El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, izquierda, escucha el discurso del mandatario hondureño Manuel Zelaya, durante el encuentro que sostuvieron los dos jefes de estado en Ocotal, Nueva Segovia, al norte de Managua. El encuentro se produjo después de la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo de ambos países en el Mar Caribe

 

 

 

 

Caso Nicaragua contra Honduras: enseñanzas para Colombia

El profesor de la Universidad Nacional Antonio Rengifo toma el caso del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo territorial que involucró a Nicaragua con Honduras. ¿Qué lecciones debe aprender Colombia?

Antonio J. Rengifo Lozano

PhD., Profesor de Derecho Internacional, Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigación Frontera y Territorio

La decisión reciente de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en el caso sobre diferendo territorial y marítimo propuesto por Nicaragua contra Honduras, constituye una buena oportunidad para hacer el ejercicio consistente en interpretar las líneas jurisprudenciales de una instancia internacional y establecer analogías, constantes y diferencias respecto de la controversia planteada por Nicaragua contra Colombia.

En esa decisión, la Corte sentó posiciones sobre aspectos técnicos de la delimitación marítima, como títulos coloniales, método de equidistancia contramétodo de bisector, inestabilidad del área en disputa y el impacto sobre derechos e intereses de terceros Estados. Conviene, entonces, analizar algunos de los aspectos más sobresalientes de esa decisión.

Geografía e historia

Nicaragua tiene un frente costero de 480 km sobre el Caribe, mar semicerrado y brazo del Océano Atlántico. El frente costero de Honduras sobre el mismo mar es de 640 km, entre los paralelos 15 y 16 de latitud norte.

El margen continental al oriente de las costas de los dos países es conocido como la Pendiente, Loma, de Nicaragua, que termina a mitad de camino, tomando a Jamaica en el otro extremo y descendiendo a profundidades de más de 1.500 metros.

Los accidentes insulares existentes en la plataforma continental frente al Cabo Gracias a Dios, al norte del paralelo 15, están localizados entre 30 y 40 millas náuticas al oriente de la desembocadura del Río Coco y son denominados Bobel Cay, South Cay, Savanna Cay y Port Royal Cay, las Islas.

El Río Coco, el más largo del istmo centroamericano, es frontera terrestre entre los dos países, y presenta cambios constantes en la forma de su delta y proyecta progresivamente el Cabo Gracias a Dios hacia el mar, debido al volumen de agua y sedimentos.

Tanto Nicaragua como Honduras obtuvieron su independencia de España en 1821, y conformaron con otros países las Provincias Unidas de América Central, disueltas en 1838, con posterioridad a lo cual los dos Estados preservaron sus territorios respectivos. Ambos Estados firmaron tratados con la Reina de España y reconocieron formalmente la independencia respecto de la Corona. Nicaragua, en 1850, y Honduras, en 1866.

Nicaragua y Honduras firmaron en 1894 un tratado general de fronteras, conocido como Tratado Gámez-Bonilla, en virtud del cual cada República es reconocida como dueña del territorio que a la fecha de la independencia constituía las provincias de Honduras y Nicaragua.

En el Tratado de 1894, Honduras y Nicaragua acordaron establecer una Comisión Mixta de Fronteras para demarcar la frontera de ambos estados. Ante las dificultades para concluir un acuerdo integral, los dos estados sometieron la cuestión a un árbitro único, el Rey Alfonso XIII de España, quien profirió un Laudo Arbitral a fines de 1906.

Nicaragua objetó la validez y el carácter obligatorio del Laudo. Se sucedieron varias tentativas para alcanzar un arreglo satisfactorio para ambas partes, incluyendo negociaciones bilaterales, comisiones mixtas, la Corte Centroamericana de Justicia y la mediación de la OEA. Resultaron infructuosas, principalmente por objeciones de Nicaragua.

La controversia

El 8 de diciembre de 1999, Nicaragua registró en la CIJ una aplicación contra Honduras, respecto de una disputa relacionada con la delimitación de las áreas marinas pertenecientes a cada uno de esos estados en el Mar Caribe. Nicaragua reclamó la jurisdicción de la Corte, con base en el Artículo XXXI del Pacto de Bogotá y las declaraciones de aceptación de dicha jurisdicción por parte de ambos estados.

En términos similares a lo solicitado en su aplicación contra Colombia, Nicaragua pidió a la Corte determinar el curso de la frontera marítima única entre las áreas del mar territorial, la plataforma continental y la zona económica exclusiva pertenecientes respectivamente a Nicaragua y Honduras, en concordancia con principios de equidad y las circunstancias relevantes reconocidas por el derecho internacional general aplicable a tal delimitación.

Durante el procedimiento oral, Nicaragua adicionó su solicitud, pidiendo a la Corte pronunciarse sobre la soberanía respecto de las islas situadas en el área en disputa al norte del paralelo 15, fuera del mar territorial de los dos estados involucrados en la disputa.

Honduras no propuso excepciones preliminares y aceptó que la Corte determinara la frontera marítima única, sustentando que el uti possidetis juris establecía una frontera marítima basada en el paralelo 15.

El principio uti possidetis juris, como ha sido poseído, consiste en que los títulos internos o internacionales de la época colonial, al momento de la independencia, son aplicables a las disputas limítrofes entre estados de independencia reciente.

Ambos estados se ocuparon en demostrar actos de soberanía sobre las islas. Para esos efectos, Nicaragua invocó las negociaciones y acuerdos con la Gran Bretaña sobre la pesca de tortuga, que empezaron en el siglo XIX y se prolongaron hasta 1960.

Honduras alegó su soberanía con base en varias efectividades, es decir, ejercicio de funciones estatales en un territorio que hacen nacer soberanía sobre él, a saber: derecho público y administración hondureñas en las islas; jurisdicción civil y penal; la regulación ejercida por ese país respecto de las islas en materia de actividad pesquera, inmigración, exploración y explotación de petróleo y gas; la realización de patrullaje militar y naval; operaciones de rescate y salvamento, y la participación de Honduras en obras públicas y actividades científicas en y sobre las islas.

En cuanto a la parte marítima de la disputa, Nicaragua alegó que el método técnico de la equidistancia no era aplicable, proponiendo, como método de delimitación, el bisector del ángulo producido por la construcción de líneas basadas en los respectivos frentes costeros y las extensiones de esas líneas, calculado desde la dirección general de la costa nicaragüense y la dirección general de la costa hondureña.

Honduras pidió a la Corte, en sustancia, confirmar la frontera marítima, denominada por ese país como tradicional, que corre a lo largo del paralelo 15 entre los dos Estados en el Mar Caribe, reconocida por terceros Estados, incluyendo a Colombia y por organizaciones internacionales, hasta alcanzar la jurisdicción de un tercer Estado.

Subsidiariamente, Honduras sostuvo la viabilidad de una línea ajustada de equidistancia, práctica reconocida casi universalmente por la jurisprudencia moderna.

En diciembre de 1999, al registrar su aplicación, Nicaragua no era parte de la Convención sobre Derecho del Mar, mientras Honduras era parte de ella desde octubre de 1993. Nicaragua ratificó esa Convención en mayo del 2000. En consecuencia, la Corte encontró en ese instrumento internacional el derecho aplicable a la controversia.

La Corte evaluó los argumentos expuestos por los dos países en materia de fronteras, relacionados con el TLC centroamericano y de República Dominicana.

Decisión

El pilar de la decisión de la Corte, producida el 8 de octubre del 2007, reposa sobre el principio, proveniente de la geopolítica clásica, enunciado como “la tierra domina el mar”. Consecuencia de ese enunciado, de especial interés para Colombia, es que el derecho del mar reconoce por vía convencional y por vía del derecho consuetudinario, que las islas, sin importar su tamaño, tienen el mismo estatuto que los territorios emergidos y, por tanto, generan los mismos derechos marítimos.

La CIJ reconoció la pertinencia del principio uti possidetis juris tanto para la delimitación territorial entre Honduras y Nicaragua como para las posesiones mar adentro y los espacios marinos en general.

Sin embargo, la Corte fue del criterio de no aplicar tal principio, tomando en consideración la incapacidad de ambas partes para demostrar a cuál de las dos provincias fueron adjudicadas las islas al momento de la independencia, dejando claro que la proximidad geográfica de ellas a un territorio en particular no determina, necesariamente, un título legal.

Tornándose hacia un criterio subsidiario, la Corte ratificó la soberanía de Honduras sobre las islas, con fundamento en que las efectividades invocadas por ese Estado evidenciaron intención y voluntad de actuar como soberano y constituyen una demostración “modesta, pero real” de autoridad sobre ellas.

Mucho más compleja es la decisión sobre la delimitación marítima. La Corte se apartó del método de equidistancia, para acoger el método del bisector propuesto por Nicaragua. El frente costero a tener en cuenta por la Corte para la configuración del área en disputa está conformado por los referentes de Faro de Punta Patuca, en Honduras, y Wouhnta, en Nicaragua.

En razón de la inestabilidad del delta del Río Coco y teniendo en cuenta que las islas reconocidas a Honduras se encuentran al sur de la línea del bisector, para construir la línea, la Corte fijó el punto de inicio en 3 millas náuticas mar adentro del punto identificado por una Comisión Mixta de 1962 (mapa).

La Corte dejó indefinido el punto final de la línea de delimitación, para no perjudicar los derechos e intereses de terceros estados, poniendo en claro que dicha línea no haría intersección con el régimen jurisdiccional conjunto establecido por Colombia y Jamaica.

Reacciones

El gobierno de Honduras manifiesta acatar la decisión de la Corte.

El gobierno de Nicaragua expresó que la decisión de la Corte habría constituido un golpe a lo que llamó las ambiciones expansionistas de Colombia. Es un lenguaje anacrónico, que corresponde más a sus controversias de los años 80 que a la controversia planteada a Colombia, país que legítimamente ha alcanzado acuerdos diplomáticos con sus vecinos en materia de fronteras, mientras Nicaragua ha preferido la opción de demandar a varios países.

El Canciller colombiano expresó que el fallo no interfiere en el caso tramitado por Nicaragua contra Colombia ante la misma Corte. En efecto, la Corte expresó claramente que evitaba prejuzgar sobre la controversia sometida por Nicaragua contra Colombia.

Desde luego, lo anterior no impide hacer un resumen de las principales lecciones que puede extraer Colombia de la decisión reciente de la Corte.

Incidencias

La decisión de la Corte puso en evidencia que Nicaragua se pone en el rol de ‘víctima’ de supuestas ‘injusticias’ internacionales en materia de fronteras, para desarrollar una estrategia litigiosa consistente en reclamar soberanía sobre unas islas en las que no tenía ninguna opción, ni historia, ni pruebas siquiera precarias, pretendiendo habilidosamente con ello obtener lo que parece como ‘menos’ en sus pretensiones, es decir, espacios marítimos.

De paso, Nicaragua no duda en llevarse por delante los acuerdos que ese mismo país ha celebrado y los laudos y decisiones a los que se ha sometido libremente con anterioridad. Es imperativo poner de presente la deslealtad internacional en que incurre ese país para alcanzar sus metas, esas sí evidentemente dirigidas a expandir sus espacios oceánicos.

En el caso analizado resumidamente, de especial interés es la reiteración que hace la CIJ del uti possidetis juris y el valor jurídico acordado a las efectividades, incluso aquellas “modestas, pero reales”. Con mayor razón deberá valorar la Corte las efectividades plenas ejercidas sin interrupción durante la existencia de un estado respecto de un archipiélago.

Igualmente, de importancia para Colombia es que, al trazar la línea de delimitación marítima, la Corte haya tomado especial cuidado para evitar afectar los intereses, derechos y tratados de terceros estados.

Más problemático resulta que la Corte se haya apartado del método de la equidistancia para definir la frontera marítima, acogiendo en su lugar el método del bisector propuesto por Nicaragua. Esto impone a Colombia concentrar especial atención en la defensa de los espacios marítimos, como hemos sostenido desde estas columnas, preparando la discusión técnica y teórica de los nuevos desarrollos e innovaciones aportadas por la Corte en la decisión comentada.

Colombia debe desarrollar una capacidad académica-institucional para seguir las líneas jurisprudenciales de cortes y tribunales internacionales. Esto facilitará el estudio y comprensión de los desarrollos de esas instancias, sus incidencias para el orden jurídico interno, lo mismo que la anticipación y mejor estructuración de las estrategias litigiosas de Colombia en diversas materias.

Atención especial deberá ser prestada, en los tratados de libre comercio, a la definición precisa del territorio colombiano, que comprende no solamente el espacio emergido.

Colombia debe considerar como prioridad una definición respecto de la Convención sobre el Derecho del Mar. La ratificación de esa Convención, conocida con razón como “la constitución mundial de los océanos”, en caso de que el Estado así lo decida, permitirá a Colombia jugar con reglas claras en materia de océanos y participar plenamente en los foros internacionales donde se está decidiendo el futuro de esos vastos espacios planetarios.

Pero tal vez la lección más importante para Colombia proviene de la decisión de la misma CIJ en el Caso Haya de la Torre, hace cincuenta años.

Perú pide la entrega del líder político Víctor Haya de la Torre refugiado en la Embajada de Colombia en Perú, a lo cual se negó Colombia. Los dos países comparecen de común acuerdo ante la CIJ. Colombia alega una tesis entonces novedosa: la existencia del asilo diplomático. La Corte desestimó los esfuerzos de Colombia, por no haber sustanciado la existencia de la costumbre internacional de carácter regional.

La sustanciación de los casos ante la CIJ no se limita hoy a la confianza exclusiva y tímida en los representantes de los estados, por ilustres que ellos sean. En el litigio internacional actual, la sustanciación de un caso pasa también por las academias nacionales e internacionales.

Es necesario abrir espacios, en la estrategia defensiva de Colombia, para involucrar a las academias en la discusión teórica de los diversos aspectos técnicos de la disputa, esencialmente marítima, planteada por Nicaragua. Evocar la actuación de Colombia en el Caso Haya de la Torre es condición para superar la perspectiva de que, por no recordar, quedemos condenados a repetir la historia.

 

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