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La acción de las Fuerzas Armadas ha acentuado la crisis de la economía cocalera en la región, lo que ha dejado pocas alternativas productivas a la población.

Guerras por La Macarena

En un intento por comprender el conflicto y el nivel de legitimidad en La Macarena, a partir de la relación entre el Estado, la guerrilla y los campesinos, UN Periódico invitó al sociólogo Nicolás Espinosa a escribir parte de las conclusiones que deriva de su tesis en la Maestría en Ciencia Política para la Universidad de Andalucía (España).

Nicolás Espinosa M.*

A comienzos de 2004, tras una agria disputa, la vereda El Socorro del municipio de La Macarena (Meta), se dividió en dos, y una nueva Junta de Acción Comunal fue conformada; varias familias decidieron organizarse aparte para así tener una escuela más cercana y contar con las ayudas que la alcaldía local brinda a todas las juntas.

A fin de impedir la secesión de la vereda, los campesinos renuentes se dirigieron a la única autoridad que existe desde hace casi tres décadas en la zona rural de La Macarena: la guerrilla. Un comandante de las Farc les dio a entender que eso era problema de ellos, y que como tal tendrían que resolverlo solos. El conflicto se solucionó un año después gracias a que la alcaldía aceptó reconocer a la vereda rebelde respetando el nombre de su antecesora, bautizándola “El Socorro bajo” y no como pretendieron los separatistas: “La Libertad” o “La Reforma”.

De todas formas el creciente y progresivo declive de la economía de la coca era más preocupante. Tema que merece artículo aparte, pues este texto intenta comprender la relación de los campesinos y la guerrilla en la región, haciendo la salvedad que bajo ningún pretexto el ejercicio de “comprender” implica necesariamente “justificar” situaciones de los actores analizados.

Presencias y ausencias

Para contrarrestar la ofensiva del Plan Patriota iniciada en 2003, el Bloque Oriental de las Farc reorganizó sus jurisdicciones en La Macarena y destinó un nuevo frente para el bajo Río Guayabero. El frente apareció con una actitud “más de pelea”, según contó un habitante de El Socorro quien aprovechando una visita de la guerrilla a la vereda, informó sobre la solución a que se llegó con el lío de la separación de la vereda. El comandante no mostró ninguna inquietud al saber que fue la alcaldía quien avaló la fórmula de arreglo, pues “la guerrilla está en ‘otro cuento’, pero por ahí andan”.

Campesinos y colonos se han visto en muchos casos obligados a convivir con las Farc en una relación poco estudiada por las ciencias sociales. Cortesía Nicolás Espinosa M.

Esto empezaba a inquietar a los habitantes, y seguramente al ejército, pues “el otro cuento” consistía en que la guerrilla patrullaba más intensamente por doquier, en grupos de máximo tres guerrilleros y en una actitud ofensiva. Esta estrategia tendía a incrementarse meses antes del ataque de diciembre que le costara la vida a 29 soldados en Vistahermosa (Meta), y que diera pie a una ofensiva de la Fuerza Pública y al inicio de otra más en la larga lista de “guerras por La Macarena”. Ofensiva que ha sido contrarrestada por las Farc con un estricto paro armado como una efectiva muestra de su poder.

Hoy la región se mantiene en una profunda crisis humanitaria, agudizada por el reciente y abrupto colapso de la economía de la coca. No solo no existe un plan o respuesta oficial ante la crisis regional que brinde alternativas a los campesinos, sino que el tratamiento de este problema (con profundas raíces sociales) ha sido estrictamente militar, metiéndose en el mismo saco campesinos, guerrilleros y narcotraficantes.

Para efectos de la ofensiva, diría un general de la Policía, “las 2.500 familias afectadas deberán buscar nuevos horizontes, o mejor: ser devueltos a sus zonas de origen”. El problema es que en la región no se contemplan ni se ofrecen otros horizontes, y las zonas de origen son la región misma, pues quienes pueblan La Macarena son campesinos hijos y nietos de los colonos.

La situación ya se veía venir. Aunque los avances militares del Plan Patriota en cuanto a cubrimiento de pie de fuerza de la Amazonia son extensos, la situación está lejos de quedar bajo el absoluto predomino del Estado, pues a fuerza de los hechos, la legitimidad formal no se gana con la sola presencia armada. Si bien la guerrilla ya no campea en los otrora famosos caseríos y pueblos del Caguán, la división de jurisdicciones que dinamiza la región queda patente: en el último viaje que realicé el año pasado a La Macarena desde el Caquetá, tras abandonar los centros poblados e internarnos en los llanos del Yarí, la guerrilla hizo una discreta aparición en la figura de dos milicianos que detuvieron los vehículos para saludar a los conductores, recomendar no transportar gente extraña y mandar un par de razones al pueblo.

Los sucesos de los últimos meses tienen un trasfondo que resulta pertinente analizar, pues la fuerza de la guerrilla y el reconocimiento que tiene en la región entre sectores campesinos no se debe únicamente al dinero que obtienen de su relación con la coca, ni a su poder de fuego o coerción armada que acompaña su discurso político. La presencia de la guerrilla no se concreta únicamente en acciones armadas ni debe a ellas el reconocimiento social mencionado. Una guerrilla tan vieja, con una racionalidad campesina tan afianzada y que participa de los más diversos órdenes y redes sociales no es derrotable de un día para otro. Aún si ello fuese así, eso no significaría, entonces, la relegitimación de la institucionalidad.

Legitimidad connatural

La presencia guerrillera en la región no es permanente, y los campesinos pueden pasar meses sin ver a la guerrilla. En mis sucesivos viajes desde hace cuatro años (ya terminado el despeje) no observé guerrillero alguno; he constatado, eso sí, que su presencia de facto es real. La emisora de la guerrilla “La Voz de la Resistencia” compite con la emisora del Ejército, y es común encontrar en caminos, fondas y escuelas, carteles que prohíben las peleas, el tránsito por ríos y caminos después de las 6:00 de la tarde, con una explícita autorización a las juntas para cobrar millonarias multas, convertibles en trabajo comunitario, por la contravención a estas normas y otras tantas como “los chismes probados”, la caza de animales y la tala indiscriminada.

Los carteles no llevan la firma de la guerrilla pero se deben a las “orientaciones” que se transmiten desde las montañas de Colombia. La normatividad ha sido elaborada y reelaborada en asambleas veredales, pero “se sabe” que la fuente de autoridad que legitima a una junta para ejercer esas prohibiciones e imponer sanciones son las Farc. Que la guerrilla pusiera multas y prohibiera cosas es práctica vieja y común en vastas zonas del país, lo novedoso radica en la potestad que desde hace pocos años tienen las juntas para asumir estas acciones, ganando con ello mayor autonomía e independencia. Las juntas siempre han contado con el aval del Estado, el respaldo de la guerrilla y el reconocimiento incondicional de las comunidades. Siendo el escenario idóneo y legítimo desde el cual negociar con las Farc y relacionarse con los gobiernos locales, la apuesta y estrategia política de los campesinos apunta a fortalecer este tipo de organizaciones legales, democráticas, amplias y abiertas.

Aun así, y arrastrando una tradición de varias décadas, es posible observar en algunos aspectos del trabajo de las juntas una relación simbiótica entre los campesinos y la guerrilla (curiosamente mediada por una estructura incentivada por el Estado), lo que ha dado lugar a un orden de cosas manifiesto en la resolución de conflictos, organización económica y movilización política que configura la dinámica social de la región. Mas no por ello deba entenderse, entonces, que los campesinos son auxiliadores o meros apéndices del aparato armado “farciano”, pues en esta configuración una de las estrategias más comunes de la guerrilla ha sido el control ejemplarizante y expedito de la población vía ajusticiamientos sumarios y destierros.

La adscripción pragmática al grupo armado que ostenta el poder, de la que hablara el profesor Eduardo Pizarro en su libro Insurgencia sin revolución, aunque puede ser uno de los factores que permite comprender la situación de los habitantes en zonas dominadas por la guerrilla, no es la condición imperante para el reconocimiento de ésta en La Macarena. Su pragmatismo es trascendido por una legitimidad construida desde ese “nosotros regional” que integra a la guerrilla (pese al autoritarismo demostrado) a las necesidades de orden y seguridad de la población; y trascendido también por el “exterior constitutivo” que alimenta la legitimidad de las Farc a fuerza de los excesos, señalamientos y por qué no: torpezas del contrario.

La última ofensiva del Estado en La Macarena seguramente incrementará el ingreso de jóvenes combatientes a las filas guerrilleras, pues toda vez que el futuro como guerrillero es una de
las tres o cuatro posibilidades de vida para los jóvenes, la debacle de la coca llevará a
numerosos campesinos a decidir el camino de la lucha armada con el más pragmático de los argumentos, que una atención seria y responsable del Estado podría evitar: la falta de oportunidades.

 

(*) Sociólogo, profesor universitario e investigador del Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.

Las opiniones emitidas aquí son responsabilidad exclusiva del autor. El nombre de la vered es ficticio y
este artículo es producto del trabajo de campo realizado en desarrollo de la tesina para la Maestría en Ciencia
Política de la Universidad de Andalucía.