Nedstat Basic - Free web site statistics .

UNP No. 84
Título : Rompiendo el cerco: “liberar la pacha mama”
Autor : Nelly Mendivelso
Sección: Coyuntura
Fecha : Noviembre 27 de 2005

En el norte del Cauca habitan 117 mil indígenas. El 70% sufre problemas de desnutrición y paludismo. La expectativa de vida actual está entre 40 y 60 años de edad.

Rompiendo el cerco: “liberar la pacha mama”

Nelly Mendivelso
Unimedios

Hace un año, los indígenas Nasa fueron recocidos con el Premio Nacional de Paz, como organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. Hoy están en la picota pública por reclamar el incumplimiento de acuerdos pactados sobre algunos territorios.

Después de reflexionar acerca de su propia realidad, y de animarse mutuamente "porque la pelea es dura", los indígenas más ágiles y sanos de la comunidad Nasa salen armados con palos para enfrentar a la fuerza pública. Se agrupan de cien en cien, y alternan la lucha cada dos horas, mientras las mujeres y los niños se resguardan en la cocina o prenden fogatas para dispersar el humo de los gases lacrimógenos con los que la policía antimotines enfrenta el choque, en una misión que busca desalojar a los nativos, de los predios que tomaron a la fuerza.

Por pura convicción de que la tierra es la madre de todos los seres vivos y por ello debe ser colectiva, desde el pasado 12 de octubre la Comunidad Indígena de Caldono, compuesta por seis resguardos con una población de 20 mil habitantes, ocupó la hacienda El Japio de una tal familia Garcés. Siguiendo el consejo de los taitas rompieron los cercos para "liberar a la pacha mama" (madre tierra) de la ley que según ellos "le impone dueños, dominios, escrituras, y la somete a la propiedad y a la explotación en beneficio de unos pocos, mientras reduce la posibilidad de que todos quepamos".

De esa visión ancestral sale la propuesta que le hacen al Gobierno de una Reforma Agraria Popular, porque "más que redistribuir y ver quién se queda con la mejor parte, se trata de convivir, respetar, garantizar la soberanía y la vida". Por eso están seguros que su reclamo es justo y "llegará hasta las últimas consecuencias", como dijo Rafael Coycue, indígena paez del Cabildo de Corinto, durante la Cátedra Latinoamericana "Antonio García Nossa" de la Universidad Nacional. Como emisario de los indígenas del Cauca, Coycue expresó el sentir de su pueblo y la forma como está afrontando este conflicto, que en días pasados le costo la vida a su compañero Belisario Camayo y ha dejado más de 40 heridos en su comunidad, mientras varios policías también han resultado lesionados.

"La sangre de Belisario nos dio más fuerza y su cuerpo lo enterramos en este predio como símbolo de nuestra lucha". Quizá esa fuerza es la que les ha permitido soportar enfermedades como diarrea y dolor de cabeza, así como las quemaduras y el escozor en los ojos, ocasionados por los gases lacrimógenos, que afectan sobre todo a mujeres y niños.

En la finca, los indígenas cuentan con provisiones de maíz, yuca, plátano, banano, habas y fríjol. Cuando se agotan, las comunidades que no alcanzan a ocupar predios las proveen, "eso es lo que llamamos principio de unidad", dice Rafael, evocando lo que para su pueblo fue la peor humillación: "Un día llevábamos dos mil bolsas con comida cocida y la policía nos la quitó para arrojarla a la basura".

En El Japio, hacienda de renombre porque alguna vez albergó al Libertador Simón Bolívar, hoy las indígenas caucanas le cocinan a los hombres que combaten mientras cuidan los hijos, los más viejos dan consejos, y otros se encargan de la gestión política y la comunicación, dentro de un proceso de organización interna que refleja parte de su estructura social afuera: el argumento más fuerte para hacer resistencia.

En estas condiciones, Rafael y su comunidad requieren alimentos y medicamentos como analgésicos o aceite para las quemaduras -aunque ya una misión médica de la ONU obtuvo permiso para atenderlos-, pero ante todo que el resto de la sociedad sepa lo que, desde su punto de vista, ocurre con las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en el país, y por qué iniciaron un proceso de "Liberación de la madre tierra".

En el norte del Cauca habitan 117 mil indígenas. El 70% sufre problemas de desnutrición y paludismo. La expectativa de vida actual está entre 40 y 60 años de edad.
Cortesía: Consejo Regional de Indígenas del Cauca

Acuerdos inconclusos

La comunidad indígena del Cauca está presente en cinco de las siete regiones que integran el departamento. En Silvia, Jambaló, Totoró, Caldono y Toribío se encuentran los guambianos; en el centro está parte del pueblo Coconuco; oriente alberga a los pueblos Guanaca y Totoroe; y Pacífico, en el municipio de López de Micay, a representantes del pueblo Eparara Siapidara de la etnia Embera. En el Macizo Caucano se encuentran los yanaconas, cuyos resguardos se localizan en los municipios de Sotará, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Piamonte, Santa Rosa, Bolívar y La Sierra. Pero en el norte y oriente donde se concentra el mayor número de indígenas del departamento, e incluso del país: los paeces, ubicados principalmente en las poblaciones de Toribío, Caloto, Miranda, Santander de Quilichao, Corinto, Morales, Buenos Aires y Suárez, y se extienden hasta los departamentos de Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca.

Sus problemas son de vieja data, por eso permanecen presentes en la memoria de los nativos. Dicen que en 1810 Simón Bolívar ordenó entregar tierras a los resguardos y comunidades indígenas por su participación en el proceso de lucha, derechos que abolió en 1830 el general Santander.

La Constitución de 1886 negó su existencia, prevaleciendo la de blancos y mestizos. En 1890, la Ley 89, ordenada a 40 años, promulgó que para entonces no debía existir un solo resguardo ni cabildo, por lo cual las comunidades debían reducirse a la vida civil, pues se trataba de salvajes. Manuel Quintín Lame entre 1905 y 1910 tomó un aspecto positivo de esta ordenanza, la que señalaba a los resguardos como un territorio legítimo de las comunidades indígenas, por lo cual se debía regir por una autoridad, el Cabildo; así organizó y reclamó tales derechos. Luego en 1948 la violencia entre conservadores y liberales no los dejó por fuera, y se presentó el desplazamiento de indígenas y campesinos, así como el despojo de tierras más aberrante de la historia. "Nos echaron para los páramos y las pendientes montañosas, mientras ellos se quedaron con las mejores tierras, eliminando los títulos coloniales. Fue de tal manera como familias prestigiosas del país se apoderaron de esas tierras y hoy ostentan su dominio".

En 1971 nació el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), con objetivos como la recuperación de las tierras de los resguardos que habían sido fincados desde La Colonia y usurpados por terratenientes. Con la Constitución de 1991 fueron expuestas tales inquietudes y plasmados unos derechos. "En esas andábamos cuando, el 16 de diciembre del mismo año, 20 indígenas (entre ellos mujeres y niños) fueron masacrados en una operación de la fuerza pública y los paramilitares. Los indígenas estaban en la finca El Nilo, ubicada en un resguardo en el norte del Cauca".

"El 23 de diciembre del mismo año, el Gobierno se comprometió a adquirir 15.600 hectáreas de tierra fértil, para entregárnosla y así solucionar en parte nuestras necesidades". Se estableció un plazo de 4 años, es decir que el compromiso debía cumplirse hacia 1994. Un año después se firmó el Acuerdo de La María Piendamó con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos del Nilo, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos que analizó la masacre, ratificó la responsabilidad del Estado colombiano e instó la reparación integral y a llevar a fin los convenios sobre adjudicación de tierras.

"Han pasado catorce años y en ese lapso nos han entregado solo 9.000 hectáreas de tierra improductiva, erosionada y de vocación forestal". De acuerdo con los indígenas, apenas un 30% de los terrenos entregados les sirve para sobrellevar su soberanía alimentaria, y el problema aumenta, pues alegan que su frontera agrícola se ha visto reducida con la Ley de Parques, por la cual se dictan disposiciones para garantizar la conservación y uso sostenible de las áreas de páramo en Colombia. "Seis de nuestros municipios colindan con estos reservorios de agua. Sabemos que hay que conservarlos pero también es cierto que están en vilo cerca de setenta mil hectáreas del territorio que habitamos, pues según un estudio técnico hay setenta mil nacimientos de agua en estas zonas".

En la cronología que exponen aparece el Decreto 982 suscrito en 1999, donde se establece la emergencia social y económica de las comunidades indígenas del departamento del Cauca y el Gobierno de entonces se compromete a hacer un estudio social y económico. "En 2000, una estadística del Incora señaló que los indígenas necesitábamos 162.000 hectáreas, pues las tierras que ocupábamos no eran suficientes ni aptas para la agricultura". Hoy, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) encargado de adelantar los estudios socioeconómicos, analiza la necesidad de cada comunidad, pues según el coordinador de asuntos indígenas de esta entidad, Silvio Garcés, resultaría imposible hablar de una cifra general cuando en cada grupo los requerimientos de tierra son distintos.

Lo cierto es que en este momento a los nativos les adeudan cerca de 6.000 hectáreas y en su proceso de "recuperar la madre tierra" han recurrido a vías de hecho que comenzaron el pasado mes de septiembre con la ocupación de La Emperatriz en Caloto (Cauca), predio que hace parte de las tierras prometidas en el acuerdo del Nilo. El 12 de octubre fue El Japio, pero también se han adelantado tomas en los municipios de Caldoso, Silvia y, según Rafael Coycue, "hay más de 17 predios afectados, y aumentarán pues indígenas del Tolima, Córdoba y Sucre, entre otros, pronto se unirán a la lucha".

"Los Guambianos hablan de 12.000 hectáreas identificadas por el Estado como el mínimo necesario para satisfacer urgencias del plan de vida. Por eso ocuparon en Silvia una hacienda de los Rodríguez Orejuela, dando una pista para iniciar un proceso de concertación con la entrega de predios que se encuentran incautados a narcotraficantes. En la lista de estupefacientes hay más de 30 de esas propiedades que podrían ser tituladas a indígenas y campesinos antes de que se apoderen de ellas cuatro vivos de cuello blanco bien ubicados en la burocracia", asegura Camilo González Posso del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Para Ricardo Peñaranda, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), los indígenas del Cauca están apelando a los mecanismos que emplearon hace más de 30 años, cuando invadieron predios de hacendados y lograron recuperar cerca de 70.000 hectáreas. Para el analista, valdría la pena preguntarse ¿hasta qué punto un relativo mejoramiento de las condiciones produjo un incremento demográfico y por supuesto, más presión?

De acuerdo con los indígenas, si bien es cierto que hay 27 millones de tierras adjudicadas a sus comunidades, el 72% se encuentran en la selva amazónica, y el porcentaje restante en sitios erosionados de la zona andina.

Muchos acuerdos, pocas acciones

Los reclamos de los indígenas toman fuerza cuando los estudios muestran que el 48% de las tierras más productivas están en manos de narcotraficantes, y otro porcentaje en manos de guerrilleros y paramilitares. Los que protestan son indígenas, campesinos y afrodescendientes, poseedores del 5% de la tierra apta para la agricultura. Tomaron la vocería de los más de 3.5 millones de desplazados que sobreviven en los cinturones de miseria de algunas capitales del país, para unirse en una lucha común. "Algunos intentan deslegitimarnos diciendo que obedecemos a intereses de la guerrilla, cuando siempre nos hemos declarado un pueblo neutral dentro del conflicto armado, pues no estamos de acuerdo con una guerra que tan poco nos interesa".

Los indígenas explican sus acciones debido al incumplimiento de lo pactado. "Pero está claro que el Gobierno solo quiere desalojarnos por la fuerza; de este modo los muertos y heridos que haya serán única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno".

Las deudas fueron asumidas por la actual administración. Por eso el 13 de septiembre pasado, la toma de La Emperatriz concluyó con una reunión entre representantes del Gobierno y autoridades indígenas, en la cual se acordaron los términos en que se entregarían las 6.600 hectáreas prometidas por la administración Gaviria. Para los indígenas este acuerdo, así como otros, aún no ha dado frutos. Mientras tanto en un comunicado la Casa de Nariño asegura que en año y medio cumplirá todos los compromisos adquiridos con los indígenas en el acuerdo del Nilo. "La administración Uribe gestiona, para el 2006, una incorporación al Proyecto del Presupuesto de $10 mil millones, y en el presupuesto de 2007 se añadirán otros $10 mil millones. A estas cifras se sumarán otros rubros presupuestales con los que se acumula un total de $25 mil millones que permitirán cumplir con los compromisos", dijo el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt.

En consideración a estos hechos, las comunidades y autoridades tradicionales indígenas manifiestan su disposición al diálogo y exigen la firma de un acuerdo que se concrete en acciones, pues "están cansados que la voluntad de solucionar sus problemas quede siempre en el papel".