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A pesar de la crisis, la desmovilización parece inminente.

Foto: Archivo / Unimedios

 

 

Los extravíos previsibles de un
camino sin regreso

La suerte está echada. En los próximos meses los colombianos conoceremos los verdaderos alcances y los frutos de la Ley de Justicia, paz y reparación. Una cosa es cierta: que ya no hay vuelta atrás.

Luis Alberto Restrepo M.,
Profesor asociado, IEPRI, Universidad Nacional

La negociación con los paramilitares ha sido tortuosa, pero concluirá con éxito. Es confusa porque involucra a por lo menos ocho sectores muy poderosos, movidos por intereses encontrados: las elites económicas y políticas de vastas regiones del país, los militares, el gobierno de Estados Unidos, la “comunidad internacional” (léase en este caso Europa), numerosas ONG colombianas y del exterior, la opinión pública y, desde luego, los ‘paras’ y el gobierno, que tienen también sus aspiraciones propias. No son, pues, de extrañar los reiterados contratiempos del proceso.

En abril del 2004 desapareció Carlos Castaño. El gobierno pidió a los ‘paras’ aclarar, pero éstos evadieron cualquier responsabilidad en el hecho. Ante la imposibilidad de aclarar el asunto, se instaló finalmente la mesa de negociación. En junio del 2004, ‘Jorge 40’ se atribuyó el secuestro del ex senador Jorge Gnecco. El gobierno amenazó con dar por terminado el proceso si Gnecco no era liberado. El jefe paramilitar se retiró temporalmente de Santa Fe de Ralito, pero finalmente optó por dejar en libertad al ex senador y volver a las negociaciones. En mayo del 2005, un juez ordenó la captura de ‘Don Berna’ por la muerte de un diputado. Inicialmente, el sindicado huyó y el gobierno lanzó una operación militar para buscarlo. Horas después, ‘Don Berna’ optó por entregarse y se reanudaron las desmovilizaciones, transitoriamente suspendidas. En febrero del 2005, el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, renunció a su cargo por discrepancias tanto con el proyecto de Justicia y Paz presentado por el Gobierno como con el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt. El presidente no le aceptó la renuncia y superó la crisis. En mayo del 2006, se conoció el fallo de la Corte constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, por el cual se la endurece notablemente. Define, entre otras cosas, que los jefes paramilitares deben ser recluidos en prisiones, que el tiempo pasado en Ralito no puede ser tenido en cuenta como parte del cumplimiento de la pena, que los que oculten algún delito en su primera confesión pierden todos los beneficios contemplados en la Ley, que los jefes paramilitares tienen que reparar a sus víctimas echando mano incluso, si fuera necesario, a los bienes adquiridos legalmente. Además, por razones de procedimiento rechazó la caracterización del paramilitarismo como delito político, abriendo así una puerta a la extradición. De inmediato, los ex ‘paras’ rechazaron la sentencia que, a su juicio, les cambia el marco en el que se habían desmovilizado. El nudo central de sus preocupaciones es el de la posible extradición, como lo afirmó su vocero ‘Ernesto Báez’. Aunque el presidente Uribe les ha prometido no extraditarlos mientras estén en proceso de paz, ellos aspiran a blindar el compromiso con una norma permanente. Este punto, el más espinoso de la negociación, sigue pendiente. Pero tales intentos chocarán siempre con el veto estadounidense.

La más reciente crisis se produjo el lunes 14 de agosto, cuando Uribe, presionado por la opinión nacional, Estados Unidos y la comunidad internacional, ordenó la entrega inmediata o la captura y reclusión de los jefes paramilitares. Dieciséis de ellos fueron detenidos. Luego, dos fueron liberados por no existir procesos en su contra. Pero veintidós permanecen aún libres, entre los que se cuentan jefes como Rodrigo Tovar (‘Jorge 40’) y Vicente Castaño, acusado ahora del asesinato de su hermano Carlos. El gobierno no se muestra afanado por capturarlos.

A pesar de estas crisis, el desmonte de los grupos paramilitares es una necesidad imperiosa de sus principales protagonistas: el gobierno y los paramilitares. El gobierno de Uribe necesita el desmonte paramilitar. Si quiere recuperar el monopolio de la violencia legítima para el Estado, requiere desmontar los grupos ilegales, comenzando por los que, al menos en apariencia, le son menos hostiles. Entre otras cosas porque, suponiendo que quisiera combatirlos a todos por igual, no está en capacidad de hacerlo. Por otra parte, el éxito de sus dos gobiernos sucesivos y de la política de Seguridad democrática no se medirá por la continuidad indefinida de la guerra, sino por sus avances hacia la paz. Y, tras el fracaso de Pastrana en las conversaciones con las Farc, lo más inmediato es procurar el desmantelamiento paramilitar.

También los ‘paras’ necesitan urgentemente una salida. No solamente, como se repite, porque sea la única escalera de escape a la extradición, sino también por otras poderosas razones. Como fuerza contrainsurgente los paramilitares están liquidados. Tras su ‘éxito’ en el combate contra el ELN, chocaron con el poder de las Farc, que venía infligiéndoles costosas derrotas. Y, si renunciaran a ese propósito, quedarían reducidos a meros narcotraficantes, más expuestos que nunca a la extradición. Por otra parte, el mayor enemigo de los jefes ‘paras’ son ellos mismos y sus propias bases. Así lo demuestran los asesinatos de ‘Rodrigo’ o ‘Doble Cero’, Carlos Castaño, Miguel Arroyave, ‘Rodrigo Cadena’ y otros jefes. No sería extraño que en el futuro continúen los mutuos ajusticiamientos. Entre ellos reina la desconfianza y el temor recíprocos.

Finalmente, los jefes ‘paras’ saben que si no arreglan su situación con Uribe, luego les será imposible. En realidad, se encuentran en situación de extrema debilidad. Solo tienen un arma, pero es poderosa: lo mucho que saben del gobierno, de los militares, de las elites regionales y hasta de los mismos Estados Unidos. Este es su último recurso en la negociación, sin duda tácito y extremo, pero decisivo. Y puede sellar también su futura sentencia de muerte.

En estas condiciones, las crisis del proceso no implican un riesgo de fracaso. Son cartas de negociación. No se puede excluir que uno u otro jefe ‘para’ vuelva al monte o a la clandestinidad, pero allí no tienen futuro. A estas alturas les resulta casi imposible reconstruir sus ejércitos. Sus bases, dispersas y abandonadas, los miran con resentimiento. Además, quedan convertidos, ahora sí, en enemigos obligados del Estado y en blanco simultáneo de las Farc, del Ejército y hasta de sus antiguos subalternos.

Desde su comienzo en diciembre del 2003, los resultados del proceso son innegables: 14 jefes paramilitares detenidos, todos desmovilizados, entrega de más de 30.000 hombres y numerosas armas, sensible disminución de los asesinatos, masacres y secuestros en casi todo el país. De reclamarse como actores políticos, los ‘paras’ van convirtiéndose en sujetos de procesos penales. Si antes se paseaban como salvadores de la nación, ahora empiezan a aparecer como lo que son: como simples criminales.

Desde luego, estamos muy lejos de lo que exige el sentido moral de la verdad, la justicia y la reparación. Pero, si se atiende a la realidad, hay que tener en cuenta que los juicios a los crímenes masivos de lesa humanidad sólo culminan dos o tres décadas después, gracias a la presión de la comunidad nacional e internacional. Como suele acontecer, de la disolución de los ejércitos paramilitares se derivarán nuevos fenómenos de violencia, quizás más agudos, pero en cualquier caso menos graves que los precedentes. Entretanto, los grupos paramilitares, como los conocimos, han desaparecido. Y éste puede ser un paso decisivo hacia la paz.

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