La Universidad Nacional defiende las finanzas públicas

Un convenio interadministrativo entre la Universidad Nacional y el IDU le ha ahorrado a Bogotá más de 46 mil millones de pesos. Infraestructuras con problemas, como las de la Avenida Boyacá, el conector de la Calle 80 con Autopista Norte, las troncales de TransMilenio o el polémico relleno fluido, entre otras, han pasado por el ojo riguroso de 62 expertos de distintas disciplinas, cuyos conceptos han sido fundamentales para que los responsables reparen. Una malla vial y un espacio público más seguros están garantizando el bienestar de los ciudadanos. Con ello se marca un hito en la ingeniería del país.

 

Dan Zollinger y los ingenieros de la Universidad dieron el concepto sobre el relleno fluido, hoy en proceso jurídico.

Foto: cortesía Convenio 067 IDU-UN

 

A propósito de las acusaciones
contra convenios de la UN

En días pasados algunos medios de comunicación hicieron eco de una denuncia sobre manejos irregulares en los convenios interadministrativos celebrados entre el IDU y la UN, en particular sobre el 067 de 2002. Pero “lo que algunos quieren dejar como un hálito de duda, no solamente no es pecaminoso, sino que es virtuoso”. Por eso, UN Periódico muestra la transparencia de un proyecto innovador en la administración de los activos públicos, que está asegurando la calidad de la infraestructura en Bogotá y el bienestar de sus habitantes.

Nelly Mendivelso R.
María Claudia Rojas R,
Unimedios

Como si rodaran sobre una superficie de jabón, los vehículos no obedecían al freno. Camiones cargueros se llevaban carros chicos por delante. Una cascada de cinco o seis automotores terminaban con la trompa y el baúl plegados por el choque de latas. Y ni hablar del exasperante trancón. Episodios que se habían vuelto frecuentes para vecinos y transeúntes de la Avenida Boyacá con Calle 140. Una señal de que algo andaba mal.

En efecto, un concepto de alta tecnología demostró que el exceso de asfalto aplicado al pavimento en una labor de mantenimiento fue la causa de que varios vehículos se deslizaran involuntariamente, como si andaran sobre una pista de hielo, y protagonizaran varios accidentes con choques múltiples en esta importante vía del norte de Bogotá. Incluso hubo heridos leves. Este concepto se dio dentro del convenio IDU-UN, Proyecto Distrito de Mantenimiento Fase I.

“El problema era tan grave que uno caminaba y se pegaban los zapatos”, recuerda un ingeniero civil. Así perdió sus zapatos cuando medía la fricción de las llantas contra el asfalto con el péndulo TRRL, una tecnología escasa en el país y precisa para determinar la resistencia al deslizamiento del pavimento, problema más evidente en momentos de lluvia.

Llegar a este concepto implicó, además, constatar la deficiencia de la textura de la superficie vial y el exceso de asfalto. Lo primero se probó mediante el ensayo de Mancha de Arena, clave para evaluar la rugosidad del pavimento. Lo segundo, se explicó por la no adherencia de la emulsión en la capa de rodadura del pavimento, deficiencia puesta a prueba cuando una espátula levantó fácilmente el estrato más superficial.

Desde cuando Bogotá decidió mejorar la calidad de sus procesos constructivos, este tipo de fallas en la infraestructura urbana tiene un responsable. Ya los contratistas no pueden hacerse los de la vista gorda y deben garantizar la calidad y estabilidad de sus obras.

Para asegurarse de ello, las últimas administraciones distritales se apoyan en el trabajo calificado y multidisciplinario de 62 profesionales de la Universidad Nacional que desde 1998 hacen el seguimiento técnico, jurídico y administrativo de los contratos con póliza de estabilidad vigente, para el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), cumpliendo con lo estipulado en el artículo 4, numeral 4, de la Ley 80 de 1993.

La argumentación técnica de la UN sobre las fallas en obras ejecutadas por las firmas que contrata el IDU les ha significado a Bogotá y a sus contribuyentes la recuperación de casi 46 mil millones de pesos, a partir de reparaciones y procesos legales en 1.017 contratos, durante los últimos cuatro años. Este valor podría ser mayor si se pudiera cuantificar la seguridad y la perdurabilidad de las obras en las que el seguimiento está garantizando una mejor ciudad.

Por ejemplo, en el caso de la Avenida Boyacá con Calle 140, después del concepto emitido por los expertos de la Nacional: “Responsabilidad del contratista en un mal proceso constructivo…”, éste debió hacer un fresado (quitar espesor de la capa asfáltica) de unos tres centímetros y poner el adecuado, lo que le resultó costoso, pues era un parche de tres carriles en 10,8 metros de ancho por 60 metros de largo. Total estimado: 20.820.163 pesos.

Tras la pista de los contratos

En 1998 el IDU llamó a la Universidad Nacional y ésta, a través del Centro de Extensión de la Facultad de Artes, inició el seguimiento a obras recientes, soportado en convenios interadministrativos de cooperación. Como lo explica el coordinador técnico del convenio, Fabián Álvarez, “el ánimo era proponer metodologías integrales que le permitieran al Distrito recuperar inversiones de obras públicas que presentaban daños al poco tiempo de recibidas, hecho sin precedentes en la gestión pública del país”.

Desde esa fecha se han firmado seis convenios con cinco directores del IDU (ver cuadro 1). El convenio vigente es el 067, firmado en diciembre del 2002 y adicionado hasta la fecha por un monto de $12.673.263.967, que contempla el seguimiento poscontractual de obras en malla vial (vías, carreteras, troncales y ciclorrutas), en espacio público (andenes, plazoletas y alamedas) y otras (estaciones de TransMilenio, puentes, estructuras de contención, distritos de mantenimiento en vías importantes, como la carrera Séptima, las avenidas 68 y Boyacá, entre otras).

Como se sabe, por ley toda obra de infraestructura pública debe tener una póliza de estabilidad vigente durante los cinco años siguientes a su construcción. “La Universidad ha venido desempeñando este seguimiento, que no significa construir o participar directa o indirectamente en licitaciones o contrataciones, como equivocadamente se le ha dicho a la opinión pública”, indica el ingeniero Daniel Rojas, Director del Centro de Extensión.

Para cumplir con los fines estatales, la Ley 80 de 1993, en su artículo 24, establece la celebración directa de contratos interadministrativos entre entidades públicas. Por eso, el convenio entre el IDU y la Universidad Nacional “se ampara en razones de la función pública y de orden constitucional, que apuntan a la eficiencia, transparencia, celeridad, calidad, economía, seguridad y urgencia que justifican ampliamente la selección del contratista, no por licitación pública, sino por contratación directa, que no es una contratación ‘a dedo’ como pretende sugerirse”, anota el jurista Félix Hoyos, especialista en temas de contratación.

Hacer seguimiento a las 1.923 obras previstas en el convenio 067 implica un proceso que evalúa particularmente documentación contractual, diseños, calidad de los materiales y procedimientos constructivos. La metodología propuesta por la Universidad Nacional, sin precedentes en el país, se concreta en los siguientes pasos.

A partir de una documentación básica, a cada una de las obras se le asigna un ingeniero de campo para la visita de ley. En caso de que existan daños se hace el levantamiento detallado de ellos (fotografías y daños georreferenciados) y se definen responsabilidades. Si se determina técnicamente que es el contratista quien debe asumir las reparaciones, se elabora un requerimiento por el cual se coordina una visita con la Universidad Nacional para analizar los daños en la obra y llegar a un acuerdo de reparación. “Si el contratista no responde a ese requerimiento o incumple los compromisos adquiridos, iniciamos un proceso de aplicación de póliza y el IDU hace efectiva la garantía”, dice el ingeniero Fabián Álvarez.

Un acta legaliza el plazo para entregar la reparación, que debe ser recibida a satisfacción por parte de los ingenieros de la UN. De lo contrario, se ordena una segunda reparación, que de ser hecha de forma deficiente lleva a un proceso legal. De esta manera, de 1.923 contratos atendidos, 1.017 han tenido daños y requerimientos. De éstos, en 304 se ha aplicado póliza, mientras 21 están en proceso jurídico. Multiplicando y dividiendo se evidencia que el 53% de las obras ejecutadas en los últimos años en Bogotá han tenido problemas. Los interrogantes serían: ¿qué pasa con los contratistas a la hora de asumir el compromiso de construir obras en la ciudad?, ¿qué puesto ocupa la calidad?

Capítulo aparte merecen los 22 conceptos técnicos especiales solicitados por el IDU. En ellos la cuantía de los daños es grande y se busca hallar su causa y el responsable. Por la lupa de los profesionales de la Universidad Nacional han pasado problemas como el de la Avenida Boyacá, mencionado arriba, el conector de la Calle 80 con Autopista Norte, las troncales Calle 80, Autopista Norte, Avenida Caracas y Eje Ambiental, el desgaste acelerado de adoquines en Fontibón, la estabilidad de taludes en la vía Usme-La Regadera y la socavación de un pontón sobre la Quebrada de Limas en Ciudad Bolívar, entre otras.

Incluso la investigación más reciente y polémica, relacionada con el comportamiento del material relleno fluido utilizado en la Autopista Norte y la Avenida Caracas, vías por las que circula TransMilenio, “demostró que éste es un material susceptible a la erosión, con gran capacidad de absorción de agua, que la atrapa fácilmente, pero no la deja salir ni siquiera con el uso de sistemas de subdrenaje convencionales”, señala el concepto técnico para el IDU.

La complejidad de este problema no sólo reunió por primera vez en un concepto especial el saber de geólogos, químicos e ingenieros, soporte del análisis adelantado por la Facultad de Artes, sino que implicó traer un experto en materiales y pavimentos de la Universidad de Texas A&M, el ingeniero Ph.D. Dan Zollinger, que “confirmó la información generada desde un principio por la Universidad”, anota la ingeniera industrial Rebeca Becerra, encargada del Sistema de Gestión de Calidad.

Contrario a la desinformación que atribuye la labor de seguimiento a un grupo reducido de académicos, el convenio 067 cuenta con 62 profesionales agrupados en varios departamentos: uno Técnico, conformado por ingenieros civiles, geotecnistas, estructurales, de transportes y ambientales; uno Jurídico, con cuatro abogados, y Otros, que incluye ingenieros de sistemas, catastrales e industriales y administradores.

“Nuestro trabajo no amerita la subcontratación de firmas de consultoría o de otra índole, puesto que el grupo de profesionales es idóneo y cualquier proyecto cuenta con un profesor especialista para cada necesidad”, dice la ingeniera Becerra. Ello no quiere decir que en asesorías puntuales, especialmente en ensayos de laboratorio con equipos especializados o perforaciones para toma de muestras, no se haya contado con el servicio de otras universidades y empresas certificadas, como la Universidad de los Andes, la Escuela Colombiana de Ingeniería, EIE y Suelos y Pavimentos, tal como lo registran documentos públicos.

Edificando en lo social

Para la Universidad Nacional imbuirse en la sociedad ha sido el mayor beneficio. En primera instancia porque se han formado estudiantes y futuros profesionales, que se retroalimentan de las dinámicas cotidianas del sector de la construcción de obras públicas, pues sus docentes, que además amplían su formación profesional con estudios en el exterior, están trabajando en proyectos reales. El alcance de este conocimiento se revierte en el desarrollo de investigaciones en metodologías pioneras y de capacitación para las comunidades no vinculadas a la Universidad, así como en el acompañamiento a las comunidades más marginales del país.

En segunda instancia, porque el proyecto de seguimiento ha suscitado desarrollos tecnológicos que garantizan eficiencia y transparencia de una misión tan seria como construir ciudad. Un ejemplo claro de ello se dio con el diseño del Sistema de Información de Pólizas (SIP), ciento por ciento creatividad de los ingenieros de sistemas vinculados al convenio. Este software registra minuciosamente cada uno de los pasos ejecutados en el Convenio 067 y sus avances. Con esta base de datos el IDU y la Universidad Nacional establecen comunicación en tiempo real. Allí se encuentran georreferenciadas las obras en seguimiento, el inventario uno a uno de los daños determinados en cada visita, fotografías de ellos y de las reparaciones, objeto y datos contractuales, información de contratistas, del interventor, el ingeniero de campo, conceptos técnicos y la parte legal.

Con la capacidad de autorregularse y supervisarse, el Centro de Extensión de la Facultad de Artes implementó un Sistema de Gestión de Calidad con el modelo ISO 9001, versión 2001, único certificado en el país para el seguimiento de pólizas. “Con ello estamos garantizando que existe planeación, ejecución, seguimiento y correctivos, a través de indicadores de gestión”, dice Rebeca Becerra, coordinadora de esta área.

Mediante auditorías internas y externas, la Universidad identifica conformidades y no conformidades del IDU para tomar correctivos y asegurar su satisfacción. Por eso, en abril pasado, la firma internacional BVQi certificó con sello de calidad al Sistema, lo que se convierte en un plus para la Universidad, al contar con procesos estandarizados.

La claridad de la Universidad Nacional en cada uno de los compromisos que adquiere con la Nación se refleja en la reinversión del 20% de dinero percibido por gastos de administración, que no es plata de un solo bolsillo. Todo lo contrario, se traduce en investigaciones para el desarrollo del país y becas para profesores y estudiantes de posgrado, como explicó el Rector, Moisés Wasserman, a los periodistas en días pasados, sustentado en la función de Extensión contenida en el Acuerdo 04 de 2001: “… es una manera de hacer partícipes a los sectores sociales que conforman la Nación colombiana de la actividad académica e investigativa generada en la Universidad Nacional”. Así, “lo que algunos quieren dejar como un hálito de duda, no solamente no es pecaminoso, sino que es virtuoso”, dijo con vehemencia el rector.

Es importante anotar que los recursos recibidos por concepto de Extensión son reinvertidos estrictamente en la academia. Así lo establece el literal C del acuerdo mencionado, entre los que se cuenta el financiamiento de becas a los mejores estudiantes de pregrado y a profesionales recién egresados, quienes continúan sus estudios y profundizan en áreas de investigación. Una parte importante de los recursos se utiliza en la adquisición de equipos y herramientas para la investigación y la academia.

El convenio 067 ha reinvertido en la adquisición de equipos de última generación, importantes en la parte de geotecnia y pavimentos: un georradar, un rugosímetro, un FWD, un triaxial cíclico, perfilógrafos, que permiten obtener una radiografía del estado del pavimento sin necesidad de destruirlo, PDA para capturar información de campo, cámaras digitales, odómetros y vehículos.

No sólo este proyecto es ejemplo de la vinculación de la Universidad con la sociedad. La Facultad de Artes, además, desarrolla seis programas prioritarios: el urbanismo y la vivienda popular, la calidad técnica del espacio público, el diseño y la arquitectura escolar y de bienestar social, el mobiliario y la archivística institucional, desarrollo cultural y educación, y capacitación artística.

Acusaciones sin fundamento

Si es claro que la Universidad Nacional, al igual que las universidades en el mundo, genera nuevas posibilidades de desarrollo y fuentes de trabajo, ¿quiénes quieren desacreditar su misión social? Hay dos respuestas posibles.

La primera se asocia con el proceso jurídico que se adelanta por las responsabilidades en la construcción de la fase I de TransMilenio. “Está próximo a salir el fallo jurídico, soportado en los estudios contundentes de la Universidad Nacional. Quizá esto afecta intereses cuya respuesta ha sido desacreditar lo que hacemos y entorpecer el nombre de la UN”, argumenta el ingeniero Daniel Rojas, Director del Centro de Extensión de la Facultad de Artes.

La segunda, la formula el propio Rector: se acude a la tendencia proteccionista, muy arraigada en la cultura colombiana. Según su visión, pasa mucho que los colombianos en lugar de medirse competitivamente y tratar de crecer e innovar, lo que tratan siempre es de proteger su pequeño nicho para no dejar que otros interfieran. “Seguramente, hay algunos que sienten que la Universidad se está inmiscuyendo en cosas que no le corresponden. Se trata de intereses cortoplacistas, que prefieren eliminar un aparente competidor duro, como es la UN –¡por supuesto, porque es una potencia de conocimiento!–, para hacer negocios pequeños a cambio de usar los resultados de sus proyectos para generar nuevas iniciativas que serían, incluso, más rentables para el sector privado”.

Estas injurias no son nuevas. Lo cierto es que desde su tradición, la Universidad Nacional seguirá aportando con su saber como cuerpo consultivo del Estado, siempre apoyando a la sociedad colombiana.

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