No obstante el aumento en la fumigación, el área sembrada no disminuyó.

Foto: Archivo / Unimedios

 

 

El Fracaso del Plan Colombia

Basado en una teoría de Thomas Kuhn y en cifras de lo que ha estado pasando con el negocio de la coca y la cocaína en los últimos seis años, el doctor Pardo se pregunta si no habrá llegado la hora de cambiar ese paradigma que se llama Plan Colombia.

Rafael Pardo Rueda,
Ex Ministro de Defensa Nacional

En el conocido ensayo Estructura de las Revoluciones Científicas, Thomas Kuhn plantea lo que pasa cuando un cuerpo de conocimientos, convencionalmente aceptado como la teoría dominante, deja de tener la capacidad de explicar todos los eventos de esta área. Ciertos hechos no corresponden con lo prescrito por la teoría convencional y se dejan ahí, como anomalías. Pero cuando el número de anomalías es de una cierta dimensión se pone en cuestión la teoría misma y se genera otro conjunto de conceptos que forma una nueva teoría.

Sin ánimo de comparar a la física teórica con algo tan banal y tan sucio como el negocio ilegal de drogas, lo que está pasando en este campo es que el paradigma dominante, la teoría convencional, ha dejado de explicar lo que pasa y, por tanto, la política, derivada de esta teoría, está fallando como un carro viejo. Cada rato le aparece un nuevo daño, o anomalía, que se pretende explicar puntualmente, pero el cúmulo de anomalías es tal que el paradigma está en crisis y hay que reemplazarlos.

Miremos. El Plan Colombia fue una iniciativa que respondía al cambio que había tenido el negocio de las drogas. Hasta mediados de la década de los noventa el negocio de la coca tenía como características básicas estos rasgos: La hoja de coca se cultivaba principalmente en Perú y Bolivia, que producían 80% o más de la hoja, y allí se procesaba en pasta, que se trasportaba en pequeños aviones por la cuenca amazónica del territorio colombiano, donde se mezclaba con insumos químicos y se convertía en cocaína. Se enviaba a Estados Unidos, que consumía el 90 % de la cocaína del mundo.

Los carteles formados por colombianos tenían control al acceso al mercado norteamericano. A mediados de los noventa se dieron dos trasformaciones sustanciales: La primera, que los carteles colombianos fueron destruidos y el control de acceso al mercado norteamericano pasó a carteles mexicanos. La segunda, que por una combinación de eventos se redujo el área bajo cultivo en Perú (Valle del Huallaga) y en Bolivia (Valle del Chapare), y Colombia se convirtió casi de la noche a la mañana en el mayor productor de hoja de coca. De un año a otro, del 94 al 96 Colombia pasó de tener veinte o treinta mil hectáreas adecuadas para siembra de coca a tener casi doscientas mil. Además, estos nuevos cultivos se ubicaron todos en zonas donde las Farc tenían fuerte presencia en el suroccidente del país. Estas doscientas mil hectáreas de hoja de coca fueron el motor del crecimiento de las Farc en la última década.

Estas trasformaciones en el negocio de la coca motivaron una aproximación distinta al control de este negocio ilícito. El racional en la lucha antidroga es afectar la oferta para dos cosas. Primera, para disminuir el suministro de alcaloide a los mercados. Segundo, para elevar el precio al consumidor, lo que disuade a nuevos consumidores para entrar al vicio. El Plan Colombia, por tanto, era un enfoque adaptado a la nueva realidad del negocio en la que un alto porcentaje del área cultivada estaba protegida por un grupo armado en zonas de difícil acceso. De ahí la necesidad de reforzar al Ejército como la única fuerza con capacidad para proveer seguridad en la erradicación en estas zonas.

Los primeros tres años del Plan Colombia, que comprende no solo ayuda militar, sino también programas de fortalecimiento institucional y desarrollo social en las áreas donde se cultiva la coca, fueron bien manejados y se cumplieron las metas, que eran reducir a la mitad el área sembrada de coca en seis años. En el 2003 se había reducido en 37,5% y se estaba muy cerca del 50%.

Las primeras anomalías, sin embargo, empezaron a observarse. A pesar de la impresionante reducción del área sembrada el precio en las calles, en los mercados consumidores, en lugar de subir bajaba o, en el mejor de los casos, se mantenía estable. Se dijo entonces que era que había grandes cantidades de cocaína almacenada y que los narcos la sacaban y así mantenían el precio estable. Linda la explicación, pero la dieron las agencias nacionales e internacionales más serias. Luego, en el 2005, el año pasado, empezó otra anomalía. A pesar del aumento en la fumigación, el área total sembrada no disminuyó sino una pequeña fracción. Mientras en el 2000 había que fumigar 3 hectáreas para erradicar una, en el 2005 hubo que fumigar 22 hectáreas para erradicar una. La fumigación había llegado a su nivel de ineficacia.

Luego, en este año, apareció una medición de áreas sembradas de coca que mostraba un aumento. Se dijo que lo que pasaba es que esa medición incluía áreas que antes no estaban siendo observadas en los vuelos de satélite y que no era por tanto comparable. La pregunta es si esas zonas no reportadas antes tenían o no tenían coca sembrada. La última anomalía fue la publicada recientemente en la revista Cambio, que divulgó un reporte avalado por el gobierno que mostraba que la producción total de cocaína procesada que salía de Colombia no había disminuido de 900 toneladas a menos de quinientas al año, como se venía diciendo, sino que estaba casi igual que hace cinco años.

Toda esta lucha ha costado miles de vidas a los colombianos, cientos de miles de hectáreas de selvas destruidas por los cultivadores y fumigadas por las autoridades, cinco mil millones de dólares financiados por Estados Unidos y una cifra no inferior del presupuesto colombiano. Y al final tenemos que no se sabe ni la efectividad de la política, ni el área sembrada, ni la cantidad producida de coca. Y el precio sigue igual y el consumo, igual, y la plata para los grupos ilegales, igual. Además, la extradición, instrumento discutido, pero excepcional y orientado únicamente a los jefes del negocio, se volvió masivo, indiscriminado y dirigido a mandos medios y bajos del negocio, lo que, además, sustituye la justicia nacional. Los grandes, en cambio, están protegidos por la negociación de los ‘paras’ con el gobierno.

Ante tantas y tantas anomalías, ¿no habría que revisar el paradigma que sustenta la política antidrogas? ¿No habría que sentarse a mirar en detalle, con los mejores académicos y analistas, qué es lo que está pasando? ¿Qué funciona y qué no? Volviendo a Kuhn, cuando una teoría pierde la capacidad explicativa y aparecen tantas anomalías inexplicables es que ha llegado el momento de otro paradigma.

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