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UNP No.61
Título : 25 años de la extradición en Colombia
Autor : Diana Rojas
Sección: Política
Fecha : Agosto 1 de 2004

25 años de la extradición en Colombia

La extradición fue instaurada hace 25 años como parte de la estrategia antinarcóticos elaborada y promovida por Estados Unidos. Aunque indudablemente se trata de un instrumento jurídico consagrado por un tratado bilateral, ha sido ante todo un asunto político y un campo de fuertes e incluso sangrientas confrontaciones.

Diana Rojas*

Dado el lugar preponderante que ha tenido, la extradición polariza las opiniones; para sus defensores, ella aparece como un paliativo a la debilidad de la justicia colombiana y en general del Estado, el cual, ante
el ascenso de los carteles de la droga y la práctica generalizada de intimidación y de soborno a las autoridades, se había vuelto impotente para aplicar la sanción judicial. Entre sus detractores se encuentran aquellos que, basados en la defensa de la soberanía nacional, reclaman en su lugar el fortalecimiento del sistema judicial colombiano. No obstante, los principales opositores han sido por supuesto los grupos criminales, para quienes la única posibilidad de ser juzgados y ondenados en la práctica la representa el sistema judicial orteamericano,
vía la extradición. De esta manera, esta se ha consagrado como el principal instrumento de lucha contra los narcotraficantes y como un elemento de tensión constante entre Estados Unidos y Colombia.

A lo largo de las dos últimas décadas, el narcotráfico ha desarrollado sus estrategias en contra de la extradición en dos campos: el violento y el jurídico-político. De una parte, recurriendo al terrorismo, los secuestros selectivos y la intimidación; y de otra, cooptando funcionarios y políticos e introduciendo reformas al sistema penal y a la Constitución misma. Baste recordar que a finales de los años ochenta y principios de los noventa Pablo Escobar y su organización desataron una ola de terror con el fin de presionar al gobierno para detener la persecución de los carteles.

El garrote de la extradición

Con la administración Uribe, la extradición vuelve a estar en el centro, ya no solo en la estrategia antinarcóticos sino ahora en la conjunción entre conflicto armado interno, drogas y terrorismo. Desde el inicio de su mandato, el presidente Uribe manifestó su voluntad de agilizar la extradición y convertirla en una de las bases de su política criminal así como en una muestra del firme compromiso de su gobierno con la lucha antinarcóticos. Como resultado, más de 130 colombianos han sido extraditados hacia Estados Unidos en estos dos años de gobierno, cifra que contrasta con las 78 personas extraditadas durante todo el mandato de Pastrana.

La extradición se ha convertido a su vez en la pierre de touche de los actuales diálogos del Gobierno con los grupos de autodefensa.
Los paramilitares se han mostrado verticales en pedir al gobierno garantías jurídicas como la no extradición, lo cual no sorprende dado que la mayoría de los diez jefes que participan en el proceso de diálogos con el gobierno están en la lista de grandes narcotraficantes de Estados
Unidos, y varios de ellos, como Salvatore Mancuso, están pedidos en extradición. Por su parte, el embajador norteamericano ha manifestado sus reservas frente al proceso y ratificado la decisión de su gobierno
de mantener las órdenes de extradición como una especie de garrote que impida que los narcotraficantes logren la impunidad por vía de la negociación con las autodefensas.

Por el lado de las Farc, casi toda la comandancia está en la lista de grandes narcotraficantes; se pidió en extradición al “Negro Acacio” y están listas las solicitudes de extradición del “Mono Jojoy” y
Fabián Ramírez. Así mismo, la extradición ronda los procesos de “Sonia” y “Simón Trinidad”. Lo cierto es que en virtud de su participación en el tráfico ilícito de drogas, y más recientemente con el tema del terrorismo, cualquier proceso de paz con los grupos armados ilegales en Colombia incluye como una de los temas de la negociación la extradición y vuelve a Estados Unidos un actor directo del proceso.

La extradición ha generado también un enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes, particularmente en el norte del Valle, y ha removido los entresijos del proceso 8.000 con la solicitud de extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela. La cuestión tiene que ver no solo ni tanto con quién sea enviado a una cárcel estadounidense sino, y sobre todo, qué información sobre rutas, alianzas y redes se entrega a las autoridades norteamericanas a cambio de un tratamiento más benigno.
Una justicia como aquella, basada en la delación, pesca en el río revuelto de la conjunción entre narcos, paras y guerrilla, y levanta temores y desconfianza entre todos, incluidos aquellos que desde la legalidad apoyan o se han visto involucrados con los intereses del crimen organizado. Se trata de una información estratégica que controla y administra el gobierno norteamericano y de la cual depende la seguridad del Estado colombiano.

Más allá de la soberanía

La capacidad para ejercer el monopolio de la justicia frente a sus ciudadanos ha sido uno de los atributos del Estado moderno y uno de los pilares de la noción de soberanía; sin embargo, hoy en día, en un contexto de globalización, y más aún frente a la crónica situación de debilidad y fragmentación del Estado, producto de un conflicto que se ha prolongado y complicado a lo largo de varias décadas, las apelaciones a una soberanía absoluta no dejan de ser más que reminiscencias de un ideal nunca alcanzado. Ante el avance de los grupos criminales y su capacidad de desafiar al establecimiento con el ejercicio directo de la violencia, la corrupción y la cooptación de sus esferas de decisión, indudablemente el Estado colombiano se muestra precario e incluso indefenso. Esta debilidad ha sido aprovechada y paliada por Estados Unidos, quien, a través de diversas herramientas, entre ellas la extradición, se ha ido convirtiendo en una especie de sistema paralelo de gobernabilidad para Colombia.

Todo ello muestra aún más el carácter ficticio de la soberanía; se trata de un sistema en el que por supuesto se defienden los intereses de la gran potencia, pero del cual también se ha valido la dirigencia colombiana
para enfrentar la amenaza proveniente de estos grupos criminales a su propia seguridad nacional. Ante tal encrucijada, la alternativa de un sistema internacional de justicia verdaderamente operativo y multilateral se vuelve una necesidad para gestionar los conflictos en el siglo XXI.

* Investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional de Colombia.