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UNP No.70
Título : Capital social, ¿una estrategia eficiente contra la violencia?
Autor : Isaac Dyner y Sebastián Jaén
Sección: Justicia
Fecha : Febrero 6 de 2005
Capital social, ¿una estrategia eficiente contra la violencia?

El Contralor de Bogotá solicitó al Alcalde la suspensión del Secretario de Salud, Román Vega. El proceso de liquidación de los contratos del régimen subsidiado de las vigencias 2001, 2002 y 2003 es el centro de la polémica. El año pasado, el doctor Vega solicitó al CID de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional realizar el proceso de depuración de las bases de datos para aclarar esta situación.

Hacinamientos, motines, fugas, corrupción y condiciones insalubres, son algunas de las aracterísticas comúnmente asociadas a los establecimientos de reclusión en el país.
Foto Archivo.

Isaac Dyner y Sebastián Jaén*

Colombia, más que ningún país de América Latina, experimentó la violencia con rezagos que llegan hasta hoy. La primera oleada, asociada con el conflicto político y de carácter principalmente rural, es conocida como "la violencia". La segunda, está relacionada con una amorfa combinación de narcotráfico, conflicto y delincuencia común, cuyo escenario ha cambiado principalmente a las zonas urbanas, y en la que el comercio de drogas se sitúa dentro del confuso rol de medio y fin a la vez.

Las cifras de homicidio en Colombia durante los últimos 30 años han rebasado la marca de 50 por cada 100 mil habitantes, la cual es el estándar para un país en conflicto bélico declarado. En 1991 se alcanzó la cifra promedio de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se registraron valores superiores a 100 ó 200. Aun en 2003, la cifra promedio en Colombia fue superior a 60 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Estas tasas son altas tanto en un contexto nacional, como en uno latinoamericano o hemisférico. Los países vecinos presentan un promedio de homicidios del orden de 20 por cada 100 mil habitantes, y las estadística de los países industrializados está por debajo de los 10, o incluso de los 5 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Por tanto, una situación como la vivida en Colombia suscita toda clase de iniciativas para tratar de comprender el problema. Particularmente en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, y el Instituto SER, se han adelantado trabajos desde distintos enfoques, con el propósito de analizar los elementos que podrían confluir para que la Nación sea violenta, y las formas para contrarrestarlo.

Un primer tópico de análisis fue la propuesta de reducción de penas que se dio a finales de los años noventa como mecanismo para descongestionar las cárceles colombianas. El argumento decía que si un infractor de la ley pasa menor tiempo en prisión, teóricamente habrá más espacio para otros internos, logrando así la ansiada descongestión.

Esta idea sería completamente correcta si no hubiera relación alguna entre castigo y crimen. Gary Becker, premio Nobel de economía, planteó que una persona tiene más posibilidades de incurrir en la delincuencia si se cumplen tres condiciones: probabilidad de captura baja, duración de la sentencia o castigo bajo, y beneficio económico alto por violar la ley.

De esta manera, se mostró cómo la política de rebaja de penas podría tener un efecto contraintuitivo, pues por un lado se libera una numerosa cantidad de internos por rebajarles la sentencia, consiguiendo temporalmente la descongestión. Sin embargo, por otro lado, penas bajas motivan la violación de las leyes, conduciendo a más infractores a las cárceles y, por ende, a mayor hacinamiento.

Esta primera consideración de un problema de administración de la justicia desde una óptica sistémica y de la teoría económica del crimen de Becker, fue revisada por Jasón Jair Hernández e Isaac Dyner; quienes responden y plantean nuevos caminos de investigación a los interrogantes que tal iniciativa suscitó dentro de la comunidad académica.

Posteriormente, se vio la necesidad de responder la pregunta obligada: ¿cuáles serían las políticas más pertinentes para atenuar o controlar el fenómeno de inseguridad en Colombia?

Trabajos como el de Fernando Gaitán, Armando Montenegro y Carlos Esteban Posada, Mauricio Rubio y Alejandro Gaviria, alentaron a seguir escudriñando dentro del paradigma económico las posibles políticas que eventualmente ayudarían a controlar el fenómeno violento en Colombia.

¿Delitos racionales?

El paradigma económico sostiene que un infractor de la ley sopesa los costos y los beneficios que obtendrá por violarla, y si los costos superan los beneficios, el infractor será disuadido de cometer el crimen. En caso contrario la ley será violada hasta que el Estado logre conseguir algún tipo de obstáculo. Se ha demostrado que la mayoría de delitos que tienen mayor impacto social en Colombia obedecen a acciones criminales racionales.

Pese a que el trabajo empírico de Isaac Ehrlich logró validar las tesis de Becker en los Estados Unidos, se pensó que sería pertinente evaluar estos supuestos en el medio colombiano. Con este fin se realizó una encuesta a 76 internos de la Cárcel Bellavista en el municipio de Bello (Antio-quia), obteniendo unos resultados parcialmente confirmatorios de las tesis de Becker y de algunas de las opiniones de Mauricio Rubio. Éste último afirma que de los tres elementos que plantea Becker, la probabilidad de ser capturado podría ser la que mayor impacto tiene dentro del razonamiento del infractor. En conclusión, se encontró que el Estado se percibía tan débil en 2002, fecha de la encuesta, que prácticamente efectuar la relación costo/beneficio era innecesaria para el infractor.

De esta forma, se pensó que todas las políticas que pudieran trabajar en los tres aspectos mencionados por Becker, y en especial el de aumentar la probabilidad de captura, serían las necesarias para enfrentar el fenómeno. Si bien es cierto que a inversiones altas en fuerza pública se perciben reducciones drásticas en la criminalidad, no obstante, se notó que estas políticas son muy poco sostenibles, es decir, cualquier abandono de la fuerza pública incita una reactivación rápida de la delincuencia. ¿Por qué?

La respuesta llegó de dos conceptos. El primero es el de "carrera criminal", el cual advierte que un infractor va ganando un aprendizaje que le permite burlar con más facilidad la ley y la captura, así maximiza el beneficio de sus operaciones ilícitas. De esta manera, a menos que la fuerza pública arranque de raíz la organización criminal, ella dejará rebrotes que con el tiempo y los recursos retoñarán en nuevas células criminales.

El segundo concepto es el de "capital social". En términos generales, es el grado de confianza o cohesión que existe entre los miembros de una comunidad y su capacidad para realizar tareas comunes. Robert Puttnam y otros, argumentan profusamente los beneficios del capital social para una nación. En Colombia, el investigador John Sudarsky desglosó un esquema que permite comprender la ponderación y priorización de valores en los ciudadanos.

Con los propósitos de trabajar en contra de la formación de la carrera criminal y fortalecer un capital social nacional, se pueden lograr avances significativos en la lucha contra la delincuencia en una sociedad. Pues la construcción de capital social, lejos de ser una política que actúa en contra de la acción policiva, se convierte en un catalizador de su eficacia y de su acción.

* Investigadores del Instituto de Sistemas y Ciencias de la Decisión de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.