El grupo “Frontera y territorio” trabaja en el fortalecimiento de los argumentos de Colombia.

Foto: Archivo / Unimedios

 

 

La demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia

En los próximos meses deberá producirse un fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre el litigio Colombo-nicargüense. Qué debe esperar el país y qué puede hacerse frente al fallo. Análisis.

Antonio J. Rengifo Lozano,
PhD, Departamento de Derecho

Germán Vargas Cuervo,
PhD, Departamento de Geografía
Profesores Universidad Nacional,
Grupo de Investigación Frontera y Territorio

La demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya pone jurídicamente en cuestión la soberanía de nuestro país sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Mar Caribe y pide a la Corte el trazado de una línea única de delimitación marítima entre la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva pertenecientes respectivamente a Nicaragua y a Colombia, “en concordancia con los principios de equidad y las circunstancias relevantes reconocidas por el derecho internacional y que son aplicables a tal delimitación de frontera marítima única”.

¿Cuáles son, de conformidad con la configuración geográfica y el derecho internacional de la delimitación marítima, los escenarios posibles que tendría la Corte Internacional de Justicia para proferir su fallo en este caso, desde luego, en el evento de que no fuesen acogidas las excepciones preliminares propuestas por Colombia? ¿Cómo puede Colombia alcanzar niveles óptimos de eficiencia en la estructuración jurídica de su estrategia defensiva para responder a las pretensiones de Nicaragua?

Son esos los interrogantes que se ha propuesto para este trabajo el Grupo de investigación Frontera y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia. Para ello, abordó el estudio del caso desde una perspectiva interdisciplinaria e integradora de sus diversos aspectos, con la finalidad de hacer una contribución académica para el fortalecimiento de los argumentos de la defensa de Colombia.

Desde la geografía, un análisis preliminar permite constatar que la Isla de San Andrés se encuentra situada en el territorio Colombiano, en el departamento de San Andrés y Providencia, en el Mar Caribe a 619,6 Km al Noroeste de Cartagena, entre los 12°28’55” y 12°35’37” de latitud Norte y entre 81°40’49” y 81°43’23” de longitud Oeste. Es una isla de aspecto alargado y en forma de caballito de mar con una superficie aproximada de 27 km². El archipiélago consta de un conjunto de islotes y cayos (Johny Cay, Rose Cay, Rocky Cay, Haynes Cay, Cotton Cay, Courtwon Cay, Haynes Cay, Grunt Cay, Grasey Cay, Cayos de Albuquerque y Serranilla y Bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño) que se extienden por espacio de cerca de 500 Km². En la Isla de San Andrés no hay corrientes superficiales permanentes. Ocasionalmente, durante los periodos lluviosos se forman pequeños cauces, la Rada y el Cove, al occidente de la Isla, y una serie de caños menores que drenan hacia la zona pantanosa del Oriente. Estos caños tienen menos de 1 km. de longitud, nacen en el sistema de colinas que atraviesa la Isla y drenan áreas pequeñas. Las características geológicas de las vertientes favorecen la ocurrencia de una escorrentía superficial alta en la mayor parte de la Isla y la recarga de acuíferos profundos en algunos sectores particulares. Por otra parte, una de las fuentes de agua potable en la Isla la constituyen los acuíferos. Entre ellos se destaca el localizado en la depresión del Cove.

Pese a que a San Andrés se la conoce como playa y mar, la isla presenta en su parte central un relieve emergido de antiguos arrecifes coralinos que hoy forman colinas, escarpes o paleo-acantilados y mesetas con alturas máximas de 87 m. Los puntos más altos están en la cima Pussy con 87 m y en la cima Samwright, al Sur, con 82 m.

Aunque la posición geográfica de la Isla de San Andrés es más en cercanías de Nicaragua, para el análisis de frontera y territorio es preciso tomar en consideración factores (el origen y composición geológica de la isla, los límites de las placas tectónicas y sus desplazamientos o movimientos relativos, la configuración de la plataforma continental y también aspectos históricos, políticos, culturales, sociales, económicos y ambientales) que seguramente aportarán una diversidad de respuestas que permitirían establecer criterios de espacio y territorio para documentar en Colombia el caso propuesto por Nicaragua.

El grupo de investigación Frontera y Territorio, siguiendo desarrollos recientes de la geografía y de la geología, y aplicando métodos técnicos para el estudio de demarcación de fronteras, pretende aportar nuevos criterios y recabar información multidisciplinar para fortalecer la posición de Colombia en sus fronteras, tanto respecto de los estados fronterizos como frente a la sociedad internacional.

Es de esperar que las excepciones preliminares propuestas por Colombia en el caso propuesto por Nicaragua sean acogidas por la Corte Internacional de Justicia. La decisión que sobre ese particular tome la Corte dentro de poco determinará a Colombia el curso que debe seguir. Si acepta las excepciones, terminará el caso. Si no las admite, continuará el trámite del proceso y, en ese escenario, Colombia deberá superar el estadio de estudios y análisis sobre títulos históricos para fortalecer, además de lo anterior, su capacidad defensiva en materia de delimitación marítima, con base, entre otros aspectos, en los precedentes de la Corte en esa materia y con apoyo de centros de investigación de universidades extranjeras con reconocida experiencia en delimitación marítima.

La cuestión es bastante compleja. Colombia es parte de la Convención de Ginebra de 1958 sobre la Plataforma Continental, pero Nicaragua no los es. Nicaragua es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero Colombia no lo es. Esta ambivalencia o limbo jurídico respecto de los tratados internacionales que rigen la materia objeto de la controversia, de ser ésta admitida, dejaría forzosamente a la Corte Internacional de Justicia plena autonomía para decidir el caso sobre la base del Derecho Internacional consuetudinario, lo que obliga, para Colombia, el análisis de las opciones y de los diversos escenarios que tiene la Corte Mundial para fallar el caso.

Con marcada influencia del derecho anglosajón, la Corte Mundial ha fallado ya varios casos sobre delimitación de fronteras marítimas. Ha tomado los siguientes referentes: la búsqueda de un acuerdo negociado entre las partes; el contenido y el alcance del Principio del Uti Possidetis Juris; Criterios de Equidad, Equidistancia y métodos prácticos de delimitación y pertinencia de la configuración de geología y la morfología de la Plataforma Continental.

No es frecuente, para ningún país, encontrarse en condición de demandado ante la Corte Mundial. Son situaciones excepcionales que demandan de los Estados esfuerzos voluntaristas y movilización institucional. Experiencias repetidas de otros países han mostrado con eficiencia que, frente a una demanda de tales dimensiones, los gobiernos recurren, además del trabajo de sus agentes o abogados ante la Corte, a las universidades, a los centros de investigación y a las comunidades epistémicas, con el fin de informarse a fondo y documentar completamente el caso sobre aspectos históricos, geográficos, oceanográficos, económicos, políticos, de relaciones internacionales y jurídicos.

Responsables nicaragüenses han expresado un marcado optimismo, alimentado por el hecho de haber obtenido su país, ante la misma Corte, en la década de los 80, un triunfo jurídico contra los Estados Unidos de América, cuya sentencia se ha convertido en referente para el estudio de varios problemas del derecho internacional. Frente a la postura nicaragüense hay que señalar que es mucha la diferencia de un caso al otro. Sin embargo, la prudencia recomienda no subestimar al contendor de Colombia en este caso ante la Corte.

Colombia debe preparar académicamente los escenarios por venir para fundamentar la defensa de nuestras zonas marítimas, pues de avocar la Corte el conocimiento de la cuestión de fondo, la lucha jurídica se centrará en la delimitación marítima. Eso nos refuerza en nuestra convicción de defender desde la academia, con patriotismo sí, pero desde unos saberes interdisciplinarios, lo que es nuestro, lo que pertenece a Colombia.

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