Restituyen a tres magistrados venezolanos

De nuevo a la justicia

 

Claudia Janneth Sánchez Rivera
Unimedios

Los tres destituidos magistrados venezolanos Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggieri y Perkins Rocha volverán a sus labores en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, tras una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Se espera que hoy el Tribunal Supremo de Justicia defina la manera en la que los magistrados regresarán a ejercer sus funciones.

Juan Carlos Apitz, magistrado que se reintegrará, aseguró en el programa UN Análisis de UN Radio: “Hoy los tres magistrados a los cuales se nos ordenó la reincorporación nos vamos a apersonar del Tribunal Supremo de Justicia en espera a que se defina la forma de reintegro al poder judicial. La Corte en la que trabajamos está cerrada hace ocho meses, tiene más de 7.000 expedientes pendientes, por lo cual urge nuestra reincorporación inmediata”.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo tiene por objeto revisar la actuación del poder público en cuanto a su legalidad y constitucionalidad. Esta Corte revisa la parte de regulación y las actividades de funcionarios públicos en su remoción e incorporación a las funciones del Estado. En la mayoría de sus expedientes hacen referencia a los estatutos laborales, por eso es que es muy grave que este tribunal esté cerrado.

El 22 de agosto fue publicada la sentencia por el caso de los ex magistrados en la página web de la CIDH. Esta sentencia dice que el Estado “no garantizó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados por un tribunal imparcial, lo que constituye una violación del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En el 2003, el Estado venezolano dijo que los juristas fueron cesados por “haber incurrido en un error judicial inexcusable” en un caso de compraventa de un terreno. Sin embargo, en el 2004, los magistrados introdujeron una demanda contra el Estado venezolano por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de destituirlos de sus cargos. Este año la Corte determinó que el Estado debe entregar la cantidad de cinco mil dólares a cada una de las víctimas, por concepto de costos y gastos.

“Nosotros nos sentimos satisfechos porque en esta lucha que hemos librado durante cinco años desde que fuimos destituidos nos hemos sentido acompañados, sobre todo por los estudiantes. Estos jóvenes son los que salieron a la calle a reclamar la vigencia de la Constitución, porque tenemos una lucha de principios, de valores, ya que eso es lo que se expone en las aulas universitarias”, comentó Apitz.

“Posiblemente otras noticias de corte internacional o las denuncias que hace el presidente ocupan las primeras planas de los periódicos, pero es de vital importancia que se les permita a los venezolanos el acceso pleno a la justicia que en este momento está limitado por la clausura del tribunal. Es importante recordar que esta sentencia de la Corte no solo establece la reincorporación inmediata, sino que también establece que se promulgue el código de ética del juez venezolano para de una vez por todas acabar con una jurisdicción disciplinaria”, afirmó el magistrado.

Frente a las denuncias que hace el presidente venezolano, Hugo Chávez, de posibles golpes de Estado y magnicidios, el magistrado aseguró, “en Venezuela estamos acostumbrados a estas denuncias, justamente ayer se hablaba de 90 denuncias de este tipo, se dice que hay unos detenidos, los cuales no son mostrados a la opinión pública y no se ve que en estos casos se revele al público de manera transparente la forma en que estas personas podrían atacar al gobierno y su presidente. Casualmente, estas denuncias siempre se hacen cerca de las elecciones y según las encuestas los candidatos del oficialismo están muy desestimados por los electores”.

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