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UNP No.63
Título : ¿Se derrumba el disfraz de la democracia?
Autor : Hugo Fazio Vengoa
Sección: Ensayo
Fecha : Septiembre 12 de 2004

¿Se derrumba el disfraz de la democracia?

El juicio por los escándalos de las millonarias cuentas secretas y la reversa a la impunidad que pesan sobre el dictador Augusto Pinochet, están abonando el terreno para pasar de la modernización autoritaria a la modernización democrática en Chile. Según el politólogo Hugo Fazio Vengoa, quitar la máscara puesta a la democracia durante todos estos años de transición permitirá a la sociedad civil independizarse del Estado.

Hugo Fazio Vengoa*

A Augusto Pinochet se le acusa de liderar la Operación Cóndor, responsable de cometer asesinatos, torturas y desapariciones entre 1973 y 1990.

Difícil es encontrar mejores palabras para caracterizar la disyuntiva del Chile actual que la máxima del filósofo italiano Benedetto Crocce, quien hace alrededor de un siglo, sostuvo que "la historia es siempre historia contemporánea". Con este precepto el pensador italiano quería precisar dos cosas: la primera es que con el paso del tiempo el pasado no desaparece, sino que, por el contrario, se mantiene en estado latente y, en ocasiones, hace fantasmales apariciones. La segunda idea consistía en que el presente obliga a reiteradas reinterpretaciones del pasado. Y, en este sentido, el complejo presente que nos ha correspondido vivir induce a una relectura del pasado que permita a la sociedad chilena plantearse de cara al futuro.

No es una exageración sostener que con ocasión de la reapertura del proceso judicial contra el octogenario dictador chileno, el fantasma de la dictadura ha vuelto a reaparecer, pero no como una espada de Damocles que se cierne sobre su sistema político, como sí ocurrió en los inicios de la década de los noventa, sino como un espectro que induce a replantear el tema de la democracia. Por esta razón, en el presente ensayo nuestro propósito no se centrará en una valoración sobre la naturaleza de estos juicios que comprometen al dictador en crímenes de lesa humanidad, a los cuales se le han sumado unos no menos importantes escándalos financieros, sino que trataremos de conjeturar algunas de las consecuencias que se desprenden de este poderoso terremoto político.

Sostener que la actual democracia chilena es madura, pero cuya institucionalidad es débil es una verdad de Perogrullo. Ya la detención de Pinochet en Londres había demostrado que la estabilidad política se basaba en presupuestos muy débiles, no sólo por el poder y la autoridad de que gozaba el "generalísimo", sino porque confirmaba que el país no era soberano, ya que debido a la vigencia de una serie de las leyes de amarre impuestas por la dictadura, no podía ejercer el derecho de enjuiciamiento al principal responsable de las innumerables aberraciones cometidas durante el régimen militar. Si la designación de Pinochet el 11 de marzo de 1998, como senador vitalicio había revivido el problema de las insuficiencias en la transición democrática, la detención del ex dictador en Londres le devolvió al tema toda su actualidad. El problema de fondo que volvió a plantearse a finales de la década de los noventa fue el de la necesidad de dar inicio a una genuina transición democrática que permita construir una sociedad eminentemente pospinochetista. Si en algo la sociedad chilena quedó en deuda con el juez Garzón, la Cámara de los Lores y la solidaridad internacional fue que pusieron en evidencia que el esquema chileno de transición no constituía ningún modelo ideal, pues estaba plagado de insuficiencias, y que era imperativo reconstruir una sociedad verdaderamente democrática.

Igualmente si hay algo que se debe volver a plantear es la manera como el país ha asumido inscribirse dentro de las nuevas lógicas de la globalización de la política. Ponerse a tono con los temas esenciales de la agenda internacional es, sin duda, algo positivo. Pero también requiere plantear en toda su crudeza cómo se quiere interrelacionar el espacio político nacional con el global. El inicio de un proceso judicial, no sin ciertos sobresaltos, en Chile contra el antiguo dictador luego de su regreso al país, demostró que era menester afirmar dicha interrelación.

Pero, como enseñaba Crocce, si toda historia es historia contemporánea se requiere también emprender los necesarios ajustes con el pasado, incluso el más remoto. Es por ello que vastos sectores de la sociedad han venido presionando para hacer del proceso judicial un instrumento que allane el camino para profundizar la democracia. En este sentido, el juicio contra el dictador ha puesto una vez más sobre el tapete el tema de la dependencia de la sociedad civil con respecto al Estado.

Una rápida mirada a la historia nacional demuestra que ha existido una permanente proclividad de la sociedad chilena por el orden. Esta propensión por prevenir los extremos no constituye un elemento idiosincrásico del ser nacional, sino que representa el resultado de una prolongada tendencia histórica. La sociedad chilena se forjó sobre la base de un orden señorial, como recurso último para doblegar, lo que Portales llamaba "el peso de la noche", es decir, la sumisión social de las clases populares al orden jerárquico. Diego Portales, el forjador del temprano Estado chileno, consideraba que la democracia era inaplicable en un país como Chile, por lo que era necesario recurrir a un gobierno fuerte, centralizado, cuyos hombres fueran verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hubieran moralizado, podría implementarse un gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideas, en el cual participarían todos los ciudadanos.

La importancia de este esquema señorial en ningún caso puede ser desdeñado en la medida en que se mantuvo incólume hasta finales de la década de 1960 y la proclividad por el orden que fue su corolario se reimplantó bajo el nuevo disfraz con el gobierno militar de Augusto Pinochet.

De este orden señorial se deriva una segunda constante: la temprana conformación de un Estado nación, el cual, dado el peso de la oligarquía, sofocó cualquier intento de expresión autónoma de la sociedad civil. Esta circunstancia es la que explica el hecho de que en Chile siempre existiera una evidente incapacidad para la consolidación de una sociedad civil al margen del Estado. "Ello fue así porque la principal esfera alternativa al Estado fue el orden tradicional señorial y la élite, ambos marcados por un autoritarismo fuerte, a diferencia de una sociedad civil propiamente libertaria (...). Más aún, porque la cultura estaba demasiado vinculada a la élite tradicional, que a su vez controlaba el Estado burocrático y el orden social tradicional. Por último, porque la principal idea colectiva ofrecida era la imagen holística de una nación proyectada por el Estado administrativo. A su vez, en el siglo XX ha sido difícil que la sociedad civil emerja por sí sola puesto que el Estado ha copado la política, la cultura, la nación, gobernando de manera casi suprema" 1.

A lo largo del siglo XX, a medida que se fueron consolidando los partidos políticos, el conflicto social se realizó dentro del Estado, donde quedó regulado y tuvo ciertas posibilidades de expresión. Sin embargo, la estabilidad política constituida a partir de la preponderancia organizativa y referencial del Estado condujo también a que la "sociedad civil" no dispusiera de otros canales organizacionales e institucionales diferentes a los partidos, excepto en la derecha donde el empresariado siempre fue un actor social y político relativamente autónomo. Para el resto de la sociedad, la representación social se expresó básicamente a través de los partidos, los cuales desarrollaron una tendencia hacia la autonomización creando subculturas específicas para sus militantes y/o representados a partir de una visión doctrinaria e ideológica del Estado, la sociedad, la cultura y la economía.

Estas breves referencias que hemos realizado a estas constantes históricas ayudan a entender el carácter marcadamente autoritario que asumió el régimen militar que depuso a Salvador Allende, así como la intención del mismo por definir una estricta institucionalidad para el período de transición democrática que previniera la polarización política y la emancipación de los sectores populares. De tal suerte, durante largos diecisiete años el régimen militar hizo todo lo posible para mantener un total control sobre la sociedad y prevenir las influencias externas. Se recurrió a la integración a través de un privilegio de los valores patrios a través de ritos integrativos nacionalistas, tal como imperaban en los cuartes . El principal corolario de este rasgo autoritario fue el disciplinamiento de la sociedad civil, la cual una vez más quedó atrapada dentro de los tentáculos de un poderoso Estado.

De acuerdo con el cronograma consagrado en la Constitución de 1980, al cabo del período transitorio debía realizarse una consulta popular para decidir la permanencia de Pinochet como presidente de la república por un período adicional de ocho años. El NO triunfó con el 56% de los votos, lo que obligó al dictador a convocar a elecciones presidenciales para el año siguiente. Se inició así una transición pactada entre el gobierno y la oposición. Fue en este contexto que se dio inicio a una transición democrática restringida bajo tutela militar.

El proceso democratizador quedó coartado por la supervivencia de elementos autoritarios de diferente género, las denominadas "leyes de amarre" o "enclaves autoritarios": en el plano institucional, Augusto Pinochet conservó el cargo de Comandante en Jefe del Ejército y las fuerzas armadas pasaron a disponer de una elevada autonomía económica y legal además de una presencia activa en el Consejo de Seguridad Nacional. Antes del arribo del nuevo gobierno al poder, Pinochet promovió a sus correligionarios en el aparato estatal y designó a la mayoría de los jueces de la Corte Suprema. Por último, pero no menos importante, la oposición no pudo lograr significativos avances en la flexibilización del procedimiento de reforma de la Constitución, porque el legado más importantes en el campo político con el cual Pinochet pretendió "purificar" la democracia fue la promulgación de una ley electoral que tiende a favorecer a la derecha, establece la emergencia de un sistema bipartidista a lo cual se suma la designación de algunos senadores. La ley electoral se propuso crear un sistema de contienda bipolar; se eligen dos diputados por distrito y dos senadores por circunscripción. Sólo si una lista dobla en votos a la que le sigue puede obtener los dos representantes. Como históricamente en Chile, la votación se ha repartido en tercios, a los partidarios del régimen militar les basta con obtener un tercio de la votación para lograr la mitad de los representantes al Parlamento. Además, las circunscripciones y distritos se repartieron de tal manera que las regiones, donde la tradición de la derecha ha sido más fuerte, tienen una mayor representación en el Parlamento.

El régimen de Pinochet aseguró de esa manera la continuación de la vigencia de su Carta Fundamental y la proyección de las normas definidas durante su mandato. Esta práctica, a la postre, terminó generando una gran disfuncionalidad entre el rígido marco institucional que proyectó el régimen militar y la mayor entronización de segmentos sociales y/o ámbitos societales en los circuitos globalizantes, los cuales se caracterizan por una mayor fluidez, velocidad y bajo nivel de institucionalización.

Con 84 años, hace menos de un mes, el octogenario ex dictador fue despojado de su fuero de senador vitalicio, por parte del Gobierno chileno.

Esta negociación, en la que el gobierno militar fijó los términos, se convirtió a la postre en una de las principales características de Chile en los noventa por cuanto redujo las posibilidades para que los gobiernos democráticos se empeñaran en profundizar la democracia. De otra parte, este acuerdo forzó a las que en ese entonces eran las fuerzas de oposición a enterrar el patrimonio crítico que habían desarrollado en los años previos, las indujo a reducir la cobertura de los cambios deseados y se convirtió en una legitimación de las reglas del juego impuestas por el gobierno militar. En síntesis, el acuerdo entre el gobierno militar y la oposición fue una negociación que permitió el inicio de un proceso democrático a cambio de la institucionalización de algunas "zonas reservadas" del antiguo régimen.

El hecho de que la transición hubiera tenido que ser pactada obligó a las fuerzas democráticas a concluir una amplia coalición que permitiera el surgimiento de gobiernos estables y con relativamente amplios márgenes de gobernabilidad. Significó, al mismo tiempo, una inclinación a la economía del conflicto como una voluntad de evitar la confrontación con la derecha y particularmente con las Fuerzas Armadas. Este proceso no dejó de presentar, de entrada, una serie de inconvenientes. Era una noción ideológica del sistema político deseado porque escondía numerosas deformaciones como son las restricciones a los cambios políticos y a la naturaleza del modelo económico, obligaba a desconocer y relegaba a segundo plano los conflictos y las tensiones porque éstos podían reducir los márgenes de gobernabilidad de los consensos e introducía negociaciones cupulares que marginaban a las bases en materia de participación. Los aspectos, sin embargo, más comprometedores de esta conceptualización de la democracia consisten en que crean una falsa ilusión dado que la preeminencia de las reglas democráticas en una economía de mercado termina oscureciendo las fuentes estructurales del conflicto social y que la democracia real sólo es posible a través de la expansión radical del mercado y la reducción al mínimo del Estado 2.

Una buena ilustración de este problema ha podido percibirse en el tema de las violaciones a los derechos humanos. La estrategia adoptada por el primer gobierno de la Concertación fue la de conocer la verdad, reparar moral y/o materialmente a los damnificados y sancionar a los responsables. Con este fin se formó la Comisión Verdad y Reconciliación compuesta por altas personalidades, la cual tenía por objetivo estudiar estos casos y establecer la exactitud de los hechos. En momentos en que se difundió el documento de la comisión un grupo extremista asesinó al senador Jaime Guzmán, un destacado líder opositor y una de las figuras más importantes del régimen militar, de hecho, su principal ideólogo. Este evento cambió totalmente los términos del debate político, pues la derecha y las Fuerzas Armadas pasaron a la ofensiva y elevaron críticas al gobierno por su presunta permisividad frente a estos actos terroristas. Ante tan oscuro panorama, el gobierno decidió postergar las reformas constitucionales fundamentales y concentrarse en introducir mejoras a nivel de los poderes municipales y regionales, por ser temas en los cuales se podía lograr un mayor consenso al tiempo que no representaban ningún conflicto. El repliegue del gobierno y su deseo de no tensionar las relaciones con las Fuerzas Armadas y la derecha significó una pérdida de protagonismo político y una retroalimentación adicional de la apatía ciudadana en torno a los asuntos públicos, lo que se ha traducido en un creciente aumento del desinterés de la población por la política.

No fue casualidad que esta inhibición de la democracia para realizarse creara una situación en la cual las instancias de articulación de la sociedad, el Estado y los partidos políticos comenzaran a ser sustituidos por una coordinación de las relaciones sociales a partir del mercado. Como señala un autor, "el avance del mercado significa no sólo la privatización de las empresas públicas, sino por sobre todo la privatización de las actitudes, expectativas y preferencias individuales" 3, lo que conduce a una preocupante desintegración del espacio social debido a la individualización inducida por el mercado, la erosión de la esfera pública y al distanciamiento del individuo de lo político. No es de extrañar que en estas condiciones el centro comercial hubiera desplazado a la plaza pública en tanto que espacio de realización de las preferencias individuales y sociales. "Las personas, en efecto, escribe Eugenio Tironi, se comportan antes como consumidores que como ciudadanos; antes como individuos que como grupos sociales o comunidades; antes como defensores de derechos e intereses privados que como promotores de fines colectivos; antes como defensores de la transparencia del mercado que como demandantes de beneficios del Estado"4.

El proceso judicial que actualmente se adelanta en contra del antiguo dictador ha trastocado por completo la manera como venía realizándose esta ecuación política. De una parte, porque ha sacado a la luz pública numerosas páginas oscuras del anterior régimen, las cuales nadie puede desconocer. Igualmente obliga a repensar los ejes básicos del modelo chileno en la medida en que se demuestra que la modernización autoritaria fue un asunto parcial, desequilibrado y que sólo reflejaba los intereses de los actores dominantes. De ahí que sea menester avanzar hacia una propuesta de modernización democrática, en la cual los distintos grupos de interés tengan igualdad de oportunidades para presentar sus demandas y donde el sistema económico adquiera una mayor complejidad institucional 5.

De la otra, el proceso a Pinochet se ha traducido en un distanciamiento de vastos sectores de la derecha con respecto a la figura del antiguo dictador, situación que crea nuevas posibilidades para avanzar en una transformación del rígido guión institucional. Por último, pero no menos importante, con este anhelo de justicia la sociedad chilena está demostrando que ha sabido superar el síndrome del "orden" y encuentra un terreno abonado para el despliegue de iniciativas políticas más libertarias. Es decir, la actual coyuntura se ha convertido en un pilar a partir del cual puede emerger una sociedad civil más autónoma y plural, para la cual la democracia y el respeto de los derechos humanos constituyan "el límite ético de la acción política". De producirse este cambio, Chile, aquel pequeño país en los confines del mundo, resplandecerá en el concierto latinoamericano, no sólo por su capacidad para poner en marcha un modelo extravertido de desarrollo que busca realizarse dentro de estos intersticios globalizantes, sino por la madurez de su esquema democrático.

*Profesor Titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de los Andes.

1Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica , Santiago, Planeta/Ariel, 1999, p
. 55.
2Tomás Moulian, Chile: anatomía de un mito , Santiago, Ediciones Lom, 1997.
3Norbert Lechner, Las sombras del mañana en Colección Estudios CIEPLAN, N. 37, Santiago, 1992, p. 7.
4Eugenio Tironi, El cambio está aquí , Santiago, La Tercera Mondadori, 2002, p. 29.
5Carlos Hunneus, El régimen de Pinochet , Ediciones Sudamericana, Santiago, 2000, p. 495.