Aunque el escenario de conversaciones y conflicto es complejo, el país no debe perder la esperanza de una paz posible.

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Gobierno y ELN: bien, pero podría ser mejor...

Son muchos los avances que se han logrado en las conversaciones entre el Gobierno nacional y el ELN. No obstante, dice el profesor Vargas, es necesario que las partes hagan su mejor esfuerzo, pues, como siempre, a lo largo del camino suelen presentarse obstáculos de distinto tipo que pueden dificultar, retrasar o incluso suspender las negociaciones.

Alejo Vargas Velásquez,
Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia

Los acercamientos, que se iniciaron el año anterior, entre Gobierno y ELN, tendientes a formalizar un proceso de conversaciones para superar la confrontación armada con esta organización insurgente, han venido avanzando lentamente, pero hasta el momento con consistencia. Claro que podrían ir mejor, pero no hay que olvidar la complejidad de lo que está involucrado.

Las tres primeras rondas de conversaciones, llevadas a cabo en La Habana, permitieron que Gobierno y ELN empezaran a distensionar el ambiente, que los delegados de las partes se conocieran y que se fueran echando las bases de la Mesa de Conversaciones: reconocimientos mutuos, conformación y garantías para las delegaciones, unas reglas de juego de la Mesa, un papel para la comunidad internacional a través del papel que han venido jugando Cuba y Venezuela como países de cooperación especial y los denominados países acompañantes –Suiza, Noruega y España– y una participación –muy preliminar– de algunos sectores de la sociedad colombiana.

Terminada la IV Ronda de La Habana, entre gobierno colombiano y ELN, se puede hacer un balance más de conjunto para poner las cosas en su punto y dar elementos que permitan una valoración equilibrada, para no caer ni en pesimismos, que corresponden a entusiasmos exagerados, ni en optimismos exagerados, en los que se piensa más con el deseo que con la realidad. Recordemos que se está tratando de superar un conflicto interno armado de más de cuatro décadas de duración –con prevenciones mutuas, heridas y desconfianzas acumuladas– y no simplemente solucionar un pleito callejero.

Como lo señalaron en el comunicado que dieron a conocer, las dos partes reconocen la construcción de confianza, el establecimiento formal de la mesa, avances en precisar el rol del acompañamiento internacional e iniciar la participación de la sociedad. Se definieron los dos ejes estructurantes hacia un ‘acuerdo base’: ambiente para la paz y participación de la sociedad. Es decir, hay dos columnas sobre las que se debe mover el proceso de conversaciones y de acuerdos.

Ahora bien, ¿en dónde se sitúan algunas diferencias?: 1) en la caracterización del punto de partida; 2) en el punto de llegada, y 3) el carácter y alcance de la participación de la sociedad.

El gobierno considera que en la sociedad colombiana hay diversidad de conflictos que tienen procedimientos y escenarios para su trámite y los diferencia de la confrontación armada que requiere un escenario especial para su resolución. El ELN plantea que en Colombia existe un conflicto social y político armado y que el conflicto propiamente armado tiene relaciones o articulaciones con los conflictos sociales y políticos que han estado y Archivoestán presentes en la vida nacional. Esta es una discusión importante y necesaria, porque si bien es verdad que los conflictos sociales y políticos en una democracia deben continuar desarrollándose normalmente en un escenario de posconflicto armado, también es real que el conflicto interno armado tiene raíces y entrecruzamientos históricos y quizá contemporáneos con mucha de la conflictividad social y lo que se debería buscar es que a futuro esos conflictos sociales tengan garantías de que pueden desarrollarse sin estar atravesados por el uso de instrumentos armados.

En cuanto al punto de llegada de la negociación, el gobierno considera que se busca es mejorar la democracia y el pluralismo en la sociedad colombiana. El ELN aspira a transformaciones estructurales de la sociedad colombiana y que existan instrumentos para la transición de la situación de conflicto a la de posconflicto –Convención Nacional, Asamblea Constituyente, por ejemplo. No hay duda de que hay un elemento destacable y es que las dos partes aceptan que lo buscado por la negociación es dejar atrás la confrontación armada interna y lograr mejoras sustanciales en la democracia colombiana. Probablemente las diferencias son de grado.

En lo relacionado con la participación de la sociedad, seguramente las partes tendrán necesidad de discutir y aclarar previamente el carácter y naturaleza de ella. Si la participación se agota en la representación electoral, ¿qué papel juegan otros sectores tradicionalmente excluidos o autoexcluidos de ese tipo de ejercicio electoral? Igualmente, llegar a acuerdos acerca de qué alcance darles a escenarios como la Convención Nacional y la(s) Casas de Paz: ¿se puede y es deseable que se instalen Casas de Paz en sitios diversos del panorama nacional? ¿Cuál será el rol de ellas? ¿Qué alcance podría tener la Convención Nacional? ¿Es un seminario en el que se debaten algunos temas nacionales y se sacan conclusiones que pueden ir como iniciativas al gobierno o al Congreso Nacional? ¿Se trata de un escenario de carácter preconstituyente cuyas conclusiones deberían transitar a un escenario de tipo decisorio, como una Asamblea Constituyente o un Referendo? ¿Es solamente una reunión de la oposición política al gobierno? ¿Cuál es la relación de la Convención Nacional con la Mesa de Conversaciones?

Adicionalmente, van a surgir dificultades en un tema fundamental, como el del cese el fuego y las hostilidades, porque seguramente cada parte tiene una manera específica de entenderlo y porque un tema de esta naturaleza, si se quiere que sea serio y no una simple declaración retórica, debe dar respuesta a problemas como estos: ¿cuál será la temporalidad del cese el fuego y las hostilidades? ¿Habrá algún tipo de ubicación territorial de las fuerzas insurgentes? ¿Cómo resolver hostiliesto en regiones, como es la mayoría del país, en que hay presencia de otros actores guerrilleros y eventualmente otros actores armados irregulares? ¿Habrá un sistema eficaz y eficiente de verificación del cese el fuego y las hostilidades? ¿El sistema de verificación será de carácter nacional, internacional o mixto? ¿Cómo se resolverá el tema del mantenimiento de las fuerzas guerrilleras si se quiere que el cese el fuego y hostilidades sea serio y no que se viole por la ‘puerta de atrás’?

Y, por supuesto, estos aspectos operacionales deberán ser complementados con otras fórmulas jurídico-políticas, que igualmente no son sencillas de resolver: el ELN habla de amnistía para los presos políticos y el Gobierno de beneficios jurídicos para los miembros del ELN acusados del delito de rebelión. Ahí existe un campo importante de diferencias que las partes deben superar.

Ahora bien, todos estos desafíos requieren conversar, analizar, argumentar, discutir y llegar a acuerdos y, sin duda, habrá sobresaltos y tensiones en estas conversaciones, pero, como se ha visto hasta el momento, la decisión política de las partes de seguir avanzando es un ingrediente valiosos para ir encontrando fórmulas que superen las diferencias.

No hay duda. Si las partes empiezan a enfrentar las diferencias, eso significa que han avanzado de manera importante –aunque algunos quisieran simplistamente que las cosas ya estuvieran resueltas– y que las conversaciones se aproximan a su formalización en periódicas reuniones futuras, a través de acuerdos sucesivos que vayan dejando amarres importantes para la construcción del acuerdo final de paz.

Claro que en el papel las cosas podrían estar más avanzadas. Pero una cosa es siempre lo deseable y otra lo posible. A veces se argumenta que las realidades políticas exigen avances fundamentales, y es probable. El problema es que cada parte hace lecturas y valoraciones diferentes de esa realidad política. Por ello debemos decir que las cosas están razonablemente bien y que sin duda podrían estar en un mejor punto, pero igual hay que reconocer que los ritmos de los procesos de conversaciones no los dictan los analistas, sino la dinámica en que las partes se van viendo progresivamente involucradas. Sin desconocer que los ciudadanos de a pie tenemos el derecho y el deber de seguir presionando positivamente para que avancen a mayor velocidad.

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