Esta es una discusión política a la que la opinión pública debe estar atenta.

Foto: Archivo / Unimedios

 

 

Negociación Política del Presupuesto Nacional 2007

Este artículo interroga al lector sobre cómo va a ser la ley del Presupuesto Nacional del próximo año e indica hasta dónde van a verse o no beneficiados los colombianos.

César Giraldo,
profesor asociado
Universidad Nacional de Colombia

El gobierno presentó a la aprobación del Congreso el Presupuesto Nacional para el 2007, cuyo monto asciende a $97,5 billones que corresponden al 29,6% del PIB1. Debido al monto de los recursos se supone que es la negociación económica más importante del país. Pero en la práctica el gasto ya está repartido de antemano. El 90% se distribuye en servicio de la deuda (39%), seguridad nacional (16%), transferencias territoriales (18%) y pensiones (17%). Son estos rubros los que deben ser afectados si se trata de ajustar las finanzas públicas. En efecto, el ajuste se ha venido haciendo por el lado de las pensiones (cuyos beneficios se han venido recortando) y en las transferencias territoriales, para lo cual se anuncia un recorte.

Ni la deuda ni el gasto en seguridad interna serán recortados. Esto refleja en la práctica las prioridades del gobierno. En el caso de la deuda, el 81% es deuda interna. Esa deuda consiste en los TES que el gobierno ha colocado en el mercado de capitales, que para agosto ascendía a 106 billones de pesos, el doble de la deuda pública externa. En los TES están invertidos la mayor parte de los activos del sistema financiero, las reservas para pensiones de los trabajadores, los recursos del Fosyga para salud y los excedentes de las entidades públicas (por ejemplo los de Ecopetrol). Todos ellos serían afectados si el gobierno llegase a un punto en el que no pudiese responder por la deuda pública.

El servicio de la deuda está creciendo de manera rápida y preocupante. Estamos regresando a la situación que existía al final del gobierno de Pastrana Arango, cuando el servicio de la deuda era el mismo porcentaje con respecto al Presupuesto nacional que se tiene hoy. En ese momento (2002) estábamos cerca de una crisis financiera y fiscal que se evitó por dos motivos principales. De una parte, el apoyo de Estados Unidos a Uribe, que se concretó en líneas de crédito en el Banco Mundial y en el BID, y en la garantía que tales entidades dieron a los bonos que Colombia colocó en la bolsa de Nueva York. De otra parte, en el primer mandato Uribe se presentó una revaluación del peso que tuvo como efecto una reducción del monto de la deuda en pesos. Dada esta coyuntura, el gobierno aprovechó para prepagar una parte de la deuda externa. Sin embargo, en este momento el efecto de la revaluación ya fue absorbido y en materia de deuda estamos otra vez cerca a una crisis.

Atrás dijimos que el Presupuesto está preasignado de antemano. A esto hay que sumar que el Congreso sólo puede aprobar el proyecto de Presupuesto que presenta el gobierno y, en caso de rechazarlo, el gobierno lo expide por decreto. En realidad no estamos frente a una negociación del Presupuesto, sino a una dictadura fiscal. De manera que la negociación real del Presupuesto está por fuera del escenario formal de su aprobación. La negociación de fondo está en la aprobación de las normas que distribuyen los beneficios del gasto público y las cargas tributarias. Y esa discusión en la actualidad tiene que ver con la reforma tributaria y los cambios anunciados en las transferencias territoriales y en las rentas parafiscales. Veamos cada uno de estos tres puntos.

El primero, la reforma tributaria, ya fue presentada, por enésima vez. Su componente principal para recaudar recursos es extender el IVA a los bienes de la canasta familiar que no estaban gravados (la papa, el plátano...), eliminar los beneficios tributarios a los asalariados (por ejemplo, descuentos por educación, salud y vivienda) y cobrarles impuestos a los informales a través de una especie de IVA presuntivo (que significa que mediante algún mecanismo funcionarios de la Dian van a fiscalizar cada pequeño negocio y de acuerdo a lo que verán presumirán cuánto serán las ventas y sobre eso liquidarán el impuesto). Por otra lado, la reforma, respecto a las empresas, contempla bajar del 36 al 32% la tarifa del impuesto a la renta, descontar en el cálculo del impuesto los gastos de inversión en activos fijos, eliminar el impuesto de remezas de utilidades al exterior y eliminarles la renta presuntiva. Resulta curioso que mientras al informal se le introduce un impuesto presuntivo al capital se lo estén quitando. Y mientras un grupo de funcionarios deberá recorrer el país buscando tiendas, costureras y peluqueros para presumirles el IVA, otro grupo deberá caminar la geografía nacional buscando pobres para devolverles el IVA, que es como piensan compensar el efecto regresivo de la reforma.

Las contradicciones en cuanto a la reforma tributaria empiezan a aflorar, incluso dentro del gobierno. Por ejemplo, el Presidente Uribe pidió restablecer los beneficios para vivienda, para aportes a pensiones y para cultivos de rendimiento tardío (léase palma africana, que el país ya conoce quiénes la cultivan); el Ministro del Interior está buscando una contribución adicional para la seguridad; el de cultura, que no se le desmonten los beneficios al sector. Los banqueros están pidiendo la eliminación del cuatro por mil mientras que a Uribe se le ocurrió que un punto podía ser utilizado para financiar el microcrédito. Cuenta la revista Semana (edición 1268) que ya hay una avalancha de “empresarios y representantes gremiales que han enviado cartas al Ministerio de Hacienda pidiéndole que les mantengan los beneficios tributarios”. Además, los empresarios con más capital le pedirán a los congresistas, a quienes les financiaron las campañas electorales, que les devuelvan el favor defendiendo los beneficios tributarios que históricamente han tenido. Desafortunadamente, no podrán hacer lo mismo los asalariados, los trabajadores del sector informal y el pueblo en general, que serán los más golpeados con la reforma, porque no tienen esa capacidad de lobby frente al Congreso.

El segundo tema con implicaciones presupuestales es el anuncio del gobierno de redefinir las transferencias territoriales. Un sector importante del Congreso manifiesta su malestar con el anuncio del recorte de tales transferencias, no sólo porque para algunos congresistas tales recursos son vitales para la lubricación del clientelismo, sino porque de todas formas las transferencias están financiando el 70% del gasto social (principalmente salud, educación, acueducto y alcantarillado).

El tercer tema es el anuncio sutil, en el proyecto de Presupuesto nacional para el 2007, de absorber los recursos parafiscales (Sena, Icbf y Cajas de Compensación Familiar, entidades que ejecutan gasto social) y los recursos propios de las entidades. Dice el gobierno en el mensaje al Congreso que “las contribuciones parafiscales y los recursos propios de los Establecimientos Públicos atan un ingreso de la Nación, lo destinan a un fin específico y, por ello, conceptualmente se asemejan a las rentas de destinación específica, el Gobierno considera prudente que se evalúe también la situación de dichos instrumentos y entes”. Los anuncios sobre los parafiscales generan confusión y ponen en peligro los programas de atención materno-infantil, de capacitación laboral y el subsidio familiar a los asalariados de menos de cuatro salarios mínimos. Además, se trataría de una reforma tributaria escondida, porque se les echaría mano a los “recursos propios de las entidades”, que es lo que recogen mediante la venta de servicios. Es decir, inicialmente a las entidades las obligaron a autofinanciarse vendiendo servicios y ahora el gobierno central reclama para sí tales recursos.

La pelea por los recursos públicos va a estar intensa. Está por verse al final del proceso quién terminará pagando los platos rotos. Esta es una discusión política a la que la opinión pública debe estar atenta porque “camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”.

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