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UNP No. 84
Título : El desplazamiento forzado, ¿palanca del "desarrollo"?
Autor : Darío Fajardo Montaña
Sección: Nación
Fecha : Noviembre 27 de 2005

Un informe reciente del Banco Mundial señala que entre l999 y 2000 la cifra de los desplazados era de 1.8, consistente con el último dato de Codhe

El desplazamiento forzado, ¿palanca del "desarrollo"?

El despojo violento de las tierras en nombre del desarrollo está creando nuevos citadinos, quienes encuentran un mercado laboral que también los expulsa. Tal dinámica de desplazamiento-migraciones urbanas, perfecciona y prolonga un ciclo de pobreza, que solo ha resultado exitoso para el sector productivo.

Darío Fajardo Montaña
Oficial FAO de la Naciones Unidas

Luego de las esperanzas que abriera la promulgación de la Ley 70 de 1993, marco para el reconocimiento de las titulaciones colectivas de los territorios comunitarios del Pacífico y el Atrato, comenzaron a multiplicarse las agresiones dirigidas a arrebatar sus territorios, desde Cacarica, frontera con Panamá, hasta Tumaco o las vegas del Jiguamiandó y el Curvaradó, Urabá. En los años noventa, el espejismo del canal Atrato-Truandó fue el motivo para los primeros desplazamientos masivos en el Atrato, luego fue el avance, al parecer incontenible, de las plantaciones de palma africana.

Una de las más inquietantes alarmas proviene ahora del propio Estado, que mediante Decreto 1516 de octubre de este año, inició la reversión de uno de los mayores logros de las comunidades afrocolombianas, conseguido a través de la Ley 70.

La decisión de este Decreto traduce, a no dudarlo, un signo político que se viene expresando ya sea en los territorios comunitarios negros, los resguardos indígenas de Caldas o el Cauca o en las reservas campesinas de Cimitarra o Calamar, al lado de la creación de condiciones para la "privatización" de los bosques y las "concesiones" de parques naturales. Es, en últimas, la "solución final" para las comunidades que tienen en estos territorios sus raíces históricas y espacios de resistencia al capital.

Como lo expresan estudios y testimonios sobre esa prolongada "desterritorialización", luego de las presiones y el terror, del despojo y de la pérdida de los lazos de familia y comunidad, muy pocas opciones quedan a los sobrevivientes: convertirse en jornaleros o aparceros de sus propias tierras, sumarse a los miles de migrantes que con inmensa dificultad se acercan a las principales ciudades, para evadir no siempre con éxito, el hambre y la muerte, o enfrentar las desventuras de las colonizaciones.

De esta manera, campesinos, colonos y nuevos citadinos de los barrios más pobres reviven en estas historias de desplazados lo que ha llegado a ser parte de nuestra historia: el despojo violento de las tierras como condición del llamado desarrollo. Así, entre los desplazamientos forzados de los años cincuenta y los que comenzaron a arreciar a mediados de los ochenta nos acercamos al porqué del éxodo.

Los elementos comunes tienen que ver, de una parte, con la destrucción de los lazos sociales y la pérdida del territorio, y de otra, con el despegue de nuevas fases de desarrollos empresariales en los campos y las ciudades. En los años cincuenta y sesenta fueron los cultivos de la "agricultura comercial" como caña de azúcar, banano, arroz y algodón o el impulso económico y político de los emprendimientos manufactureros urbanos; en los ochenta y noventa, la palma africana y los cultivos proscritos, en especial la coca, de la mano con todas las empresas que han servido de mampara al lavado de activos y catapultado la informalización urbana e internacional del empleo.

Las cifras del desplazamiento forzado superan la escala de aquellas de los años cincuenta. Para mediados del siglo XX, cuando Colombia apenas sobrepasaba los 14 millones de habitantes, la población desterrada alcanzó las 800 mil personas, equivalentes a poco más del 5% del total. De acuerdo con Codhes esta cifra supera hoy los 3,5 millones de personas, que para una población de 45 millones representa poco más del 7%.

¿A dónde llegan los migrantes?

Una proporción de la población desplazada, tal vez la más numerosa, se encamina hacia los mercados urbanos, afectados por la crisis iniciada a comienzos de los 90, de la cual da cuenta el bajo crecimiento demostrado hasta ahora por la economía colombiana. Esta circunstancia ha dificultado la absorción laboral de los migrantes, en particular los recientes: para 1997 el desempleo de este sector de la población alcanzaba 16,3% frente al promedio de 11,8% de los años anteriores1.

Estas condiciones solo podrían modificarse significativamente con un crecimiento mayor al alcanzado hasta ahora; no obstante, las perspectivas no parecen mostrar mejoría: un estudio reciente del CID2 estimó este crecimiento en 4%, cifra inferior a la de buena parte de los países latinoamericanos.

La estrechez de los mercados laborales converge con los cambios ocurridos en las relaciones de trabajo, marcados por la denominada "flexibilización" y por el debilitamiento de las organizaciones sindicales, resultante del asesinato selectivo de sus dirigentes, registrado por la OIT en los niveles mundiales más altos. De acuerdo con la Escuela Nacional Sindical, en 2004 se presentaron 688 casos de violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la integridad de los trabajadores sindicalizados en Colombia, y de este total 13,6% correspondió a homicidios3.

Las sucesivas reformas laborales iniciadas con la Ley 50 de 1990 y continuadas con la Ley 789 de 2002 han implantado la precarización, la deslaboralización y la terceriarización de los mercados de trabajo4. Durante la década se perdieron 900 mil contratos de trabajo asalariado, modalidad que hoy solamente contribuye con 355 mil, y el trabajo por cuenta propia y bajo nexos familiares sin remuneración, convertidas en las modalidades dominantes de ocupación, explican 642 mil nuevos puestos de trabajo; solamente el trabajo por cuenta propia ha aumentado en 2,5 millones empleos.

En los mercados urbanos, de los 582.493 puestos generados, el 60,3% corresponde a trabajadores por cuenta propia, 24,6% a contratos asalariados y el 15,1% a trabajadores urbanos sin remuneración; el 55% de los trabajadores por cuenta propia reciben menos de medio salario mínimo5 y según la Escuela Nacional Sindical, más del 80% de los asalariados devenga menos de dos salarios mínimos.

Lo anterior da como resultado la desestabilización laboral y la pobreza, frente a las cuales es útil traer las tajantes reflexiones de Hugo López en su estudio sobre la inestabilidad laboral: "Colombia no tiene clase obrera. No puede haber clase obrera en un país donde la probabilidad de llegar a los 10 años en una empresa es menos de 4% y donde la perspectiva laboral después de los 35 años es por cuenta propia".

Al decir del autor, el empresariado colombiano coloca sus expectativas de utilidades no tanto en las innovaciones técnicas y en la generación de productos como en el manejo de personal: gasta su tiempo no en transformar la base productiva de las empresas sino en escoger el trabajador más caro que hay que despedir y al más barato que habrá de reemplazarlo.

Y añade: "La elevada rotación de personal en todos los tipos de firmas, indica que la gran mayoría de los empresarios centra sus esfuerzos y sus expectativas de utilidades en el ahorro de costos de nómina, más que en el cambio tecnológico y en la introducción de nuevos productos"6.

Tales observaciones destacan elementos que trascienden lo coyuntural. Se inscriben en la esencia de las relaciones entre quienes controlan los recursos para la producción y el mundo de los trabajadores, ya sea en la sociedad rural, ya en los medios urbanos, y ponen de manifiesto los ejes centrales de un sistema exitoso para la gestión de grandes empresas, como lo demuestran las cifras reiteradas de sus balances anuales, a costa del empobrecimiento de una proporción creciente de la población.

1 López, Hugo et al. , Empleo y pobreza rural 1988-1997 , Cide-Cega-TM Editores, p. XXX.
2 Bonilla, R. y González, J.I. (coordinadores), Bien-estar, macroeconomía y pobreza, CID, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2004, p.14.
3 Bonilla, R., González, J.I., op. cit. , p.14
4 Ibídem.
5 Ibídem, p. 29.
6 López C. Hugo, Ensayos sobre economía laboral colombiana , Fonade-Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1996, pp. 315-316.