El componente ideológico en la formación militar de un Estado que está en proceso de transición, como el venezolano, es seguido con gran preocupación por la sociedad. En la imagen, militares haciendo fila para votar el referendo en diciembre de 2007.

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¿Qué hay detrás de la Ley Habilitante?

La Ley Habilitante, que tuvo vigencia desde inicios del 2007 hasta la mitad del 2008, fue el marco dentro del cual el presidente de Venezuela aprobó importantes reformas al Estado en su conjunto.

Miguel Silva,
Unimedios

El 2 de diciembre de 2007, uno de los eventos electorales más importantes y emocionantes de Venezuela mantuvo en vilo a gran cantidad de observadores nacionales y extranjeros. Un referendo constitucional propuesto por el presidente Hugo Chávez y aprobado por la Asamblea Venezolana polarizó al país entre el “Sí” y el “No”, y agitó el ambiente político en Venezuela, pues ante la opinión pública la reforma a los 69 artículos de la Constitución Bolivariana de 1999 podría plantearse también en términos de la aprobación o no del tránsito hacia un Estado socialista.

Los movimientos que encarnaban la oposición al proyecto de Chávez entendieron como definitivo el éxito en la consulta y partieron de una lectura apresurada del mismo, según la cual, del referendo del 2 de diciembre dependía el futuro del Socialismo en Venezuela.

Los resultados de la votación fueron tan apretados como el debate político. Según los datos oficiales, el “No” se impuso en las dos preguntas con una ventaja que no superó los 2 puntos porcentuales, situación que generó una gran tensión en las calles de Caracas desde la madrugada del 3 de diciembre, hasta que el presidente Chávez de manera peyorativa reconoció el triunfo del “No” y se refirió al mismo como “pírrico”. Desde entonces, Chávez se ocupó de dejar claro que no cesaría en su voluntad de reformar la Constitución Bolivariana de 1999, y de esta manera avanzar hacia el socialismo.

Al parecer lo consiguió en menos de un año, o por lo menos así lo ha reiterado la variopinta oposición venezolana que tiene entre sus filas a la izquierda más radical de Venezuela, a chavistas disidentes y a los tradicionales partidos políticos.

El 31 de enero de 2007, unos pocos días después del evento electoral que reeligió a Chávez como Presidente de la República Bolivariana, la Asamblea Nacional Venezolana selló la aprobación de la llamada Ley Habilitante que en su artículo primero reza: “Se autoriza al Presidente de la República para que, en Consejo de Ministros, dicte Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley”.

Dicha facultad iba dirigida fundamentalmente a los siguientes once ámbitos: “Transformación de las Instituciones del Estado”, “Participación popular”, “Valores esenciales del ejercicio de la función pública”, “Económico y social”, “Financiero y tributario”, “Seguridad ciudadana y jurídica”, “Ciencia y tecnología”, “Ordenación territorial”, “Seguridad y defensa”, “Infraestructura, transporte y servicios”, y “Energético”.

Con el éxito de Chávez en la aprobación de las reformas mediante la llamada Ley Habilitante, quedó claro, para la oposición, que el referendo del 2 de diciembre no fue el mecanismo idóneo para impedir que algunos elementos del Estado bolivariano fueran encaminados hacia la consecución de un Estado socialista.

La Fuerza Armada
y la Milicia Nacional Bolivariana

Uno de los elementos que más ha llamado la atención a observadores nacionales e internacionales tiene que ver con el polémico “Decreto–Ley” sobre las Fuerzas Militares, aprobado en el marco de la facultad otorgada al presidente Chávez a través de la Ley Habilitante. Una transformación en la concepción de las Fuerzas Militares, que en las repúblicas latinoamericanas, y sobre todo en las últimas décadas, estuvo referida a la garantía de los derechos fundamentales, la preservación de la democracia y la protección de las instituciones a su vez labradas en marcos democráticos, pero que en el caso de la propuesta de Chávez está referida a la instrumentalización de las Fuerzas Militares en términos de la consecución de la Revolución.

Con la apretada victoria del “No” en el referendo del 2 de diciembre, una tímida mayoría rechazó la propuesta de cambiar el nombre a la Fuerza Armada Nacional por el de Fuerza Armada Bolivariana compuesta por cuatro cuerpos: Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Guardia Nacional y Milicias. Esta transformación, más que nominal, trae serias implicaciones en el campo estratégico, sobre todo en lo que tiene que ver con los roles de la Fuerza Pública frente al Estado y frente a la sociedad. Sin duda, la denominada ideología “bolivariana” será en adelante la hoja de ruta para concebir la doctrina militar venezolana en términos de expansionismo, anti-imperialismo y nacionalismo.

En este contexto, los interrogantes que agobian a la oposición en Venezuela están referidos en varias preguntas: ¿Las Fuerzas Militares serán garantes de la igualdad de los ciudadanos? ¿Servirán como instrumento del Gobierno para consolidar su proyecto político de transformación Estatal? ¿El referente histórico bolivariano circunscribe el campo de acción de las Fuerzas Militares al papel expansivo en la región andina?

Sin duda, esta presunta politización de las Fuerzas Armadas conducirá a grandes tensiones en el seno de las mismas. Si la oposición se siente incómoda con este cambio, es evidente que para algunos oficiales ha sido una situación bastante difícil aceptar un cambio doctrinal de tajo, lo que en últimas implica la aceptación, la baja o en el peor de los casos: mantener el título de oficial sin mando.

Otro asunto que ha merecido especial atención tiene que ver con lo que en el capítulo quinto de la “Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” se ha denominado “Del comando General de la Milicia Nacional Bolivariana”. Mientras Colombia conserva una estructura tradicional de tres fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), la República Bolivariana de Venezuela pasará a un modelo de cinco fuerzas en el que el modelo innovador es la elevación al rango de Fuerza a los cuerpos de Milicias. ¿Cómo entender esta innovación en el marco de la Revolución de Chávez?

Los cuerpos de Milicias, en sentido estricto, han estado referidos a la concepción de la defensa nacional y son entendidos como cuerpos compuestos por civiles con formación militar básica, con un breve periodo de entrenamiento, que en época de movilización son dotados con armas, básicamente para mantener posiciones que en guerras modernas como la Segunda Guerra Mundial (1939–1945) se establecen en centros urbanos. Vale anotar que la Constitución colombiana de 1991 cerró la puerta a la conformación de los cuerpos de milicias y que casi un par de décadas después el país no cuenta con una Ley de Movilización Nacional para dar respuesta a una eventual necesidad de defender el territorio.

En la concepción ‘Bolivariana’ de la Ley Orgánica, las Milicias cumplen un papel fundamental. Sobre ellas recae buena parte de la “Defensa Integral de la Nación“, y estarán bajo órdenes directas del Presidente de la República. Sin más, la función primordial es resumida en los siguientes términos: “Entrenar, preparar y organizar al pueblo para la Defensa Integral”. Así, y en términos simples, lo que significa un cuerpo de milicias organizado y elevado al rango de Fuerza es la consolidación de un ejército de ciudadanos armados con armas largas cuya misión es la de defender centros urbanos frente a una eventual agresión externa.

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