La travesía marítima, larga y peligrosa, es fácil de realizar sin conocimientos de navegación.

Foto: AFP

 

 

El sueño europeo separado por el mar

Las migraciones ilegales desde África siguen creciendo. Ahora, según este análisis, se ha incrementado la llegada de estos viajeros a Portugal y España, sobre todo a las Islas Canarias.

Ana López Sala,
Departamento de Sociología, Universidad de La Laguna

España se convirtió durante la década del 80 y por primera vez en su historia reciente en un país de destino de flujos internacionales de población. La transición migratoria española, simultánea a la observada en otros Estados vecinos (Portugal, Grecia o Italia), ha sido uno de los signos que caracterizaron la asombrosa transformación social, económica y política de este país en las décadas finales del siglo XX. Esta mudanza demográfica requirió una adaptación de las mentalidades y de las medidas políticas. La sociedad y las instituciones españolas, entre la incertidumbre, la sorpresa y el temor, han tenido que abordar los retos que surgen de la entrada y la instalación de inmigrantes.

Estos cambios no se han desarrollado sin dificultades. Son muchas las voces que defienden la aplicación de políticas más restrictivas de control de flujos y la limitación del acceso de los inmigrantes a los servicios que proporciona el sistema del bienestar. La creciente diversidad étnica y religiosa también es percibida con sospecha por una parte importante de la población, como indican las encuestas. El impacto positivo de la inmigración también es subrayado por algunos sectores sociales. Se destaca, primero, la aportación demográfica de este influjo y, segundo, su papel económico, como trabajadores en sectores con alta demanda de mano de obra, como la agricultura, la construcción o el servicio doméstico.

Los países del norte del Mediterráneo representan no sólo una vigorosa frontera económica entre el Norte y el Sur, sino una importante frontera demográfica, territorial y política, de ahí que el Mediterráneo haya sido calificado como el nuevo Río Grande. La condición receptora de los países del norte del Mediterráneo se acompaña de su estatuto de frontera sur de Europa, tras su incorporación al espacio Schengen. Este papel ha condicionado enormemente la política de control de flujos de Italia, España, Grecia y Portugal.

La inmigración irregular a través de embarcaciones desde varios puntos del continente africano es uno de los rasgos de la peculiaridad de España como destino migratorio. Las estrategias de entrada y las rutas migratorias han funcionado a lo largo de la última década como un sistema dinámico, adaptándose a las medidas de control fronterizo implantadas por las autoridades españolas. Este control se ha centrado en la vigilancia de tres puntos de entrada: los enclaves españoles en África de Ceuta y Melilla –la vía más antigua de entrada de inmigración irregular–, el cruce del Estrecho de Gibraltar y las aguas que separan el archipiélago canario de las costas africanas, la ruta que ha cobrado más fuerza en los últimos años y particularmente en el 2006. El incremento del control sobre estos puntos originó la aparición de nuevos itinerarios, en muchos casos más peligrosos, como han atestiguado las transformaciones de las rutas hacia Canarias tras la intensificación del control en Ceuta y Melilla y las costas occidentales de Marruecos en el 2005.

El cruce del Estrecho se convirtió en ruta migratoria en los 80, en principio hacia las cercanas costas de Cádiz, cerca a Gibraltar y a sólo 14 kilómetros de Marruecos, y, posteriormente, tras la implantación del Sistema Intensivo de Vigilancia Exterior, hacia otras provincias andaluzas más alejadas. Las pateras, nombre de las barcas ligeras de pesca empleadas para el cruce, fueron utilizadas inicialmente por inmigrantes adultos marroquíes, pero los acuerdos de readmisión firmados con Marruecos tuvieron el efecto de incrementar el número de menores de edad y de subsaharianos. La intensificación de la ruta canaria en los primeros años de esta década respondió a la mejora del control del Estrecho y a las dificultades de entrada a través de Ceuta y Melilla, debido a la paulatina construcción de vallas y a la vigilancia electrónica en el contorno fronterizo de ambas ciudades.

Para los inmigrantes subsaharianos, el cruce por mar hacia Canarias fue durante varios años el final de un largo viaje terrestre. Las rutas se originaban a miles de kilómetros en el continente africano y confluían en Malí y en Níger desde donde, atravesando el desierto del Sahara, llegaban a Argelia y Marruecos. En Marruecos, las rutas hacia España se diversificaban. La ruta norte se dirigía hacia Rabat y Tetuán para intentar el cruce del Estrecho o la entrada a través de Ceuta y Melilla. La segunda ruta se dirigía hacia el sur, hasta los antiguos territorios del Sahara español, la actual costa meridional del Reino de Marruecos, desde donde partían las embarcaciones hacia las costas canarias. La travesía directa terrestre desde el África subsahariana hasta el sur de Marruecos no se ha utilizado con fines migratorios debido al extremo riesgo que supone atravesar una zona muy controlada, militarizada y minada por el conflicto sobre el Sahara que mantiene Marruecos con el Frente Polisario.

Muchas de las embarcaciones llegadas en los últimos años a Canarias partieron de las inmediaciones de las ciudades marroquíes de Tarfaya y el Aiuin, en el sur del país. La travesía marítima, aunque larga y peligrosa, es fácil de realizar sin grandes conocimientos de navegación, debido a las corrientes favorables y a la facilidad de orientación, porque cuando se deja de divisar las costas africanas empieza a verse la costa de la isla de Fuerteventura, a sólo cien kilómetros de distancia. En los dos últimos años la intensidad de la llegada a través de la ruta canaria desde el Sahara disminuyó por un efecto combinado: el incremento de la vigilancia en la costa occidental marroquí tras la mejora de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos con el nuevo gobierno socialista, así como por la menor probabilidad de éxito en el cruce clandestino con la extensión del Sistema Intensivo de Vigilancia Exterior a una buena parte del litoral del archipiélago.

Desde comienzos del 2005 se apreciaron cambios importantes en las estrategias de entrada. En primer lugar se incrementó la llegada de embarcaciones a islas más alejadas de la costa africana, donde la vigilancia era menor, como Gran Canaria y Tenerife, lo que mostraba el incremento de la longitud de las rutas con travesías marítimas de más de 300 kilómetros. En segundo lugar, el aumento de las dificultades para partir desde Marruecos por la vigilancia de la gendarmería marroquí ha tenido el efecto de desplazar hacia el sur los lugares de salida de los subsaharianos que quieren llegar por mar al suelo de la Unión Europea. Los nuevos puntos de salida se sitúan en Mauritania y Senegal, con lo que se acorta la distancia terrestre y se eleva dramáticamente la travesía marítima, que puede llegar a 800 kilómetros y tener una duración mínima de diez días. Los recursos utilizados en esta nueva ruta son también distintos. Las nuevas embarcaciones que llegan a las costas canarias, llamadas cayucos, son barcas empleadas tradicionalmente por los pescadores de Senegal y Mauritania. Están construidas con madera y fibra de vidrio y son mucho más sólidas, más largas y, sobre todo, mucho más profundas que las pateras empleadas en el cruce del Estrecho, por lo que pueden llevar varias decenas de pasajeros y realizar travesías marítimas de mayor dificultad.

Unas 18.000 personas, entre las que se cuentan mujeres y un número creciente de menores de edad, han llegado en este tipo de embarcaciones al archipiélago canario desde principios de año, en especial a la isla de Tenerife. Este dramático aumento ha producido una crisis humanitaria sin precedentes, ha evidenciado los peligros que acarrea el cruce fronterizo y ha puesto a prueba a todas las instituciones y a la sociedad civil. Por añadidura, ha supuesto un barómetro del estado de opinión de la sociedad canaria, ha suscitado una ofensiva diplomática del gobierno español con los países de origen y en la Unión Europea, ha alterado las relaciones entre el gobierno central y el gobierno autonómico y ha tenido un impacto enorme en la agenda política nacional. Las acciones se han centrado por el momento en la asistencia de emergencia, el traslado de los inmigrantes irregulares y de los menores a otras regiones españolas y la mejora del control marítimo de toda la costa africana a través de la recién creada agencia europea de fronteras exteriores.

Los debates políticos y públicos sobre las políticas de control fronterizo han ignorado los costes humanos de la migración indocumentada. Sin embargo, el endurecimiento de las medidas de control del sur de Europa y la creciente peligrosidad de las rutas han terminado por afectar seriamente al derecho a la vida. Y el flujo no cesa.

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