvo en el centro de los desarrollos legales y políticos posteriores a la Segunda guerra mundial.

Mas de medio siglo después, la comunidad internacional llega a su próximo claro momento de decisiva escogencia. Yo soy optimista. Tengo confianza en que todavía es posible construir sobre la base de los logros de la era post-Segunda guerra mundial. Las propuestas que defiendo y la dirección que sostengo debe tomar la comunidad internacional, están fácilmente a nuestro alcance económica y técnicamente. Políticamente, exigen nuevos esfuerzos, habilidad y sobre todo una voluntad compartida para alcanzarlas. No son utópicas o poco realistas en el sentido de ser imprácticas o de estar más allá de nuestros recursos mentales y físicos - al contrario.

Pero la posibilidad de ver claramente los peligros y dificultades es de especial importancia para nosotros los optimista. Una combinación de desarrollos apunta hacia una combinación catastrófica de factores negativos que nos puede llevar hacia otro siglo marcado por guerras, pérdidas masivas de vidas y una violencia insensata y destructiva. Nos encontramos en un momento crucial. No va a ser medido en días o meses, sino que durante los próximos años, hasta 1910, se harán escogencias que determinarán en décadas el destino de la tierra. Así de serio es el asunto.

Anotemos, a manera de introducción, cuatro principales desarrollos actuales -a los que volveré en un momento- que se refuerzan entre sí y apuntan en una dirección negativa:

•  el potencial mundial de la reglamentación del comercio mundial de tal manera que empeore, en vez de corregir, la desigualdad mundial

•  el fracaso en avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas que fijaron los niveles humanitarios mínimos para gran parte de la población mundial

•  el fracaso en enfrentarse a las pavorosas consecuencias del calentamiento global

•  el ataque sistemático contra el orden multilateral desde las Naciones Unidas hasta una serie de acuerdos y agencias internacionales.

La señales, por lo tanto, no son nada buenas. El orden multilateral de post-guerra está amenazado por una intersección y combinación de estas crisis que tienen lugar simultáneamente, en los niveles humanitarios, medioambientales y políticos. Es posible que la crisis de cada nivel empeore las otras. Más grave aún, lo que las impulsa tiende a empeorarlas. Ese impulso es voluntario, aunque a menudo se presente como inevitable, y se puede resumir en dos frases: el consenso económico de Washington y la agenda de seguridad de Washington.

Las examinaré ambas a fondo. Cualquier evaluación suya debe basarse en los problemas que cada una trata de resolver. Pero también son impulsores conectados aunque distintos de las formas específicas de globalización que el mundo está siendo obligado a seguir. Juntos, se han convertido en una asalto combinado contra los principios y prácticas que empezaron a establecerse después de 1945. Ambos promulgan la opinión de que fundamentalmente se debe desconfiar en un papel positivo del gobierno, y de que la aplicación sostenida de políticas adjudicadas internacionalmente amenaza la libertad, limita el crecimiento, obstaculiza el desarrollo y reprime el bien. Por supuesto, ninguno explica exhaustivamente las actuales estructuras de la globalización, pero éstas conforman la parte central de su impulso político.

En términos económicos, no se deriva de esto que a lo que el consenso de Washington se oponga sea bueno, o que la crítica del actual funcionamiento de la ONU y del sistema internacional asociado con la agenda de seguridad de Washington sea enteramente falsa. Al contrario, una resistencia puramente conservadora ante ellos que busque solamente mantenerse en el statu quo también fracasaría en brindarle al mundo lo que con tanta urgencia necesita.

Ambos necesitan ser reemplazados, y en su lugar el mundo requiere un marco progresista que:

•  fomente y sostenga el aumento de la productividad y la riqueza que el mercado global y la tecnología contemporánea hacen posible

•  garantice que los beneficios se compartan justamente, y se enfrente a los extremos de pobreza y de riqueza

•  provea una seguridad internacional que se ocupe tanto de las causas como de los crímenes del terrorismo, la guerra y los estados en bancarrota

Llamaré al enfoque que se propone esta tarea la globalización humana y democrática y una agenda humana de seguridad.

 

Saqueos en la Argentina democrática del siglo XXI, una expresión más de la crisis del modelo neoliberal.

Cuatro crisis, un solo desafío

Pero antes de esbozar lo que debe alcanzar este marco, y por qué falla el actual, debo hacer una advertencia sobre las cuatro crisis principales en el comercio, las condiciones humanas, el medio ambiente y el actual gobierno global que claman por la creación de una clase mejor de imperativo globalizante.

En primer lugar, el colapso de las conversaciones comerciales de Cancún hace posible un importante desafío al sistema de comercio global. Hay un gran crecimiento de acuerdos de comercio bilaterales y de acuerdos comerciales preferenciales, en los que ciertas naciones reciben tratamiento preferencial de otras. Si continúa el aumento de estos acuerdos bilaterales, hay un peligro real de que fracasen las negociaciones de Doha, o que produzcan resultados irrisorios.

Esta situación implica muchos riesgos, el más serio el de los países más pobres. Solos no pueden salvar los obstáculos de un sistema de comercio mundial marcado por reglas tramposas y leyes inequitativas. No pueden por sí solos resolver el problema de los vastos subsidios que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrecen a sus sectores agrícolas. Para que los países más pobres (junto con las naciones con ingresos medianos) encuentren un acceso seguro al orden económico global, requieren una base libre y justa.

En segundo lugar, el progreso hacia el logro de los Objetivos de desarrollo del Milenio ha sido escaso. Estos plantean normas mínimas que deben ser alcanzadas para reducir la pobreza, proveer salud y educación, combatir el HIV/Sida, la malaria y otras enfermedades y alcanzar la sostenibilidad medioambiental. Son la conciencia moral de la comunidad internacional. El progreso hacia los objetivos del milenio ha sido lamentablemente lento y al ritmo actual tendrán un alto nivel de incumplimiento. Hay, de hecho, evidencias de que tal vez no tuvo sentido establecer estas metas, en la medida en que estamos tan lejos de alcanzarlas en muchas partes del mundo.

En tercer lugar, poco, o ningún, progreso se ha hecho hacia la creación de un marco sostenible para el manejo del calentamiento global. El jefe científico británico, David King, advirtió en enero que "el cambio del clima es el problema más serio al que nos enfrentamos hoy, más serio incluso que la amenaza del terrorismo". Encuentre uno o no exacta esta apreciación, el caso es que el calentamiento global puede devastar las especies, los biosistemas y la fábrica socioeconómica del mundo. Habrá tormentas violentas con más frecuencia, el acceso al agua se convertirá en un campo de batalla y los desplazamientos masivos de personas se volverán más comunes.

La abrumadora mayoría de la opinión científica sostiene que el calentamiento global constituye una seria amenaza no a largo plazo, sino aquí y ahora. El fracaso de la comunidad internacional en general en establecer un sólido marco para el manejo de este fenómeno es una de las más serias indicaciones de los problemas a que se enfrenta un orden multilateral.

En cuarto lugar, el orden multilateral está siendo gravemente debilitado por el conflicto en Irak y la respuesta estadounidense a los ataques terroristas del 11 de septiembre. El valor del sistema de la ONU ha sido puesto en tela de juicio, la legitimidad del Consejo de Seguridad ha sido desafiada, y el funcionamiento de las instituciones multilaterales se ha desgastado. La arrogancia de las grandes potencias ha debilitado dramáticamente el derecho internacional y la legitimidad, y las posibilidades de combatir el terrorismo global han disminuido en lugar de aumentar.

¿Cómo nos enfrentamos a problemas en esta escala? Las fortunas económicas, políticas, sociales y ambientales de todos los países están crecientemente entrelazadas, pero las naciones más ricas y más poderosas no están dedicadas a construir un orden internacional que provea de alivio, esperanzas y oportunidades a las menos favorecidas y más en riesgo, aunque esto le convenga a las primeras y esté en línea con sus valores manifiestos. Un compromiso global con la justicia es esencial para mejorar las radicales asimetrías de la vida, esas oportunidades que saturan al mundo.

Necesitamos tanto estructuras como políticas que puedan encarar el daño hecho a la gente y a las naciones contra su voluntad y sin su consentimiento.

En cambio, aunque hay un alto de grado de interconexión en el mundo, la integración social es superficial y el compromiso con la justicia social lamentablemente débil. ¿Por qué? Enfocaré aquí dos razones sobre todas las demás: el antiguo consenso de Washington, y la nueva agenda de seguridad de Washington. Estos dos enormemente poderosos programas políticos están determinando nuestra época y profundamente debilitando nuestras instituciones públicas, nacional y globalmente. Solo comprendiendo sus fracasos y limitaciones podemos superarlos para recuperar políticas democráticas y receptivas en todos los niveles de la vida pública. Subir

 

Ronald Reagan

2. El Consenso de Washington

El consenso de Washington se puede definir como una agenda económica que esta a favor de las siguientes medidas:

•  el libre comercio
•  la liberalización del mercado de capitales
•  tasas de cambio flexibles
•  tasas de interés determinadas por el mercado
•  liberalización de los mercados
•  la transferencia de recursos del sector público al privado
•  estricto enfoque del gasto público en metas sociales bien dirigidas
•  presupuestos equilibrados
•  reforma impositiva
•  derechos de propiedad seguros
•  protección de los derechos de propiedad intelectual

Una combinación de la mayor parte o algunas de estas medidas ha sido la ortodoxia económica durante la mayor parte de los últimos veinte años en los paises de la OCDE, y en las instituciones financieras internacionales. Ha sido prescrita, en particular, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como base de sus políticas para los países en desarrollo.

El "Consenso de Washington" fue primero formulado con autoridad por John Williamson. Aunque Williamson apoyaba la mayor parte de los enfoques en nuestra lista, no estaba a favor del libre movimiento de capitales. Sus fórmulas originales reunían una agenda que, pensaba él, la mayor parte de la gente a fines de los ochenta y principios de los noventa en los círculos decisorios de Washington -el tesoro, el Banco Mundial, el FMI- estaría de acuerdo en que eran apropiadas para los países en desarrollo.

Posteriormente, el término adquirió un claro matiz de derecha al ser asociado a las políticas de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Ellos favorecieron el libre movimiento de capitales, el monetarismo y un estado mínimo que no acepta responsabilidad alguna en la corrección de las desigualdades de ingreso o en el manejo de serios factores externos.

Hubo importantes superposiciones entre el programa original de Williamson y sus versiones que con el tiempo fueron llamadas la agenda neoliberal, que incluía la disciplina macroeconómica, el elogio de la economía de libre mercado, la privatización y el libre comercio. Hoy en día, sin embargo, Williamson se aparta de la definición neoliberal del Consenso de Washington aunque acepta que fue su versión, con su apoyo a la liberalización de cuentas, la que se convirtió en la ideología dominante de la década de 1990. Usaré el término Consenso de Washington en este último sentido: para referirme no a la teoría sino a las políticas de los gobiernos estadounidenses y sus aliados cercanos e instituciones asociadas.

Los críticos sostienen que las medidas del Consenso de Washington están ligadas a la geopolítica de los Estados Unidos, que con demasiada frecuencia las predican al resto del mundo pero no las practican y, lo que es peor, son profundamente destructivas de la cohesión social de los países más pobres. Un hecho interesante es que Williamson sostenga que aunque ciertos aspectos de las críticas de la versión neoliberal son ciertas, sus recomendaciones son principios sensatos de práctica económica que dejan abierta la cuestión de la progresividad del sistema impositivo.

Algunas de las propuestas y consejos del Consenso de Washington pueden ser, en efecto, razonables en sus propios términos. Otras no lo son. Si se toman en conjunto, sin embargo, representan un conjunto de políticas demasiado estrecho como para crear un crecimiento sostenible y un desarrollo equitativo. Y lo que es crucial, el Consenso de Washington minimiza el papel del gobierno, la necesidad de un sector público fuerte, y los requisitos de una regulación internacional.

La aplicación de estas políticas pueden tener consecuencias desastrosas para la capacidad de las instituciones públicas de resolver problemas decisivos, nacionales y globales.

Margaret Thatcher

El Consenso de Washington y el desarrollo

La relación entre el Consenso de Washington, la liberalización económica y el desarrollo han sido extensamente examinadas. Cuando el Consenso ha sido implementado a través de préstamos y el reajuste del vencimiento de la deuda que requiere "ajustes estructurales" de los países en desarrollo -el alineamiento de sus economías a los requisitos de las políticas centrales-, se pueden apreciar los resultados. Algunas serias cuestiones han surgido. Branko Milanovic las ha resumido concisamente en tres preguntas:

•  explique por qué, después de una intervención sostenida y de muchos préstamos con ajustes estructurales e igual número de stand-bys del FMI, el PIB per cápita no ha variado en veinte años. En 24 países africanos, por cierto, el PIB per cápita es menor que en 1975, y en 12 países es incluso menor que en los sesentas.

•  explique la recurrencia de las crisis latinas, en países como Argentina, especialmente cuando meses antes de que estallaran estas crisis se elogiaban las reformas modelo de estos países

•  explique por qué los buenos "alumnos" entre los países de transición post Unión Soviética, como Georgia, Kirguistán y Armenia, después de empezar sin deudas en 1991, y después de seguir todas las recetas de las instituciones financieras internacionales, se encuentran más de diez años después con sus PIB en la mitad y pidiendo que les perdonen las deudas

Algo está claramente torcido. La ortodoxia económica dominante no ha tenido éxito. Al contrario, ha fracasado en la generación de crecimiento económico sostenido, la reducción de la pobreza y resultados justos. El diagnóstico del Consenso de Washington es engañoso y sus prescripciones perjudiciales.

En particular, se ha encontrado que uno de los factores claves globales limitan la capacidad de los países más pobres de desarrollarse es la liberalización de capital. Geoffrey Garrett ha demostrado que lo que perjudica a los países en desarrollo no es el libre comercio sino el libre movimiento de capitales. El Consenso de Washington neoliberal recomienda ambas cosas. Aunque la liberalización de las tarifas puede ser benéfica en general, la rápida liberalización del capital puede ser una receta, ausentes regulaciones prudentes y sólidos mercados domésticos de capital, "para la volatilidad, la impredecibilidad y los auges y quiebras de los flujos de capital". Los países que han abierto rápidamente sus mercados de capital se han desempeñado significativamente menos bien en términos de crecimiento económico que países que han mantenido un estricto control del flujo de capitales, pero que redujeron las tarifas.

Joseph Stiglitz afirma que las crisis del sureste asiático de fines de los noventas y las recientes recesiones en América Latina demuestran que "la liberalización prematura del mercado de capitales puede ser causa de volatilidad económica, creciente pobreza, y destrucción de la clases medias". Y un estudio de unos economistas del FMI, publicado en marzo de 2003, encontró que "no hay un apoyo fuerte, robusto y uniforme al argumento teórico de que la globalización financiera produzca por sí misma una tasa más alta de crecimiento económico".

Más inquientante aún es el hecho de que un estudio del FMI concluya que los "países en las primeras etapas de la integración financiera han sido expuestos a importantes riesgos en términos de mayor volatilidad tanto de la producción como del consumo". Al tanto de esto, sin embargo, la administración Bush es la primera en exigir una dura liberalización del capital a través de las instituciones financieras internacionales y de los acuerdos comerciales bilaterales.

Como resultado, la capacidad administrativa de los países en desarrollo puede sufrir serios deterioros. Esto no quiere decir que los países en desarrollo no necesiten acceso a los flujos de capital, público o privado. Ciertamente lo necesitan, sobre todo durante la apertura comercial cuando al principio las importaciones tienden a crecer más que las exportaciones. Pero los flujos del mercado privado de capital son demasiado bajos y demasiado volátiles para satisfacer estas necesidades financieras.

La experiencia de la China y la India -siguiendo las trayectorias del Japón, Corea del Sur y Taiwan- no tienen que adoptar antes que nada políticas comerciales y de capital liberales para beneficiarse del aumento del comercio, la aceleración del crecimiento y el desarrollo de una infraestructura industrial que puedan incrementar el consumo nacional.

Todos estos países, como ha anotado recientemente Robert Wade, han tenido un crecimiento relativamente rápido con barreras proteccionistas, crecimiento que alimentó una expansión comercial rápida, enfocada en bienes de capital e intermedios. A medida que cada uno de estos países se ha enriquecido, ha tendido a liberalizar su política comercial.

Es un malentendido decir, entonces, que la liberalización del comercio como tal ha alimentado el crecimiento económico en la China y la India. Al contrario, estos países se desarrollaron con relativa rapidez con barreras proteccionistas, antes de que liberalizaran el comercio. Es claro que estos países, y otros como ellos, no se desarrollaron como resultado de una liberalización comercial directa, y si también es el caso que algunos de los países más pobres del mundo están en peores condiciones como resultado de una integración demasiado rápida al mercado global de capitales, entonces hay un caso abrumador a favor de aplicar un principio preventivo a la integración económica global y a oponerse a la agenda de desarrollo del Consenso de Washington.

Pese a la liberalización económica proclamada por el Consenso de Washington, el desarrollo de muchas regiones del mundo sigue siendo un anhelo.

La integración económica interna y externa

Aunque debemos rechazar el proteccionismo económico como estrategia general a causa del riesgo de crear un círculo vicioso de disputas comerciales y conflictos económicos, el balance de las evidencias es claro. La prioridad de un país que quiera beneficiarse de un desarrollo sostenido debe ser la integración económica interna: el desarrollo del capital humano, de su infraestructura económica y de fuertes instituciones nacionales de mercado, y, cuando sea posible, el reemplazo de las importaciones con la producción nacional.

Inicialmente, esto tiene que ser estimulado por una política económica e industrial liderada por el estado. La mayor integración económica interna luego ayuda a generar las condiciones para que un país puede beneficiarse de una mayor integración externa, tal como lo ha demostrado Robert Wade. El desarrollo de la capacidad regulatoria del estado, una sólida esfera pública y la habilidad de enfocar la inversión en sectores creadores de trabajo en áreas competitivas y productivas: todo esto es más importante que la búsqueda decidida de la integración a los mercados mundiales.

La alternativa del Consenso de Washington no es un simple aval a un desarrollo centrado en el estado, y tampoco es siempre progresista o benéfica la intervención del estado simplemente porque se oponga a él. El Consenso de Washington más bien ha erosionado la aptitud para formular e implementar sólidas políticas públicas y ha perjudicado la capacidad política esencial. Los metas públicas, por ejemplo, pueden ser alcanzadas por una diversidad de actores, públicos y privados, con sociedades entre ellos, y no solo por el estado. Un desarrollo más amplio de la sociedad civil (los sindicatos, los grupos de ciudadanos, las ONG y las instituciones independientes) es indispensable para un sólido programa de desarrollo económico nacional. Por supuesto, habrá conflictos entre el desarrollo económico y el fortalecimiento de la sociedad civil. Pero las sociedades necesitan importantes medidas de autonomía para desarrollar sus propias maneras de manejar estos conflictos.

No hay, de hecho, un único camino predestinado o fijo de prescripciones políticas para el desarrollo económico. El conocimiento de las condiciones locales, la experimentación con instituciones y agencias domésticas apropiadas y el fomento de la integración económica interna tienen que combinarse con una política macroeconómica sana y algunos elementos de integración externa del mercado. De esto es lo que se trata el gobierno económico. Los casos recientes más exitosos de desarrollo -el sureste asiático, China, India- lograron encontrar formas de aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados mundiales -productos más baratos, exportaciones, tecnología y capital- a tiempo que afianzaron incentivos domésticos para la inversión y la institucionalización.

Dani Rodrik lo resumió así: "Los incentivos del mercado, la estabilidad macroeconómica y unas instituciones sanas son clave para el desarrollo económico. Pero estos requisitos pueden generarse en varias formas diferentes: aprovechando de la mejor manera posible las capacidades existentes dentro de un contexto de coacciones específicas. No hay un único modelo de transición exitosa hacia una senda de mayor crecimiento. Cada país tiene que idearse su propia estrategia de inversión".

El pensamiento desarrollista tiene que cambiar de un foco terco en el "acceso a los mercados" a una mentalidad más prudente y compleja. El desarrollo de las naciones necesita espacio político para ejercer innovaciones institucionales que se aparten de las ortodoxias del Banco Mundial, el FMI y la OMC. Paralelamente, organizaciones como la OMC deben desplazar sus agendas del foco en la creación de mercados y la supervisión hacia una gama más amplia de políticas que estimulen el florecimiento de diferentes sistemas económicos nacionales dentro de un orden del mercado global basado en reglas, justo y equitativo.

Las consecuencias de no fomentar un enfoque así significan que el Consenso de Washington tiene una gran parte de la responsabilidad en la notable actual oposición a enfocar importantes áreas de fracasos del mercado. Entre estas:

•  el problema de los factores externos, por ejemplo la degradación del medio ambiente causada por las formas corrientes de desarrollo económico

•  el desarrollo inadecuado de factores sociales fuera del mercado, únicos que pueden proveer un equilibrio efectivo entre la "competencia" y la "cooperación"; asegurar, por ejemplo, una oferta adecuada de "bienes públicos" esenciales tales como la educación, un transporte eficaz y una sana asistencia médica

•  la tendencia hacia la "concentración" y la "centralización" de la vida económica, marcada por pautas de oligopolio y monopolio

•  la propensión al "cortoplacismo" en la estrategia de inversiones, donde los tenedores de fondos y banqueros de inversión tienen políticas encaminadas a maximizar el inmediato rendimiento de los ingresos y los resultados de los dividendos

•  el subempleo o desempleo de los recursos productivos en un contexto de existencia demostrable de necesidades urgentes y no satisfechas

Dejar que los mercados solos resuelvan los problemas de la generación y la asignación de recursos perpetúa muchas dificultades políticas y económicas profundamente arraigadas. Entre ellas, estas cuatro:

•  las vastas asimetrías de las oportunidades de vida dentro y fuera de los estados naciones que son fuente de considerables conflictos

•  la erosión de la fortuna económica de algunos países en sectores como la agricultura y los textiles, mientras éstos gozan de protección o asistencia

•  la emergencia de flujos financieros globales pueden desestabilizar rápidamente las economías nacionales

•  el desarrollo de serios problemas transnacionales que involucran a la comunidad global

Es más, ampliar los límites de la acción estatal y debilitar la capacidad de gobierno para aumentar el alcance de las fuerzas del mercado en una sociedad significará el recorte de servicios que le ofrecían protección a los vulnerables. Las dificultades de los más pobres y menos poderosos -al norte, sur, este y oeste- empeorarán. Poner los asuntos de "seguridad" en el primer lugar de la agenda política refleja, en parte, la necesidad de contener los resultados provocados por esas políticas.

Al debilitar la cultura y las instituciones del gobierno y la vida pública -local, nacional y globalmente- el Consenso de Washington ha erosionado la capacidad de países de todo el mundo de proveer los bienes públicos que se necesitan con urgencia. Ha confundido la libertad económica con la eficacia económica. Defiende la libertad económica a costa de la justicia social y de la sostenibilidad medioambiental, con perjuicios de largo plazo para ambos.

Corrigiendo el consenso de Washington

En los últimos años el Consenso de Washington ha sido atacado desde muchos lados, desde los grupos de presión domésticos que piden protección para ciertos sectores (la agricultura, los textiles, el acero) hasta los movimientos anti-globalización, ecologistas y de justicia social. Los pobres resultados del Consenso de Washington que he resumido han causado gran malestar y han sido blanco de críticas. El decepcionante crecimiento económico y el aumento de la inseguridad en muchas partes de América Latina, el estancamiento o el declive económico de muchos países subsaharianos, la crisis financiera asiática y las severas dificultades sufridas en algunas economías de transición han llevado a que se pida el reemplazo o la ampliación de la gama de políticas del Consenso de Washington.

El resultado ha sido que dentro del FMI, el Banco Mundial y otras destacadas organizaciones internacionales, ha habido un intento de responder a las críticas ampliando el Consenso para aumentar la necesidad de gobernabilidad, reducción de la pobreza y redes de seguridad social. Lentamente, se ha desplazado el énfasis exclusivo en la liberalización y la privatización hacia una preocupación por los soportes de una actividad exitosa del mercado. Ha surgido una nueva agenda que apoya gran parte de la antigua, pero que añade la gobernabilidad y las medidas anti-corrupción, la reforma legal y administrativa, la regulación financiera, la flexibilidad del mercado laboral y la importancia de las redes de seguridad social. Se puede llamar "el Consenso de Washington aumentado".

El nuevo énfasis, entre cuyos defensores está Peter Sutherland, fundador de la Organización Mundial del Comercio, es útil y bienvenido. Pero como lo ha recalcado Rodrik, "la base institucional para una economía de mercado no tiene una determinación única. No hay un único esquema entre un mercado de buen funcionamiento y la forma de las instituciones fuera del mercado que se requieren para sostenerlo". La nueva agenda le da un peso excesivo a las concepciones anglo-americanas del tipo apropiado de instituciones políticas y económicas tales como los mercados laborales flexibles y las regulaciones financieras. Adicionalmente, toda la agenda está conformada por lo que se piensa son las instituciones necesarias para asegurar la integración económica externa, tales como la introducción de reglas y normas de la OMC.

La nueva agenda no proporciona guías claras sobre la forma de dar prioridad al cambio institucional y concede poco reconocimiento de la cantidad de tiempo que lleva la creación de tales desarrollos en países donde ya se encuentra en una etapa avanzada. Después de todo, casi todos los países industrializados que han realizado estas reformas lo hicieron en períodos de tiempo considerables. Se requiere un marco más sofisticado, más justo e integrado en el nivel internacional para encarar las verdaderas necesidades sociales, económicas y políticas de los muchos países en desarrollo más pobres.

¿Vamos en esta dirección? No, al contrario, se está desplegando una nueva agenda de seguridad acorde con los supuestos intereses de los Estados Unidos. Es esto lo que debemos examinar ahora.

El ataque a Irak, en marzo de 2003, reflejo culminante del unilateralismo de Estados Unidos y del protagonismo de sus aliados.

3. De la Agenda de Seguridad de Washington a una agenda humana

El ataque terrorista contra el World Trade Center y el Pentágono fue un momento decisivo en la historia de la generaciones actuales. En respuesta, los Estados Unidos y sus principales aliados habrían podido decidir que la forma principal y más eficaz de derrotar el terrorismo global y de evitar que se convierta en un torrente sería fortalecer el derecho internacional y ampliar el papel de las instituciones multilaterales. Habrían podido decidir que era importante que ningún poder o grupo únicos actuaran como juez, jurado y verdugo. Habrían podido decidir que las zonas globales calientes que alimentan el terrorismo global, como el conflicto Israel-Palestina, deberían ser las principales prioridades de esfuerzos internacionales coordinados. Habrían podido decidir que la separación entre la globalización económica y la justicia social requería la más urgente atención, y habrían podido también decidir ser duros con el terrorismo y duros con las condiciones que llevan a la gente a imaginar que al-Qaeda y grupos similares son los agentes de la justicia en el mundo moderno.

En cambio, fallaron sistemáticamente en decidir cualquiera de estas cosas. Desde el 11 de septiembre el mundo se ha polarizado más, el derecho internacional se ha debilitado, y las sistemáticas fallas políticas del Consenso de Washington han sido agravadas por los triunfos de las nuevas doctrinas de seguridad de Washington.

La precipitación de la guerra contra Irak en 2003 fue un grave desacierto. Sostuve entonces que era una guerra equivocada, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Ahora se puede ver la forma en que globalmente le dio prioridad a una agenda de seguridad estrechamente concebida que en el fondo es la nueva doctrina estadounidense de la guerra unilateral y preventiva. Esta agenda contradice la mayor parte de los principios centrales de las políticas y acuerdos internacionales desde 1945. Hace a un lado el respeto de las negociaciones políticas entre los estados, así como la doctrina básica de disuasión y las relaciones basadas en un equilibrio de poder entre las grandes potencias. Un único país que goza de supremacía militar hasta un grado sin precedentes ha decidido, bajo su actual presidente, usar esa superioridad para responder unilateralmente ante amenazas percibidas (que pueden no ser ni reales ni inminentes), y no tolerar ningún rival.

Esta nueva doctrina tiene muchas implicaciones serias. Entre ellas el retorno a una visión de las relaciones internacionales como, en último análisis, una "guerra de todos contra todos", en la que los estados justamente luchan por sus intereses nacionales sin el estorbo de intentos por establecer límites reconocidos internacionalmente (autodefensa, seguridad colectiva) internacionalmente. Una vez concedida esta libertad a los Estados Unidos, ¿por qué no también a Rusia o China, India o Pakistán, Corea del Norte o Irán? No se puede sostener coherentemente que todos los estados, salvo uno, deben aceptar límites a sus objetivos autodefinidos y que esto se puede llamar ley. No pasará mucho tiempo antes de que esta visión se manifieste contraproducente.

Las agendas de seguridad: estrechas vs. amplias

Lo que el mundo necesita es una agenda de seguridad mucho más amplia, global por cierto, que requiere tres cosas de los gobiernos y de las instituciones internacionales -todas ahora ausentes.

En primer lugar, debe haber un compromiso con el imperio de la ley y el desarrollo de instituciones multilaterales que deben condenar o aprobar una guerra cuando sea necesario. Los civiles de todas las creencias y nacionalidades necesitan protección. Los terroristas y todos aquellos que violan la inviolabilidad de la vida y de los derechos humanos deben ser llevados rápida y seguramente ante un sistema de cortes de derecho internacional que cuente con apoyo internacional y pueda hacer justicia. Se debe desarrollar una acción militar internacionalmente sancionada para arrestar sospechosos, desmantelar redes terroristas y lidiar con los estados delincuentes agresivos.

Pero dicha acción debe ser siempre comprendida como una forma de hacer cumplir el derecho internacional, sobre todo como una forma, tal como lo ha dicho claramente Mary Kaldor, de proteger a los civiles y de llevar a juicio a los sospechosos. Es claro que si se debe administrar justicia imparcialmente para asegurar el apoyo internacional, ninguna potencia puede actuar como juez, jurado y verdugo. Lo que se necesita es un impulso hacia una justicia global, no estadounidense, o rusa o china o británica o francesa. Debemos actuar conjuntamente para sostener y fortalecer un mundo basado en reglas comunes con el fin de asegurar la seguridad y la protección humanas básicas.

En segundo lugar, se debe emprender un esfuerzo sostenido para generar nuevas formas de legitimidad política global para las instituciones involucradas en la seguridad y la paz. Este debe incluir la condena de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos dondequiera ocurran, y el establecimiento de nuevas formas de responsabilidad política y económica que vayan más allá de esos esfuerzos ocasionales para crear un nuevo impulso por la paz y la protección de los derechos humanos que han sido demasiado característicos de los asuntos mundiales desde 1945.

En tercer lugar, como ya hemos sostenido, debe haber un reconocimiento franco de que los problemas éticos y de justicia planteados por la polarización global de la riqueza, los ingresos y el poder, y con ellos las enormes asimetrías de la vida, no deben ser dejados para que las resuelvan los mercados por su cuenta. No es solo el caso de que aquellos que son más pobres y más vulnerables, y vinculados a situaciones geopolíticas donde sus reclamos no han sido oídos desde hace generaciones, pueden ser terreno fértil para los reclutadores de terroristas. El terrorismo puede darse en sociedades acomodadas y puede ser liderado por personas de clase media o, como Osama ben Laden, de clase alta. Pero uno de los principios para eliminar el terrorismo debe ser extirpar esas injusticias reales que los terroristas pueden usar, por oportunista que sea, para aumentar su apoyo y legitimar sus métodos. Pero una consecuencia de la globalización de las comunicaciones es que la experiencia de la injusticia en una parte del mundo puede ser compartida en otras partes.

Por supuesto, los crímenes terroristas de la clase vista el 11 de septiembre y desde entonces (en Chechenia, Indonesia, Arabia Saudita, Pakistán, Marruecos y España) son en parte obra de desquiciados y fanáticos, así que no puede haber garantía de que un mundo más justo y estable institucionalmente sea más pacífico en todo sentido. Pero si le damos la espalda al proyecto de crear un mundo así, no habrá esperanza de mejorar la base social de las desventajas vividas en los países más pobres y más trastornados. Grandes injusticias, vinculadas a un sentido de desesperanza, alimentarán entonces la ira y la hostilidad. El apoyo popular contra el terrorismo depende de convencer a la gente de que hay una manera legal y pacífica de resolver tales agravios. Sin este sentido de confianza en las instituciones y los procesos públicos, la derrota del terrorismo se convierte en una tarea enormemente difícil, si no imposible.

Cualquier intento de desarrollar el derecho internacional, de ampliar la capacidad de las instituciones internacionales para el mantenimiento de la paz, y de construir puentes entre la globalización económica y las prioridades de la justicia social será en sí mismo amenazado por el terrorismo y los peligros de las redes terroristas extensas. Pero también está amenazado por las profundamente insensatas respuestas ante el terrorismo que estamos presenciando. La nueva agenda de seguridad de los neoconservadores estadounidenses, junto con la doctrina de Seguridad Nacional de la actual administración, le da a los Estados Unidos el papel global de definir las normas, evaluar los riesgos y las amenazas, y administrar justicia. Rompe con todas las premisas fundamentales del orden mundial post-1945 y sus compromisos con la disuasión, las relaciones estables entre las mayores potencias y el desarrollo de instituciones internacionales para resolver los problemas comunes.

Nelson Mandela y Kofi Annan

Lo que tenemos que hacer

No hay duda de que hay un profundo debate en torno a los asuntos de seguridad y terrorismo. Pero hay unos cuantos problemas muy urgentes que deben ser encarados si queremos salvar los logros del mundo post-Holocausto y construir sobre ellos en un forma que nos proporcione seguridad en el sentido más estrecho (protección contra la amenaza inmediata del poder coercitivo y la violencia), sino seguridad en un sentido más amplio -lo que llamo "seguridad humana" que busca asegurar la protección de todos aquellos cuyas vidas son altamente vulnerables.

Ya he expresado cómo podemos alcanzar esto en mi nuevo libro, Global Covenant . Aquí simplemente voy a enumerar seis pasos que podrían tomarse para ayudar a implementar una agenda de seguridad:

•  volver a vincular la agenda de seguridad y derechos humanos en el derecho internacional -los dos lados del derecho internacional humanitario que, juntos, especifican graves y sistemáticos abusos contra la seguridad y el bienestar humanos, y las condiciones mínimas requeridas para el desarrollo del ser humano

•  reformar los procedimientos del Consejo de Seguridad de la ONU mejorar la definición y legitimidad de la intervención armada mediante umbrales creíbles; y vincular estos a las condiciones que constituirían una grave amenaza contra la paz, o contra las condiciones mínimas para el bienestar de la agencia humana, suficientes para justificar el uso de la fuerza

•  reconocer la necesidad de desalojar y reformar los ya anticuados acuerdos geopolíticos de 1945 como base para la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad, y para extender la representación de todas las regiones en condiciones justas e iguales

•  ampliar las atribuciones del Consejo de Seguridad, o crear un Consejo de Seguridad Social y Económica paralelo y, cuando sea necesario, intervenir en toda la gama de las crisis humanas -físicas, sociales, biológicas, ecológicas- que pueden amenazar al ser humano

•  fundar una Organización Mundial del Medioambiente para promover la implementación de acuerdos y tratados ambientales ya existentes, cuya principal misión sería garantizar que el desarrollo de los sistemas mundiales comerciales y financieros sea compatible con el uso sostenible de los recursos mundiales

•  comprender que una gobernabilidad global eficaz, transparente y responsable requiere fuentes de ingresos confiables, desde ayuda para nuevos servicios financieros (tal como lo propone el ministro británico de finanzas, Gordon Brown) y, a su debido tiempo, nuevos ingresos por concepto de impuestos (basados por ejemplo en el PIB, el uso de energía o el volumen del mercado financiero)

La intervención humanitaria armada

En Global Covenant examino cómo se pueden realizar cada una de estas posibilidades. Aquí examinaré solo uno de los temas más críticos antes de mirar cómo se puede realizar un programa global así. ¿Cómo podemos justificar una intervención humanitaria armada si las circunstancias lo requieren? Tres informes convincentes han reconocido esta cuestión recientemente.

El primero es un informe (publicado en diciembre, 2001) de una Comisión Internacional sobre la Intervención y la Soberanía del Estado auspiciada por Canadá y que enfatiza la importancia de la responsabilidad de proteger a la población frente a una pérdida de vida en gran escala o una limpieza étnica. Vincula esta responsabilidad a principios adicionales concernientes al empleo de medios proporcionales incluyendo, entre otras consideraciones, en última instancia, el uso del poder militar, frente a graves atentados contra el bienestar humano.

Anne-Marie Slaughter nos ofrece un segundo relato. Enfoca tres factores, que simultáneamente presentes, pueden justificar una intervención humanitaria armada: la posesión de armas de destrucción masiva, abusos graves y sistemáticos contra los derechos humanos, y una intención agresiva contra otras naciones.

En tercer lugar, Kenneth Roth de Human Rights Watch ha sostenido que la intervención humanitaria puede justificarse si se cumple una serie de condiciones: que sea una intervención en última instancia; que la motiven preocupaciones humanitarias; que se guíe por, y maximice la conformidad con el derecho internacional humanitario; que probablemente haga más bien que mal; y que la legitime el Consejo de Seguridad de la ONU.

Cuestiones urgentes adicionales se presentan. Estas incluyen la forma como uno evalúa el balance de los diferentes factores en juego, cómo se puede crear un nuevo umbral para el uso legítimo de la fuerza. Todas las posiciones que surgen de esta perspectiva tienen que ser probadas frente a las opiniones y juicios de personas de todo el mundo y no solo frente a las opiniones de los estados naciones más poderosos, para que así cualquier nueva solución perdure y sea legítima a la larga. Esto va a requerir, sostengo yo, un pacto legal global.

Tenemos que tener en cuenta que ninguna teoría moderna sobre la naturaleza y alcance del uso legítimo del poder dentro de un estado reúne los papeles de juez, jurado y verdugo. Pero esto es precisamente lo que hoy hemos permitido que suceda en el orden global. Necesitamos nuevos cuerpos de nivel global para evaluar las evidencias, hacer recomendaciones y probar opciones. Tienen que ser cuerpos separados y aparte que encarnen una separación de los poderes en el nivel local.

Porque si uno está a favor de una intervención humanitaria legítima también se tiene que preguntar quién va a tomar estas decisiones y bajo qué condiciones. El peso del argumento apunta a favor de tomar en serio la necesidad de proteger a los pueblos bajo circunstancias extremas, y también hacia la reforma de las estructuras institucionales que juzgan estos urgentes asuntos. Estas estructuras tienen que ser abiertas, responsables y representativas. Sin las reformas apropiadas, nuestras instituciones globales cargarán siempre con la responsabilidad de ser parciales e ilegítimas.

El mundo globalizado se reconoce en los personajes que dictan las coordenadas políticas y económicas al resto del planeta.

4. Hacia un nuevo pacto global

En el centro de mi argumento y propuestas está la necesidad de conectar las agendas de seguridad y derechos humanos para reunirlas bajo un marco internacional coherente. Para lograr esta unión global se necesita preparar un nuevo pacto global para el mundo. En vez de trazar un plan de acción detallado de lo que deben ser los resultados de una unión tal, es importante recalcar la importancia de un proceso legítimo que por un lado revise los aspectos de seguridad y derechos humanos del derecho internacional y por otro trate de reconectarlos dentro de un marco legal global. Adicionalmente, éste debe vincularse a un marco social y económico de gobernabilidad más amplio, que establezca normas fundamentales para toda la vida humana.

Un resultado demostrable de tal iniciativa pueden ser nuevos procedimientos en la ONU que especifiquen la serie de condiciones que constituirían una amenaza para la paz y el bienestar de la humanidad suficientes para justificar el uso de la fuerza. A menudo esta cuestión se expresa en esta forma: ¿se necesita reformar la carta de la ONU para crear nuevas causas de guerras o intervenciones armadas en los asuntos de un país a causa de su políticas internas?

Pero hay una cuestión mucho mayor que ninguna unión así necesita encarar. En todo el mundo en desarrollo, los asuntos de justicia global con respecto al gobierno y los derechos humanos legales no son considerados una prioridad por sí mismos, y es improbable que se vean como preocupaciones legítimas, a no ser de que estén conectados con asuntos humanitarios fundamentales propios del bienestar social y económico, tales como la educación básica, el agua potable y la salud pública. Mary Robinson ha sostenido esto con elocuencia y muestra cómo la aplicación de los protocolos internacionales existentes potenciarían enormemente toda la agenda de derechos humanos.

En otras palabras, tenemos que reemplazar el estrecho alcance y visión del Consenso de Washington por una economía libre y justa que también apoye una agenda de seguridad humana. Si se debe dirigir la globalización en beneficio de todos, la mejor forma de lograrlo es globalizando los conceptos y valores socialdemócratas:

•  el imperio de la ley
•  la igualdad política
•  políticas democráticas
•  justicia social
•  solidaridad social
•  eficiencia económica

El balance social demócrata, pasado y presente

Tradicionalmente, los social demócratas han buscado desplegar las instituciones democráticas de países individuales a favor de un proyecto nacional particular; un compromiso entre los poderes del capital, el trabajo y el estado que trata de fomentar el desarrollo de las instituciones del mercado, la propiedad privada y la búsqueda de utilidades dentro de un marco regulador que garantice no solo las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, sino también las condiciones sociales necesarias para el disfrute sus derechos formales.

Los social demócratas han aceptado correctamente que los mercados son centrales para generar el bienestar económico, pero reconocieron que en la ausencia de una regulación apropiada adolecen de serias faltas, en especial la generación de riesgos indeseados para sus ciudadanos, una distribución desigual de esos riesgos, y la creación de factores negativos externos adicionales y de desigualdades corrosivas.

En sus inicios, durante y después de la Segunda guerra mundial, muchos países occidentales trataron de reconciliar la eficiencia de los mercados con los mercados de la comunidad social (que los mismos mercados presuponen) con el fin de desarrollarse y de crecer. La forma en que se alcanzó el equilibrio adoptó diferentes formas en diferentes países, como reflejo de las diferentes tradiciones políticas nacionales; en los Estados Unidos el "New Deal", y en Europa la social democracia o economía social de mercado. Sin importar cómo se concibió exactamente este equilibrio, los gobiernos, como lo ha recalcado John Ruggie, desempeñaron un papel clave en la promulgación y el manejo de este programa: moderando la volatilidad de los flujos de transacciones y los niveles de demanda, y proporcionando inversiones sociales, redes de seguridad y asistencia para ajustes.

Aunque unas décadas después de la Segunda guerra mundial parecía que se había alcanzado un equilibrio satisfactorio entre el autogobierno, la solidaridad social y la apertura económica internacional -por lo menos en la mayoría de los países occidentales y para la mayoría de sus ciudadanos- ahora parece que será cada vez más difícil sostener un equilibrio. Hoy en día, la movilidad de los capitales, los bienes, las personas, las ideas, los agentes contaminantes desafían cada vez más la capacidad de los gobiernos de desarrollar sus compromisos sociales y políticos dentro de fronteras delimitadas. La creciente divergencia entre el extenso alcance espacial de la actividad económica y social y los mecanismos estatales tradicionales de control político plantean toda clase de nuevos problemas, que no se pueden resolver, además, dentro del marco del viejo o el nuevo Consenso de Washington. Armada con sus políticas, la gobernabilidad en todos los niveles ha sido simplemente desarmada o ingenuamente reformada.

La social democracia en una nueva era

Aunque los conceptos y valores de la social democracia tienen una importancia perdurable, el desafío clásico de hoy en día es elaborar su significado, y reexaminar las condiciones de su afianzamiento contra el fondo de una cambiante constelación global de la política y la economía.

En la época actual, la social democracia debe ser defendida y explicada no solo en el nivel del estado nación sino también en los niveles regionales y globales. El suministro de bienes públicos no puede seguir siendo equiparado con solo los bienes proporcionados por el estado. Diversos actores estatales y no estatales dan forma y contribuyen en su suministro -y están obligados a hacerlo para que se cumpla con los profundos desafíos de la globalización.

Además, algunos bienes públicos básicos solo pueden ser suministrados regional y globalmente. Desde el establecimiento de reglas comerciales más equitativas y la estabilidad financiera para luchar contra el hambre y la degradación medioambiental, el énfasis debe apuntar a encontrar formas duraderas de cooperación y colaboración internacional y transnacional.

Con esto en mente, el proyecto social demócrata debe ser concebido de nuevo para que incluya cinco objetivos esenciales:

•  la promoción del imperio de la ley en el nivel internacional

•  mayor transparencia, responsabilidad y democracia en la gobernabilidad global

•  un compromiso mayor con la justicia social en la búsqueda de una distribución más equitativa de las oportunidades vitales

•  la protección y reinvención de la comunidad en diversos niveles

•  la regulación de la economía global -a través del manejo público del comercio global y los flujos financieros, y el compromiso de los principales participantes en la gobernabilidad corporativa

Estas orientaciones guía separan la política de lo que llamo la "social democracia global" tanto de seguir el Consenso de Washington como de aquellos que se oponen a la globalización.

La social democracia en el nivel del estado nación significa ser firme en la búsqueda de los mercados libres e insistir al mismo tiempo en un marco de valores compartidos y de prácticas institucionales comunes. En el nivel global significa seguir una agenda que evalúe la apertura de los mercados frente a los programas de reducción de la pobreza y la protección inmediata de la población vulnerable en todas partes. Se debe seguir esta agenda, asegurándose al mismo tiempo de que los diferentes países tengan la libertad que necesitan para experimentar con sus propias estrategias y recursos dentro de un código que obligue a los estados a seguir unas normas básicas.

El crecimiento económico por sí solo puede darle un poderoso ímpetu al logro de los objetivos de desarrollo humano. Pero un desarrollo económico sin control que beneficie primordialmente a los intereses globales arraigados nunca puede orientarse hacia la prosperidad. El desarrollo económico tiene que ser concebido como un medio para lograr un fin, no como un fin en sí mismo.

Así comprendido, debe reconocerse que aunque el comercio internacional tiene un enorme potencial para ayudar a que los países menos favorecidos salgan de la pobreza, y para el bienestar de los estados naciones, las actuales reglas del comercio global, como ya lo hemos indicado, están estructuradas para proteger los intereses de los ricos contra los intereses de los países más pobres y también de los de ingresos medianos.

En principio, el comercio libre es un objetivo admirable para los progresistas, pero no se puede seguir sin atender las asimetrías de poder de la economía global y los más pobres en los países de bajos y medianos ingresos que son en extremo vulnerables en las etapas iniciales de la integración al mercado externo (especialmente la liberalización del mercado de capitales), y que tienen pocos recursos. Algo similar puede decirse de muchas personas en las sociedades más ricas. Aunque no están expuestas a las reglas desiguales y desigualdades del orden económico global en forma paralela a la de los países en desarrollo, si pierden su trabajo o tienen que conformarse con menores ingresos, también son vulnerables en las épocas de cambios económicos importantes.

Cualquier agenda social demócrata para los mercados libres deben tratar las necesidades de los vulnerables dondequiere se encuentren. Para los países más pobres esto implicará que las políticas de desarrollo deben estar dirigidas a desafiar las asimetrías de acceso al mercado global para graduar la integración al mercado global, en particular los mercados de capital, con el fin de ensayar diferentes clases de estrategia de inversión, construir un sólido sector público, asegurar una inversión a largo plazo en la asistencia médica, el capital humano y la infraestructura física, y desarrollar instituciones políticas transparentes y responsables.

En los países desarrollados esto significará la ampliación constante de instituciones políticas fuertes y responsables que ayuden a mediar y manejar las fuerzas económicas de la globalización, y el suministro, entre otras cosas, de niveles altos de protección social y redes de seguridad de apoyo, junto con una inversión sostenida en la adquisición de conocimientos y capacidades. Es notable lo poco que esta gama de políticas se ha aplicado. Esto parece más una cuestión de psicología y de escogencia política, y no una cuestión relacionada con obstáculos fundamentales en la naturaleza de la organización económica de los asuntos humanos.

5. Un consenso global social demócrata

Sigue un esbozo de un consenso social demócrata en torno a la globalización y la gobernabilidad global económica. Junto con los elementos enumerados arriba para una agenda de seguridad (véase la sección "Lo que necesitamos hacer"), serían una importante contribución para la creación de un campo de juego nivelado en la economía global; juntos, ayudarían a reconstituir el sistema económico en una forma libre y justa al mismo tiempo. Estos incluyen:

•  salvar la ronda de negociaciones de Doha, y asegurar una negociación de desarrollo que beneficie en forma seria a los países más pobres y de medianos ingresos del mundo

•  reformar el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) para asegurarse de que sea compatible con la salud y la asistencia social, y que le ofrezca flexibilidad a los países pobres para que decidan cuándo y en qué sectores desean usar la protección de patentes

•  reconocer que para muchos países en desarrollo graduar su integración a los mercados globales, y solo seguir esta agenda después de que estén establecidas las necesarias reformas domésticas políticas y económicas, es mucho más importante que buscar simplemente la apertura

•  construir en base a organizaciones, como el centro de consejería legal de la OMC, para desarrollar la capacidad de los países en desarrollo de comprometerse productivamente con las instituciones rectoras de la economía mundial

•  establecer un claro programa para que los gobiernos alcancen el objetivo de ayuda "ONU 0.7% PIB/overseas", y aumentarlo al 1% a su debido tiempo, con el fin de que se garantice un flujo de recursos de inversión mínimo para la integración interna de los países más pobres

•  apoyar mayores reducciones en el peso internacional de la deuda de los países pobres más endeudados, vinculando la cancelación de la deuda, por ejemplo, a la educación y el suministro de incentivos financieros para que los niños pobres asistan a la escuela

•  crear un régimen internacional justo de migraciones que pueda regular los flujos de personas de manera que sea benéfico en términos económicos y sostenible socialmente tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados

•  mejorar la cooperación entre las instituciones financieras y otros donantes internacionales, consolidando el desarrollo y los esfuerzos de formulación de políticas de la comunidad internacional dentro de la ONU

•  abrir las instituciones financieras internacionales para aumentar el papel de los países en desarrollo y su subrepresentación en las estructuras actuales de la actual gobernabilidad y expandir su papel en, entre otras instituciones, el Foro de Estabilidad Financiera (FSF) y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

•  construir redes e instituciones globales enfocadas en la pobreza y la asistencia social, con el fin de actuar como contrapesos y poderes compensatorios de la Organizaciones Intergubernamentales Internacionales (IGO: la OMC, el FMI, el Banco Mundial, etc.) que manejan el mercado

•  instituir una revisión internacional sustancial del funcionamiento de las instituciones de Bretton Woods, creadas hace más de cincuenta años, y que ahora operan en un contexto económico que ha cambiado drásticamente

Si los países desarrollados quieren un rápido establecimiento de códigos legales globales para mejorar la seguridad y asegurar una acción contra las amenazas del terrorismo, entonces tiene que ser parte de un proceso de reforma más amplio de esta clase que encare la inseguridad de la vida en las sociedades en desarrollo.

¿Tenemos los recursos para poner en práctica un programa de esta clase? Es posible que nos falte la voluntad, pero no se puede decir que nos falten los medios. Lo prueban unos ejemplos dicientes. El presupuesto de la ONU es de US$1.25 miles de millones más la financiación necesaria anual para las operaciones de mantenimiento de la paz. Comparado con esto, los ciudadanos estadounidenses gastan US$8 miles de millones en cosméticos, US$27 miles de millones en productos de confitería, US$70 miles de millones en bebidas alcohólicas y más de US$560 miles de millones en autómoviles. (Todos estos datos son de fines de los noventas y deben ser bastante más altos ahora.) O tomemos la Unión Europea: sus ciudadanos gastan US$11 miles de millones en helados, US$150 miles de millones en cigarrillos y alcohol, y la Unión Europea y los Estados Unidos juntos gastan US$17 miles de millones en comida por año.

¿Qué necesitamos para realizar un cambio sustancial en el bienestar básico de las poblaciones más pobres del mundo? También hay estadísticas disponibles sobre este punto. Se necesitarían US$6 miles de millones anuales para la educación básica, US$9 miles de millones para agua potable y sanidad, US$12 millones para la salud reproductiva de las mujeres, y US$13 millones anuales la salud básica y la nutrición. Estos datos son sustanciales pero, al compararlos con los mayores gastos de consumo de los Estados Unidos y la Unión Europea, no están más allá de nuestro alcance.

Además, si se eliminaran todos los subsidios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se invirtieran en los países más pobres del mundo quedarían liberados US$300 miles de millones anuales. Se puede anotar también que un viraje de 0.5% de PIB global también liberaría US$300 miles de millones anuales. Adicionalmente, un pequeño viraje de los presupuestos militares y de ayuda (US$900 miles de millones anuales y US$50 miles de millones respectivamente) marcaría una clara diferencia en la agenda humana de seguridad. Es claro, entonces, que existen los recursos económicos para establecer reformas con el fin de ayudar a los países y poblaciones más pobres del mundo. Realmente la cuestión es la forma como asignamos los recursos disponibles, en beneficio de quiénes y con qué fin. No es una cuestión de que existan o no los recursos adecuados, es una cuestión de la forma como escogemos invertirlos. Podemos cumplir con el desafío a que se enfrenta tan claramente el mundo. Sabemos cuáles son los peligros y las respuestas están a nuestro alcance.

* Profesor de Ciencia Política de Graham Wallas en la Escuela de Economía de Londres. Entre sus libros están Democracy and the Global Order y Global Transformations.

* Traducción de Nicolás Suescún. Publicado bajo Licencia Académica de openDemocracy.