1Publicada en: Grupo Semillas. Proyecto de Ley de Desarrollo Rural. Una contrarreforma agraria a la medida de la Ley de Justicia y Paz y para los inversionistas. Separata, Bogotá, XII/06. P. 31.

 

 

La sombra del hambre en Colombia

El ritmo de crecimiento del hambre en Colombia supera el promedio del mundo en desarrollo, incluso el de África subsahariana. Así lo pudo establecer la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos y Democracia junto al observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UN. El estudio confirmó que en el país no existe una voluntad estatal para garantizar el derecho a la alimentación.

Patricia Barrera Silva,
Unimedios

En su informe de monitoreo “El derecho a la alimentación en Colombia: Situación, contextos, y vacíos”, la Campaña Nacional por el Derecho a la Alimentación de la Plataforma Colombiana de Derechos humanos deja en claro que igual de grave a la crisis alimentaria que afronta el país es la negativa del Estado Colombiano a reconocer que esta existe, y a tomar medidas de emergencia para cumplir con su obligación respecto al derecho a la alimentación.

Para mitigar esta situación, la comunidad internacional, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), propició la adopción de las Directrices Voluntarias (DV) sobre el Derecho a la Alimentación (DA), que son 19 en total. Estas sirven como carta de navegación para que los Estados tomen medidas y cumplan con las obligaciones que les son inherentes a este derechos.

Cabe recordar que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los pactos, tratados y demás instrumentos internacionales referentes a los Derechos Humanos tienen rango constitucional, es decir, gozan del mismo estatus que la Constitución Política.

Las DV son un conjunto de medidas que internacionalmente fueron concebidas como pasos mínimos necesarios hacia el cumplimiento progresivo del derecho a la alimentación.

Derecho
a la alimentación

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (una red de más de 100 organizaciones sociales), de la mano del observatorio, con el apoyo de la Comisión Interfranciscana, Fundaexpresión de Santander, FIAN Internacional y Agro Acción Alemana, impulsó un proceso de monitoreo en Colombia a través de unas preguntas diagnósticas, tomando como guía cada una de las Directrices Voluntarias.

Según lo revelan cifras del Programa de Acción Social de Presidencia de la República, el Gobierno colombiano ha venido ejecutando estrategias para cubrir a los grupos de población más vulnerables en el tema de nutrición. Se destaca por ejemplo, que para el 2010 hay la meta de vincular 725 mil familias a la Red de Seguridad Alimentaria.

En el caso de los niños y niñas de 6 meses a 5 años, se espera que, para la misma fecha, más de un millón trescientos mil estén beneficiándose del programa de Desayunos Infantiles. Y al menos 3 millones ochocientos mil niños y niñas, con el Programa restaurantes Escolares.

Además existen otros programas desarrollados por el Estado en los que hay entrega de auxilios nutricionales como Familias en Acción o el apoyo a proyectos productivos con generación de alimentos para autoconsumo (Red de Seguridad Alimentaria – ReSA).

Sin embargo, el informe de la Plataforma pone en claro que si bien ReSA se convertiría en una de las iniciativas no asistenciales del Gobierno, los resultados no son significativos porque el mismo gobierno se encarga de ahogarlo, “al tiempo que se desarrolla, el propio gobierno impulsa dinámicas de empobrecimiento y abandono del campo”.

“Todo lo anterior no va más allá de medidas asistenciales, carecen de articulación efectiva con otras que impulsen la generación de capacidades y el desarrollo de las personas y comunidades, y parecen distraer la atención sobre los verdaderos cambios que debería afrontar el Estado para garantizar la seguridad alimentaria”, aseguran.

Por otro lado, según el mismo informe, el actual Gobierno viene implementando una serie de leyes y proyectos como la Ley Forestal (declarada inconstitucional); el nuevo Estatuto de Desarrollo Rural (EDR); el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC); la privatización del recurso hídrico nacional; la autorización a la siembra y comercialización de semillas transgénicas; la coacción al campesinado para integrarse al sector agroindustrial de los agrocombustibles, en un afán privatizador de los recursos genéticos, y las reformas tributarias, que vulneran el derecho de la población colombiana.

Así, una de las obligaciones estatales respecto al DA es la de garantizar que los productores de alimentos tengan acceso suficiente a los recursos necesarios para su actividad económica. En ese sentido, por ejemplo, cuando se discutía el EDR antes de ser firmado como ley, el propio procurador de la República, Edgardo Maya, expresó en carta enviada al Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias:

“(…) el modelo que se define en el proyecto margina en la práctica al pequeño campesino, a las minorías étnicas del país y a la población desplazada, del goce efectivo al acceso a la tierra y la obtención de subsidios para proyectos productivos y adecuación de tierras. Es evidente que se privilegian los proyectos productivos de tardío rendimiento y las zonas de desarrollo forestal, que demandan un flujo importante de recursos y una disposición de hectáreas que no está al alcance de los pequeños trabajadores rurales, que son la inmensa mayoría de los habitantes del campo”1.

Y precisamente pensando en la población rural, el informe destaca la labor del ICBF, pero advierte sobre el entorpecimiento de la misma a causa del conflicto armado y de la corrupción, señalando como ejemplo el caso ocurrido en el Chocó, donde a comienzos de año un grupo de personas perdió la vida por falta de alimento, debido a que los recursos que el Estado da para utilizarlos en el tema de alimentación se quedan en otras manos por culpa de manejos corruptos.

El único esfuerzo valorativo de importancia relacionado con la situación nutricional de la población colombiana es la “Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia – ENSIN 2005”, la cual pudo revelar preocupantes cifras relacionadas con el hambre oculta, y dejó en claro que no ha habido progresividad en el cumplimiento del DA en Colombia.

También pudo establecerse que el ritmo de crecimiento del hambre en el país supera al dado en el promedio del mundo en desarrollo e, incluso, al de África subsahariana (ver gráfico). Tal ritmo se constata en el siguiente hecho: del total de nuevos hambrientos generados en el mundo en desarrollo durante el periodo 1996–2002 (casi 24 millones), en Colombia surgió el 3.3 % de ellos, es decir, más de 3 veces y media el incremento promedio de los países subsaharianos.

Pese a estos indicadores, que dejan al descubierto una crisis alimentaria en el país, el Estado colombiano ha rehusado poner en marcha una política pública coherente y con perspectiva de derechos humanos que responda de manera inmediata y con sentido progresivo a las obligaciones que tiene frente al derecho a la alimentación. Se formuló el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional ideado para ponerse en marcha durante el periodo 2006–2015, pero ya está a punto de terminar el 2008 y ese plan no ha sido expuesto públicamente, y aún se desconocen sus objetivos o cómo se podrá valorar su desempeño.

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